La Justicia Federal aceptó una cautelar de AGD contra el Instituto de Vitivinicultura

La Justicia ordenó al INV que no impida el ingreso de productos en Terminal 6
La Justicia ordenó al INV que no impida el ingreso de productos en Terminal 6
Gabriela Origlia
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9 de abril de 2018  • 13:39

CÓRDOBA.- La Cámara Federal de esta ciudad hizo lugar a una medida cautelar de Aceitera General Deheza (AGD) en contra de una disposición del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que obligaba al pago de una tasa por comercio de bioetanol. También le ordenó al ente que se abstenga de paralizar el ingreso y egreso de productos a las plantas de producción y almacenamiento de la empresa en Terminal 6 de Rosario.

Por mayoría, los jueces Graciela Montesi e Ignacio Vélez Funes, y con la disidencia de Eduardo Avalos, hicieron lugar a la cautelar por seis meses y ordenaron al Instituto que permita entrar y salir cargas de la Terminal 6 del Puerto de Rosario, propiedad de AGD, y "de cualquier otra planta" de la empresa.

AGD promovió la medida después de que el Instituto, el 23 de setiembre de 2016, la emplazara a presentar una declaración jurada sobre los litros de metanol facturado o importado "bajo apercibimiento de paralizar el ingreso y egreso de productos al establecimiento". En su resolución pide al ente que se "abstenga" de "cualquier otra medida que afecte el normal giro y desenvolvimiento comercial" de los establecimientos de AGD.

La empresa planteó que el hecho imponible gravado por la ley es la venta de metanol, al disponer la imposición de una tasa del 2% "sobre el precio facturado por cada litro de alcohol metílico", disposición que fue reglamentada por una resolución de 1997 aclarando que el precio facturado se calculaba "por cada litro de alcohol vendido" (art. 1); pero por otro lado, mediante otra resolución vigente a partir del 13 de agosto de 2014, se dispuso que se calcularía la tasa "sobre el precio facturado por cada litro de metanol" eliminando el vocablo "vendido".

Argumentó que después de esa resolución el Instituto comenzó a intentar aplicar la tasa a sujetos como AGD que "no tienen injerencia en la venta de dicha sustancia más allá de que tampoco es aplicable a los períodos anteriores a su entrada en vigencia, esto es, julio a diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013 y enero a agosto de 2014, que reclaman".

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