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Hipermercados: una crisis con sello argentino

El principal problema de las cadenas, como Carrefour, ha sido la competencia desleal de comercios que compran en negro, evaden y venden sin factura
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28 de abril de 2018  

Cuando se menciona el "costo argentino", suele hacerse referencia a las economías regionales, expuestas a los rigores del mercado internacional con sus peras y manzanas, el vino y la miel, la yerba y el maní. Se trata de productos que llevan en su mochila la manifestación fiscal del gasto público, la insaciable avidez de intendentes y gobernadores, los escamoteos sindicales, las gravosas obras sociales y otras gabelas extravagantes impuestas o bendecidas por el Estado.

Existen otras actividades ajenas a las aduanas que sufren el peso del costo argentino cuando compiten con la informalidad dentro de nuestras fronteras. La Argentina es pródiga en "zonitas francas" que operan sin pagar impuestos ni declarar su personal. El comercio es uno de los principales afectados por estas offshore de tierra adentro, por su ubicuidad, mínimas inversiones y un público muchas veces complaciente. Desde "manteros" hasta "saladas" y "saladitas", locales en la penumbra y galpones sin identificación.

Hace unas semanas, la cadena de supermercados Carrefour abrió un proceso preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo. La firma francesa llegó a la Argentina en 1982 y tiene en el país 19.000 empleados, en más de 400 locales. La caída de ventas en todo el sector durante los últimos años la afectó gravemente pues opera con altos costos fijos y bajos márgenes. Luego de arduas negociaciones, el Ministerio de Trabajo aceptó reducir cargas sociales y se evitaron despidos, pero salieron a la luz las dificultades de sobrellevar el costo argentino.

No es un tema menor, porque las cinco principales cadenas (Carrefour, Cencosud -con sus marcas Jumbo, Disco y Vea-, WalMart, Coto y La Anónima) emplean a más de 100.000 personas.

En todo el mundo, los hipermercados están en declive por múltiples causas.

En sus comienzos, WalMart y Carrefour lanzaron mundialmente sus hipermercados de grandes superficies, facilitando las compras de familias tradicionales. Ahora los jóvenes viven solos, con sus padres o en pareja, dilatan sus matrimonios, tienen pocos hijos y compran menos cosas, por Internet o en comercios de proximidad, privilegiando el precio y su comodidad. En Estados Unidos, Amazon ya cubre todas las necesidades del hogar a través de su sitio web, desde electrodomésticos hasta productos frescos con entrega gratuita, con la ayuda de Alexa, su asistente de voz. El gigante WalMart, en una estrategia de supervivencia, se ha aliado a Google, desarrollando el Google Assistant, para competir con Alexa.

Durante el kirchnerismo, con la inflación rampante, se eligió como principal culpable del aumento de precios a los supermercados, que fueron objeto de viles agresiones, controles y clausuras. En la actualidad, superada la época de las persecuciones y con una dramática caída de ventas, los problemas son otros.

Desde 2015 ha tenido lugar una fuerte alteración de precios relativos, con ajuste de tarifas y reducción de subsidios. Antes de ese año, las familias no ahorraban y consumían rápidamente el sueldo devorado por la inflación y engordado por el bajo costo de la electricidad y el gas. Ahora, los consumidores son más cuidadosos, se informan de las promociones desde sus diarios y sus celulares y eligen en función de los precios. También prefieren comprar bienes durables, como celulares, laptops, automóviles y motocicletas antes que primeras marcas de alimentos y bebidas. E incluso optan por adquirir viviendas con crédito, aunque implique mayor esfuerzo hacia adelante. Lo positivo es que, a pesar de las dificultades coyunturales, hay proyectos de futuro y pulsión de vida.

En ese contexto, han prosperado los supermercados mayoristas, que ofrecen a sus clientes individuales (o grupales) productos de marcas propias o segundas marcas a precios más accesibles que los hipermercados, por operar con costos más bajos, en localizaciones suburbanas (menores alquileres, menos personal, menor consumo eléctrico, menor rotación).

Pero el principal problema de las cadenas, como Carrefour, ha sido la competencia de comercios evasores, muchos de los cuales compran mercadería "en negro", no tienen personal registrado y venden sin factura. Son las offshore de cabotaje que operan a la vuelta de la esquina, pero con acceso en colectivo. Es cierto que, en muchos casos, son familias modelo de esfuerzo y trabajo, pero eso no las legaliza: quien saca el hombro al país, fuerza a otros a ponerlo.

Adviértase que el llamado "canal tradicional" (autoservicios, almacenes, fiambrerías y tiendas) está compuesto por alrededor de 125.000 comercios, estimándose que el 30% de sus ventas son sin ticket.

La dimensión de la presión tributaria, la magnitud de las cargas sociales y los aportes adicionales homologados por el Ministerio de Trabajo constituyen un incentivo irresistible para la evasión fiscal. Los comercios deben tributar tasas exorbitantes de ingresos brutos, el impuesto al cheque y al valor agregado. Entre aportes y contribuciones a la seguridad social, obras sociales y ART, el costo laboral es el mayor de toda América Latina. A pesar de ello, debe aportarse un 3,5% a la Compañía de Seguros La Estrella para un retiro complementario. Y el incomprensible 0,5% al Instituto de Capacitación para el Comercio (Inacap). Para no incluir también el costo logístico (sindicato de Camioneros) y la industria del juicio, montada sobre un sistema judicial parcial, que desnaturaliza el derecho laboral y desalienta a los grandes empleadores.

Como ejemplo, si un hipermercado y un evasor adquieren mercadería al mismo precio, el segundo podrá venderla un 30% más barata, sin necesidad de invertir dinero en promociones, ni publicidad, pues en Argentina la ideología "garantista" también permea el ámbito comercial: si quien evade es un negocio pequeño, no sufrirá clausura, sino una actitud compasiva para reeducar y no sancionar. Entretanto, circulan miles en efectivo por las cajas registradoras y por los bolsillos de algunos inspectores.

Lamentablemente, provincias y municipios solo piensan en aumentar la presión fiscal para no reducir sus gastos excesivos y su clientelismo crónico. Emplean a tres millones de argentinos, triplicando la cantidad que trabaja a nivel nacional. El Gobierno acordó con las provincias la reducción gradual del impuesto a los ingresos brutos, principal tributo en casi todas las provincias. En ese acuerdo, se puso un techo del 5% a las alícuotas para comercio y servicios, que estaba muy por encima de las vigentes. Con una picardía rayana en la deshonestidad, muchas provincias vieron el resquicio legal y en lugar de reducir el impuesto, lo aumentaron hasta ese techo. Salta pasó del 3,6% al 5%; Misiones del 3,5% al 4,5%; Tucumán del 3,5% al 5%; Río Negro del 3% al 5% y Tierra del Fuego del 3% al 3,5%. Neuquén realizó un incremento escandaloso, al 6,5%.

Los municipios también desvalijan al comercio con tasas que son impuestos, como seguridad e higiene. En muchas jurisdicciones se aplica como porcentaje de la facturación de las empresas, en lugar de suma fija, vinculada al costo de la prestación. A ella se suman tasas de registro y contralor, de abasto y de publicidad y propaganda. Además de tasas sobre las tarifas de energía, sumando llovido al mojado.

Por más vueltas que le demos, el costo argentino es la causa última de la evasión y de las dificultades de quienes deben competir cumpliendo con las leyes. Lo saben bien los industriales cuando combaten el contrabando, se quejan por el dumping, reclaman por el atraso cambiario y aborrecen los tours de compras a Chile. Buena parte de los argentinos aplaude el gradualismo, los planes sociales, las obras sociales sindicales, la inflexibilidad laboral, los jubilados sin aportes y la preservación del empleo público, pero nadie quiere pagarlos a través de precios más caros. Cuando existe la oportunidad, compran "en negro", "bagayean" del exterior o usan el resquicio que fuere para pagar menos.

Entretanto, los hipermercados, que eran campeones del empleo, ahora buscan reproducir el formato de sus competidores, adoptando modelos de negocios que impliquen menos personal, menos cargas sociales, menos juicios laborales y menos problemas sindicales. Como si dar trabajo fuese la "mancha venenosa" de los negocios en Argentina: líneas de cajas sin cajeros, 0800 que no atienden, banca virtual, voces grabadas, robotización creciente y expansión del e-commerce. Fenómeno simétrico a las toneladas de expedientes que atosigan los tribunales de aquel fuero.

Finalmente, el hilo se corta por lo más delgado: el empleo. Pues el resto de los costos son exigidos por el Estado o defendidos por los sindicatos. Si bien la reestructuración de Carrefour (y de otras grandes cadenas) podría explicarse en función de las tendencias mundiales, es absurdo que, en un país con un millón y medio de desocupados, cuatro millones de empleados "en negro" y más de diez millones de pobres, se fuerce a reducir empleos como si se tratase de Estados Unidos o Alemania.

Quizás sea cierto que los responsables de Carrefour en Argentina tardaron en darse cuenta de la inviabilidad de un esquema comercial con numeroso personal y cumplimiento estricto de las normas fiscales. La rentabilidad por metro cuadrado es una vara inflexible en esta actividad y al momento de evaluar la gestión gerencial, hay explicaciones que no son excusa. Pero es lamentable que el costo argentino y su correlato, la evasión generalizada, obliguen a reformular la estructura de grandes empresas para adecuarse a reglas de juego que contrarían los objetivos más alardeados por todos los políticos y dirigentes sociales: la inclusión de los marginados mediante la capacitación y el empleo regular.

Sin duda, se trata de otra crisis con sello argentino, para engrosar el manual de nuestros desatinos.

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