Reglamentarán la actividad de las pensiones de los clubes deportivos

La Justicia investiga una red que captó a jóvenes de Independiente
La Justicia investiga una red que captó a jóvenes de Independiente
Los hospedajes de futbolistas adolescentes funcionan sin habilitaciones especiales ni control estatal; autoridades bonaerenses y porteñas conversaron con la AFA
Daniel Gallo
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7 de abril de 2018  

El drama vivido en la pensión de Independiente por varios casos de abusos sexuales sufridos por jóvenes futbolistas puso en el foco de la atención pública al hospedaje que dan los clubes a los adolescentes con condiciones -y sueños- de hacer una carrera deportiva profesional. Las autoridades bonaerenses y porteñas se alarmaron cuando se conoció la forma en que operaba la red de pedófilos que captó en Avellaneda a los menores. Pero al intentar intervenir los funcionarios se dieron cuenta que no tenían mucha capacidad de movimiento, ya que esas pensiones funcionan en "un limbo judicial".

No hay ley que habilite hoy acciones estatales para garantizar las condiciones de vida dentro de esos hogares colectivos . Apenas se cuenta con habilitaciones municipales, como una parte más de las instalaciones de un club, tal como confirmaron referentes de instituciones afiliadas a la AFA. No hay una verificación específica sobre las pensiones ya que no se requiere una habilitación al no tratarse de una actividad comercial, según explicaron en los organismos gubernamentales de control.

Por eso funcionarios porteños y bonaerenses conversaron durante los últimos días para avanzar en una reglamentación que permita una vigilancia estatal de lo que ocurre dentro de las pensiones del fútbol. Varios clubes del conurbano recibieron esta semana la visita de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense para observar cómo son esas pensiones deportivas en el conurbano.

Esos diálogos se extendieron a la AFA. El presidente de la entidad que rige al fútbol tuvo, por separado, reuniones con representantes de las secretarías de la Niñez bonaerense y porteña. "Ni la AFA controla lo que pasa en esas pensiones", comentó una fuente oficial. Tapia escuchó las observaciones oficiales y llevará el tema a la próxima reunión del Comité Ejecutivo. Más allá de las alternativas que se estudian en los despachos gubernamentales, Tapia quiere que los clubes generen su propio órgano de control. "Hay que lograr una reglamentación para las pensiones, que ermita reunir datos y manejar información para impedir que sucedan más abusos", dijo el presidente de la AFA.

Y agregó: "Ya mantuvimos reuniones con el secretario de Deportes Mac Allister y con otra gente del gobierno para trabajar en otro protocolo paralelo al de la AFA. Esto se soluciona con presencia y contención a los chicos".

En 2012 se presentó en la legislatura porteña un proyecto de ley para supervisar a las pensiones en las que se alojan los menores futbolistas. La iniciativa de la legisladora Laura García Tuñón no prosperó.

Aunque otra fue la situación en Santa Fe. En junio del año pasado los diputados santafesinos aprobaron un proyecto de ley sobre residencias deportivas. El Senado de Santa Fe no trató esa iniciativa, pero en estos días el tema cobró fuerza por el escándalo en Independiente. El diputado provincial Joaquín Blanco, autor de ese proyecto, se reunió con funcionarios provinciales, legisladores y dirigentes de Rosario Central, Newell's, Argentino de Rosario y Central Córdoba, cuyo representante en el encuentro fue Eduardo Buzzi, expresidente de la Federación Agraria Argentina.

Ese proyecto que tiene media sanción en Santa Fe cobra ahora importancia al ser tomado como base para las reglamentaciones que preparan las autoridades bonaerenses y porteñas. Uno de los puntos importante de esa norma establece que los aspirantes a futbolistas entre los 12 y 16 años deben vivir en lugares separados con relación a los adolescentes deportivas de 16 a 18 años. En el caso investigado en la pensión de Independiente, un jugador de 19 años -víctima de la red de abuso- habría sido el nexo con chicos de 14 años.

A cargo de esas residencias deportivas deberá estar un profesional universitario, especializado en temas de adolescencia y con varios años de experiencia laboral. Y los clubes deberán disponer, al menos, de un licenciado en Trabajo Social, un psicólogo y un nutricionista cada treinta chicos.

El drama vivido en la pensión de Independiente por varios casos de abusos sexuales sufridos por jóvenes futbolistas puso en el foco de la atención pública al hospedaje que dan los clubes a los adolescentes con condiciones -y sueños- de hacer una carrera deportiva profesional. Las autoridades bonaerenses y porteñas se alarmaron cuando se conoció la forma en que operaba la red de pedófilos que captó en Avellaneda a los menores. Pero al intentar intervenir los funcionarios se dieron cuenta de que no tenían mucha capacidad de movimiento, ya que esas pensiones funcionan en "un limbo judicial".

No hay ley que habilite hoy acciones estatales para garantizar las condiciones de vida dentro de esos hogares colectivos. Apenas se cuenta con habilitaciones municipales, como una parte más de las instalaciones de un club, tal como confirmaron referentes de instituciones afiliadas a la AFA. No hay una verificación específica sobre las pensiones ya que no se requiere una habilitación al no tratarse de una actividad comercial, según explicaron en los organismos gubernamentales de control.

Por eso funcionarios porteños y bonaerenses conversaron durante los últimos días para avanzar en una reglamentación que permita una vigilancia estatal de lo que ocurre dentro de las pensiones del fútbol. Varios clubes del conurbano recibieron esta semana la visita de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense para observar cómo son esas pensiones deportivas en el conurbano.

Esos diálogos se extendieron a la AFA. El presidente de la entidad que rige al fútbol tuvo, por separado, reuniones con representantes de las secretarías de la Niñez bonaerense y porteña. "Ni la AFA controla lo que pasa en esas pensiones", comentó una fuente oficial. Tapia escuchó las observaciones oficiales y llevará el tema a la próxima reunión del Comité Ejecutivo. Más allá de las alternativas que se estudian en los despachos gubernamentales, Tapia quiere que los clubes generen su propio órgano de control. "Hay que lograr una reglamentación para las pensiones, que permita reunir datos y manejar información para impedir que sucedan más abusos", dijo el presidente de la AFA.

Y agregó: "Ya mantuvimos reuniones con el secretario de Deportes Mac Allister y con otra gente del Gobierno para trabajar en otro protocolo paralelo al de la AFA".

En 2012 se presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para supervisar las pensiones en las que se alojan los menores futbolistas. La iniciativa de la legisladora Laura García Tuñón no prosperó.

Aunque otra fue la situación en Santa Fe. En junio del año pasado los diputados santafesinos aprobaron un proyecto de ley sobre residencias deportivas. El Senado de Santa Fe no trató esa iniciativa, pero en estos días el tema cobró fuerza por el escándalo en Independiente. El diputado provincial Joaquín Blanco, autor de ese proyecto, se reunió con funcionarios provinciales, legisladores y dirigentes de Rosario Central, Newell's, Argentino de Rosario y Central Córdoba, cuyo representante en el encuentro fue Eduardo Buzzi, expresidente de la Federación Agraria Argentina.

Ese proyecto que tiene media sanción en Santa Fe cobra ahora importancia al ser tomado como base para las reglamentaciones que preparan las autoridades bonaerenses y porteñas. Uno de los puntos importantes de esa norma establece que los aspirantes a futbolistas entre los 12 y 16 años deben vivir en lugares separados con relación a los adolescentes deportivos de 16 a 18 años. En el caso investigado en la pensión de Independiente, un jugador de 19 años -víctima de la red de abuso- habría sido el nexo con chicos de 14 años.

A cargo de esas residencias deportivas deberá estar un profesional universitario, especializado en temas de adolescencia y con varios años de experiencia laboral. Y los clubes deberán disponer, al menos, de un licenciado en Trabajo Social, un psicólogo y un nutricionista cada treinta chicos.

La intención en varios distritos es fijar finalmente pautas concretas a los clubes.

Uno de los testigos fue amenazado

  • "Mi hijo puede reconocer a los pedófilos en diez minutos, pero recibió amenazas y tuvo mucho miedo. Está asustado", dijo Verónica, la madre del futbolista de las inferiores de Independiente, el testigo clave que inició la investigación por los abusos en Independiente.
  • "Mi hijo me contó que habría reconocido al árbitro Martín Bustos y a otras cuatro personas. Todos lo sometieron sexualmente", expresó la madre del testigo de 19 años al canal TyC Sports.
  • "Me dijo que, en ese momento, era menor. Desde que este hecho se conoció, lo veo triste, me habla poco. Me dice que esto se le fue de las manos al club", expresó la mujer.

Con la colaboración de Alejandro Casar González

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