Se multiplican en el interior las protestas por los aumentos

En algunas provincias los incrementos se frenaron por medidas judiciales; hay gran disparidad en las subas entre los diferentes puntos del país
En algunas provincias los incrementos se frenaron por medidas judiciales; hay gran disparidad en las subas entre los diferentes puntos del país Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk
Gabriela Origlia
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18 de abril de 2018  

CÓRDOBA.- Con intervenciones judiciales, protestas de consumidores e intervenciones políticas, los conflictos por los aumentos de tarifas se extendieron en el interior del país:

  • En Santa Fe, la jueza provincial Graciela Gustscher ordenó ayer frenar el pago de boletas de electricidad a los comerciantes de San Cristóbal hasta que se revise el cálculo y se explique por qué la suba registrada es del 75%. Fue la respuesta a un amparo presentado por el Centro Comercial.
  • En Santa Cruz, un juez provincial pidió investigar a los funcionarios que decidieron aplicar aumentos de hasta un mil por ciento en las tarifas de servicios públicos pese a existir una medida cautelar que frenaba los tarifazos de la gobernadora Alicia Kirchner. Ahora, el juez que concedió el amparo pidió a la Justicia Penal que investigue a los funcionarios por presunto delito de desobediencia y ordenó una nueva audiencia pública para que expliquen el cuadro tarifario.
  • En Mendoza, diez legisladores provinciales del PJ propusieron declarar la emergencia tarifaria y retrotraer los aumentos a noviembre de 2017. Argumentaron que en dos años el agua subió 117%; el transporte público, 314%, y la luz, 600%.
  • En Entre Ríos -donde la energía subió en diciembre entre 14% y 17%, según el usuario, y en febrero otro 14%- se vienen realizando cortes y ollas populares en localidades como Paraná, Concordia, Santa Elena, La Paz, Chajarí y Federación, donde hay familias que recibieron facturas de hasta $15.000. La Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos presentó un amparo.
  • El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, debió retrotraer el aumento de la luz después de varias protestas de los consumidores; ordenó a la prestadora Electricidad de Misiones que no suba el valor agregado de distribución (VAD), el componente provincial de la tarifa. La medida implica una baja de entre 15% y 20% en la boleta. Además, reincorporó a la tarifa social a unos 19.000 usuarios.
  • En Formosa hubo, hace unas semanas, una protesta de vecinos frente a la empresa Recursos y Energía Formosa por los montos de las facturas recibidas; el gobierno provincial responsabilizó a la Nación.
  • La tarifa eléctrica tucumana subió entre 10% y 15% en febrero, cifra que se sumó al incremento de 15% a 20% de diciembre; ahora se espera otra alza del 15%. La Defensoría del Pueblo presentó en febrero un amparo para dejar sin efecto las subas.
  • En la localidad tabacalera jujeña de Monterrico los vecinos se movilizaron porque aseguran que reciben facturas con hasta 90% de incremento; la empresa provincial aplicó el 7% en febrero, por lo que no se explica la brecha.
  • En Chaco el servicio eléctrico aumentó en enero 20%, en promedio, para residencias y pequeños comerciantes y 12% en febrero; las facturas llegan con vencimiento en julio por un amparo de un centro de jubilados que el año pasado frenó la aplicación de alzas.
  • En La Rioja los productores de economías regionales sostienen que con las nuevas tarifas no pueden trabajar; en diciembre, el alza para el consumidor fue de 23%, en promedio, y 15% en febrero. El gobierno provincial -que desde el año pasado subsidia la tarifa- este año destinará $300 millones, cifra que no alcanza para cubrir el incremento.
  • Los pampeanos pagarán este mes una suba del 40%; las cámaras comerciales insisten en que reducen sus márgenes de rentabilidad porque no pueden trasladar los aumentos a precios. Una situación similar plantearon los productores del Alto Valle a los ministros nacionales de Producción y Agroindustria.
  • En Córdoba se aplicó en febrero la cuarta suba mensual (7,3%); desde octubre, los incrementos superan el 50%. Existe un conflicto entre la gobernación y el gremio de Luz y Fuerza por cambios que buscan mejorar la eficiencia de la empresa eléctrica.

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