Procesan a aduaneros por facilitar el tráfico de contrabando

Hacían falsos controles a autos de una red internacional
Leonardo Scannone
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10 de abril de 2018  

La jueza federal de Paso de los Libres Cristina Pozzer Penzo procesó a nueve agentes aduaneros acusados de pertenecer a una organización criminal que permitía la entrada y la salida del país de drogas y otras mercaderías por Corrientes. Según la investigación, sabían en qué autos debían hacer falsos controles, para evitar sospechas, y dejarlos pasar.

Además, salió a la luz que integraban la misma red de trata desmontada el año pasado tras una pesquisa que terminó con 18 detenidos, entre ellos, el exfiscal federal de Paso de los Libres Benito Pont, que les brindaba protección junto a agentes de la Gendarmería. Esa organización contaba con "whiskerías" y hoteles alojamiento a pocos kilómetros del paso fronterizo, donde chicas menores de edad eran obligadas a ejercer la prostitución.

Paso de los Libres es la segunda puerta de entrada de mercadería legal al país. Recibe entre 300 y 450 camiones de carga por día. El 78% cruza el puente de dos kilómetros que va a Uruguayana. Por allí pasan a diario 10.000 personas en tránsito. Es una de las fronteras más porosas del país, una zona caliente para el tráfico de personas, mercaderías y drogas. "Hay mucho contrabando de mercadería electrónica de alta gama, de chicas, de drogas... acá hay de todo", dijo a LA NACION una fuente de la fiscalía federal.

En esa ciudad de 43.000 habitantes el contrabando "hormiga" es normal. "Acá la tenés fácil, siempre hay trabajo, hay negocios por todos lados", dice un "pasero". Hay un centenar de ellos. Tres fueron procesados por Pozzer Penzo, por su relación directa con los aduaneros implicados.

Su base central es "el Castelo", una casa sucia y deteriorada con forma de castillo frente a la terminal de ómnibus. Desde allí despachan los pedidos a distintos puntos del país. Hace dos años, la Justicia mandó a la policía a incautar toda las mercaderías ilegales y los "paseros", con ayuda de vecinos, corrieron a los agentes a pedradas.

Según escuchas telefónicas, los funcionarios públicos tampoco inspeccionaban ciertos camiones previamente marcados. "En los depósitos privados de la ruta nacional 11 encontramos 42 millones de pesos de mercadería de contrabando", dice una calificada fuente calificada del juzgado.

En el puente domina la tensión entre la Gendarmería, la Aduana y Migraciones. "La única forma de que entre mercadería ilegal es con el aval de Aduana", dice en reserva un gendarme que tuvo autoridad en el puente y ayudó en la pesquisa. Los aduaneros, en cambio, dicen: "Son los gendarmes, ellos conocen a todos".

Y desde el juzgado dicen: "Sospechamos de todos los agentes públicos que trabajan en el puente. Son muchas fuerzas y es muy difícil investigar o actuar. Creemos que esto sigue hacia arriba y la investigación continúa".

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