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Discutirá el Senado un proyecto para regular las escuchas

Se tratará hoy en comisión a partir de la difusión de escuchas que se le hicieron a Cristina Kirchner
Se tratará hoy en comisión a partir de la difusión de escuchas que se le hicieron a Cristina Kirchner Crédito: Prensa Senado
Gustavo Ybarra
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11 de abril de 2018  • 11:13

Con la escandalosa difusión mediática de escuchas judiciales como telón de fondo, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado comenzará a discutir hoy un proyecto de ley que intenta regular el uso indebido de ése tipo de material.

La iniciativa confirma a la Corte Suprema de Justicia como único responsable de administrar los pedidos judiciales de cualquier tipo de intervención y obliga a todos los actores involucrados, desde el juez que la ordenó hasta los empleados de las empresas prestatarias de servicios que serán intervenidos, a guardar confidencialidad y el secreto sobre todo los materiales obtenidos.

Para quienes violen esa obligación, el proyecto establece hasta una pena máxima de cuatro años e inhabilitación para ejercer cargos por el doble del tiempo de la condena si se tratase de funcionarios públicos.

El proyecto fue redactado por el peronista salteño Rodolfo Urtubey y leva las firmas de sus compañeros del Bloque Justicialista Miguel Pichetto , que preside la bancada, Carlos Espínola (Corrientes) y Pedro Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia que debatirá el tema esta tarde.

El texto confirma a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema como "único organismo del Estado autorizado" para llevar adelante los pedidos de intervención judiciales de comunicaciones privadas. La iniciativa en el Congreso se agilizó a partir de la difusión de numerosas escuchas que tienen a Cristina Kirchner como protagonista.

En ese sentido, se exige al organismo realizar un protocolo que establezca la cadena de custodia de esos materiales, estándares cuyo cumplimiento deberán ser controlados por la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia del Congreso.

Si el pedido judicial no lo especifica, la iniciativa establece que la intervención tendrá un plazo de 30 días, tras lo cual caducará automáticamente. Sólo podrá prolongarse mediante una nueva orden judicial.

La cadena de custodia de los materiales obtenidos estará integrada por magistrados, funcionarios y empleados que tengan participación activa y responsabilidad sobre los elementos probatorios durante las diferentes etapas de gestión del requerimiento judicial.

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