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Una intervención partidaria con fundamentos desopilantes

La decisión de la jueza Servini de Cubría de intervenir el PJ y poner a su frente a Luis Barrionuevo abunda en más consideraciones políticas que jurídicas
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12 de abril de 2018  

En ninguna democracia puede constituir una buena noticia la intervención de un partido político por una decisión judicial. Es innegable que el justicialismo vive una crisis interna no menor, que no reconoce otro motivo más que la irresponsabilidad de muchos de sus dirigentes y el propio desinterés que quienes llegaron al gobierno en la última década han exhibido por el partido. Pero de allí a justificar la intervención del consejo nacional partidario parece existir un largo trecho.

La extrema decisión de la jueza federal electoral María Romilda Servini de Cubría de intervenir el órgano de conducción nacional del Partido Justicialista (PJ) y de designar como "interventor normalizador" al siempre controvertido sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo carece, como mínimo, de suficientes fundamentos que acrediten la necesidad de semejante medida.

Su sorpresivo fallo abunda en consideraciones de naturaleza política antes que en aspectos técnicos o jurídicos, y algunos de los fundamentos expuestos resultan lisa y llanamente desopilantes. Entre ellos, una cita al general Juan Domingo Perón por parte de la magistrada para justificar su determinación, en el sentido de que "el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha".

El fallo señala que "los adversos resultados electorales obtenidos en los dos últimos procesos electorales (en referencia a los comicios de 2015 y 2017) han profundizado la división interna que venía gestándose con antelación". Destaca que "la derrota en los comicios presidenciales, así como el fracaso en el acto electoral para elegir gobernador en el distrito más grande del país, han provocado una crisis en la conducción partidaria difícil de superar" y sostiene que "el grado de división alcanzado, con líneas internas partidarias que se ubican en las antípodas del pensamiento político, ha creado una situación crítica insostenible que, de permanecer en el tiempo, podría afectar la propia existencia del partido".

Los fundamentos de la medida de la jueza Servini terminan así: "Cuando la dirigencia política se aleja de las personas y transita por senderos separados a los que recorre la ciudadanía, el mandato otorgado por el pueblo se ve traicionado en su origen, al quebrantarse la misión fundamental de la acción política".

En función de esas consideraciones, la magistrada hizo lugar a una medida cautelar presentada por el sindicalista Carlos Acuña -actual triunviro de la conducción de la CGT- y otros dirigentes gremiales allegados a Barrionuevo, quienes habían solicitado que se declarara el "estado de acefalía" del consejo nacional del PJ, que se hallaba en manos del dirigente sanjuanino José Luis Gioja, quien apeló la decisión judicial ante la Cámara Nacional Electoral.

Entre los factores que dan cuenta de la crisis partidaria, puede citarse, como destaca la sentencia, el hecho de que reconocidos dirigentes que ocupaban cargos en la conducción justicialista parecieron abandonar la agrupación a su suerte para integrar otras estructuras partidarias que compitieron contra el propio Partido Justicialista. La referencia obligada es a Fernando Espinosa, el exintendente de La Matanza que pidió licencia como presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires para postularse para una banca de diputado por Unidad Ciudadana, el frente que encabezó Cristina Fernández de Kirchner para evitar la primaria abierta frente a Florencio Randazzo, o al exgobernador Daniel Scioli, quien ocupaba la vicepresidencia del consejo nacional partidario y también fue elegido diputado por Unidad Ciudadana.

Al margen de las traiciones y las divisiones que desde hace mucho tiempo caracterizan a un peronismo que siempre mostró vocación por el poder, pero rara vez por una democracia interna con frecuencia reemplazada por el dedo del líder de turno, cabe preguntarse sobre el sentido, la utilidad y la oportunidad de la determinación de la jueza electoral para intentar instalar en el seno del PJ una cultura política con la cual gran parte de su dirigencia no comulga.

La arbitraria designación de Barrionuevo como interventor provoca más dudas aún. Se trata del mismo dirigente que alguna vez ganó fama por haber sentenciado que había que dejar de robar por dos años y que en otra oportunidad estuvo asociado con la quema de urnas en su provincia natal, Catamarca,

Llama la atención, finalmente, que la jueza no haya escuchado, antes de tomar su decisión, otros argumentos, como los del fiscal electoral Jorge Di Lello, quien acertadamente puntualizó: "Creer que intervenir el PJ soluciona los problemas del peronismo es como creer que decretar la nulidad de la muerte de una persona la resucita".

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