La AFIP pidió que Ricardo Echegaray y Cristóbal López vayan a juicio oral por defraudación

El organismo recaudador presentó un escrito ante el juez Ercolini
El organismo recaudador presentó un escrito ante el juez Ercolini Fuente: Archivo
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19 de abril de 2018  • 12:23

La AFIP pidió hoy enviar a juicio oral y público a Ricardo Echegaray y a los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por defraudación al Estado por no haber pagado 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles en la petrolera Oil Combustibles.

En un escrito que presentó ante el juez federal Julián Ercolini, el organismo recaudador, querellante en la causa, pidió que se los juzgue por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", según consignó la agencia Télam.

"Se trató de un plan sistemático urdido desde la propia AFIP en los más altos niveles de conducción", indicó el organismo, que considera que Echegaray fue autor del delito y los empresarios partícipes necesarios.

Agrega que durante la gestión Echegaray en la AFIP hubo una "planificación destinada a que los imputados pudieran desarrollar la maniobra sin ser molestados".

"Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa, a través de la sociedad Oil Combustibles SA, utilizaron indebidamente y en su propio beneficio el dinero no ingresado para capitalizar otras sociedades del grupo económico referido, a través de diversos mutuos", advirtió la AFIP en el escrito.

Ercolini recibió hoy el escrito y espera que la semana próxima se produzca el pronunciamiento del fiscal del caso, Gerardo Pollicita.

López y De Sousa fueron excarcelados por la Cámara Federal porteña, en una decisión que ahora revisará la Cámara Federal de Casación ante el pedido del fiscal de apelación, Germán Moldes, para que vuelvan a prisión.

Un millón de pesos para evitar ir preso

En tanto, el extitular de la AFIP durante el kirchnerismo pagó la caución real de un millón de pesos y presentó el comprobante ante la Justicia para evitar ir preso en otra causa, en la que fue procesado por el presunto delito de "contrabando agravado" a raíz del otorgamiento de una franquicia diplomática para importar un vehículo de alta gama a una persona que no reunía los requisitos para poder hacerlo.

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