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Deuda y suba de tarifas, la ofensiva que prepara el PJ no kirchnerista

Laura Serra
Laura Serra LA NACION
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10 de abril de 2018  • 00:57

La reunión de legisladores peronistas en Gualeguaychú, el viernes pasado, significa algo más que una foto de ocasión. Es el embrión de una fuerza -aún amorfa y heterogénea- en el que confluirán las huestes de Sergio Massa, de Florencio Randazzo y los legisladores que responden a los gobernadores del PJ, coordinados por el senador Miguel Pichetto y los diputados Pablo Kosiner y Diego Bossio, del interbloque Argentina Federal. Suman, como piso, medio centenar de diputados de pura cepa peronista (sin contar eventuales simpatizantes, como los puntanos de San Luis, o los zamoristas de Santiago del Estero). Esta no es una buena noticia para el oficialismo, que hasta ahora supo lucrar de la división dentro del espacio no kirchnerista. No lo es por una cuestión matemática: si a este medio centenar de peronistas se sumara el núcleo duro kirchnerista (dispuesto a cualquier cosa con tal de poner en aprietos al presidente Macri), prosperaría en el Congreso cualquier medida opositora destinada a ejercer presión sobre el Gobierno.

A diferencia de los kirchneristas, el peronismo llamado "racional" o "moderado" no pretende poner en jaque a la gestión de Mauricio Macri. Pero por mandato electoral (y para diferenciarse del oficialismo) está dispuesto a usar su fuerza para ponerle límites. El Congreso será su escenario y la agenda inmediata -en la que trabajan sus principales lugartenientes- estará encabezada por dos temas urticantes para el Gobierno: suba de tarifas y deuda.

"Queremos que (el ministro de Finanzas, Luis) Caputo vuelva al Congreso. Quedaron varias cosas sin explicar, tanto de lo personal (la tenencia de propiedades offshore) como de su gestión", anticipó el massista Marco Lavagna. Kosiner, delegado del gobernador Juan Manuel Urtubey y jefe del Interbloque Argentina Federal, lo planteará en la próxima sesión. La última vez que lo hizo forzó la citación del ministro Caputo a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda, el miércoles pasado. Reunión que se levantó intempestivamente cuando la kirchnerista Gabriela Cerutti, a los gritos, agitó un papelito que le había escrito Caputo para, según ella, intentar amedrentarla. "Por el 'show del papelito' los peronistas de Argentina Federal nos quedamos sin preguntar", se quejó Kosiner.

Pero la cosa no se quedará en una nueva citación de Caputo. Bossio y Lavagna están trabajando en un proyecto en común para limitarle al Gobierno el ritmo actual de endeudamiento. "Nadie quiere que el Gobierno frene el endeudamiento, pero hay que ponerle una restricción. Después de todo, es la Constitución la que le confiere al Congreso la atribución de 'arreglar el pago de la deuda exterior e interior' del país", argumentan en el espacio peronista.

Según admitió el propio Caputo ante los legisladores, la deuda ya trepó a los 320.000 millones de dólares y crecerá, hasta 2021, a un ritmo de 20.000 millones de dólares anuales. "Para entonces, la deuda representaría el 60% del PBI, según las proyecciones del Gobierno. Pero supongamos que ocurra una suba más marcada del dólar (pensemos en un 14% más), este stock llegaría en 2021 al 67% del PBI, es decir 7 puntos más de lo previsto en el escenario inicial", advirtió Lavagna. El legislador massista presentó un proyecto para que los servicios de la deuda pública no superen el 15% de los recursos corrientes. "Es la misma limitación que la Nación le impuso a las provincias por la ley de Responsabilidad Fiscal", sostuvo.

El tema de la suba de tarifas es delicado: están vigentes para este año sendos aumentos en el gas (hasta un 40%), agua, transporte público y peajes, sin contar las subas en la nafta. El kirchnerismo pretende congelar el aumento y retrotraer los valores a enero de este año. El PJ no kirchnerista no pretende ir a ese extremo, pero sí reducir el impacto de los aumentos tarifarios en el bolsillo de la gente. "Hay que analizar qué inversiones hicieron las empresas y qué componente impositivo hay en las tarifas. No puede ser que, además del aumento, el Estado te cobre impuestos", advierten.

Los peronistas actúan a sabiendas del daño que este tema podría provocar en las filas de Cambiemos. Elisa Carrió, socia fundadora de la alianza gobernante, ya hizo saber que no está de acuerdo con la política de subas tarifarias del Gobierno. Más silencioso y discreto, el radicalismo comparte la misma preocupación de la líder de la Coalición Cívica. "Los aumentos le pegan directo al bolsillo de la clase media, de nuestros votantes. En la Casa Rosada buscan no dramatizar y dicen que la imagen del Gobierno sigue estable. Hay que ver, el impacto puede ser fuerte", susurran los radicales más escépticos.

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