El disparo de Carrió apunta al corazón de la política económica de Macri

Pablo Fernández Blanco
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16 de abril de 2018  • 13:26

En el primer año de gestión, cuando el Gobierno estaba flanqueado a la izquierda por los actores políticos que resistían el aumento de tarifas y amenazado desde la derecha por un grupo de economistas que reclamaban un ajuste más fuerte, el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui repetía casi de memoria el argumento que había convencido a Mauricio Macri al momento de timonear la política económica: no se puede hacer un ajuste de precios relativos (tarifazo) en el medio de un cambio de modelo (el pasaje del consumo a la inversión) con un recorte del gasto más drástico. Palabras más o menos, se refería a la fórmula del gradualismo.

Dos años después, el discurso que prendió en el núcleo duro del PRO aún no convence a sus socios políticos de la UCR y la propia Elisa Carrió , que esta semana pedirá de manera formal que se revise la estrategia con respecto a las tarifas. Es una reacción ante la molestia que generaron los últimos aumentos de luz y gas que se aplicaron en los primeros meses del año, sumados a los ajustes periódicos en los combustibles. Primera rareza: al igual que algunos empresarios, según lamentó el propio Macri semanas atrás, la UCR y la propia Carrió parecen tener su esquema de interpretación moldeado por la inspiración del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que manejaba de manera discrecional los ajustes en los surtidores. Hoy los precios son libres, pero los aumentos despiertan la nostalgia por la intervención.

Más allá de la discusión ideológica, los misiles de Carrió apuntan contra la base material del modelo de Macri. Sucede que una de las grandes debilidades de la economía doméstica -para los ortodoxos, la mayor- es el déficit fiscal. En términos llanos, esto implica que el Estado gasta más de lo que genera, algo que si se extiende en el tiempo conduce a los peores males: incremento de la deuda, ensanchamiento de los intereses y default. Los argentinos conocen esos sabores.

La afirmación anterior permite entender por qué el ministro de Energía, Juan José Aranguren , está entre los funcionarios dilectos de Macri pese a sus tropiezos discursivos, como el reconocimiento de que aún no quiere traer su dinero al país. Nadie en el Gabinete le hizo ahorrar a las cuentas públicas tanto dinero como el ex presidente de Shell mediante la aplicación periódica de un calendario de aumentos en la luz y el gas -dos veces por año cada servicio- que comenzó a quedar firme a fines de 2016, se extenderá hasta 2019 y se prolongará hasta 2021 en algunas zonas.

En un contexto en que a la Casa Rosada se le hace difícil bajar el gasto, el año pasado la cartera de Aranguren gastó $79.866 millones menos que en 2016. Se trata de una baja del 38,8% con respecto a ese período, y la enorme mayoría proviene de la quimérica tarea de lograr que los consumidores de servicios públicos paguen más por las prestaciones y el Estado se retire paulatinamente de esa factura.

De las 27 dependencias en que está distribuida la Administración Pública, incluidos los ministerios, la Presidencia, la Justicia y el Congreso, nadie tiene ni por asomo los resultados de Aranguren. Por si persisten las dudas a pesar de los millones: la simpatía de Macri por Aranguren encuentra explicaciones también en los números.

La avanzada de Carrió contempla algunas ironías. Apunta justamente contra la política de Aranguren, quien antes de formar parte de Cambiemos era seguidor de la líder de la Coalición Cívica y se jactaba de haber formado parte del electorado que aportó al 3% de los votos que la dirigente sacó en las elecciones presidenciales de 2011.

Otra rareza: llega al final del ciclo de aumentos grandes, que ocurrieron en 2016 y 2017 (desde fines de este año las subas estarán pautadas por la marcha de la inflación). Por eso Macri dice que lo peor ya pasó, aunque sus socios no le crean.

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