El recambio de la Justicia Federal: un objetivo del macrismo facilitado por el desprestigio de los tribunales

Desde que Macri llegó al Gobierno renovó la Corte, la Casación, la Cámara Federal y los juzgados federales; las salidas de Farah y Ballestero cristalizaron el proceso Fuente: Archivo
29 de abril de 2018  

Con el simple ejercicio de superponer la foto general de la Justicia Federal en diciembre de 2015, cuando Cristina Kirchner dejó el Gobierno, con la imagen actual de esos tribunales, aparece dibujada con nitidez la nueva Justicia que delineó el gobierno de Mauricio Macri.

Bastó con que por jubilación, presiones, renuncias y licencias dejaran sus cargos una decena de funcionarios judiciales para que la Casa Rosada cubriera esas vacantes. Lo hizo con candidatos que salieron de concursos y llegaron a sus nuevos sillones con el apoyo del oficialismo en el Consejo de la Magistratura y con el aval de la mesa chica judicial de Cambiemos. Pero también ocupó vacantes con traslados horizontales en tribunales clave que generaron polémica.

Todas las administraciones se tentaron con hacer una Justicia a su imagen, aunque por razones diversas y con métodos distintos. Raúl Alfonsín porque los jueces venían de la dictadura; Carlos Menem porque eligió los suyos ascendiendo a los molestos y duplicando los cargos; Néstor Kirchner echó a los jueces de la Corte por televisión, y Cristina Kirchner los controló a fuerza de carpetazos.

Cambiemos inició su camino de purificación judicial a partir de una fuerte demanda social de dotar de mayor transparencia a la Justicia, que descendió al último puesto en todas las encuestas que miden imagen institucional. El oficialismo eligió el camino corto para acercar a los suyos: dejó de lado la posibilidad de poner en marcha de inmediato en Comodoro Py 2002 un código acusatorio que dejara el poder en manos de los fiscales y prefirió seguir apostando por jueces en los que pudiera confiar.

Un repaso de lo que ocurrió en dos años y cuatro meses en la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Casación Penal Federal, la Cámara Federal y los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py dan una idea cabal de la forma que tiene la Justicia que moldeó la gestión de Cambiemos.

Apenas Macri asumió, quiso dar el golpe con la designación de dos jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Horacio Rossati. La audacia de la idea de su asesor jurídico bogado preferido, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, encontró un freno en el Senado. Finalmente cuando se cumplieron los plazos juraron los dos jueces con acuerdo de la Cámara alta. Rosenkratz, que proviene del mundo de las empresas, y Rosatti, con raigambre peronista, le dieron otro perfil a la Corte.

Fue el primer cambio de fondo para completar la Corte que había quedado despoblada con la salida de Eugenio Zaffaroni y la renuncia de Carlos Fayt. Ricardo Lorenzetti, que ostentaba hasta entonces una hegemonía absoluta en el cuerpo, empezó a tener quién le haga sombra.

Quedó inaugurada así una Corte con un nuevo perfil donde cambiaron las mayorías. Elena Higton de Nolasco, que de los jueces que habían quedado era la más cercana al kirchnerismo, fue salvada a último momento por el macrismo y le evitaron que tuviera que dejar el cuerpo por alcanzar los 75 años.

Este cambio tuvo su correlato en al Procuración General de la Nación, pero con otros tiempos. Desde la asunción de Macri el Gobierno presionó a Alejandra Gils Carbó para que renunciara. Se mantuvo dos años hasta que en octubre pasado, con un procesamiento encima, no resistió más y se fue. Macri eligió a una jueza ajena a Comodoro Py, Inés Mónica Weinberg de Roca, como su reemplazante, aunque aún debe pasar por el filtro del Senado.

Con la designación de Eduardo Casal como procurador interino hubo cambios entre los fiscales de primera instancia trasladados por su antecesora: Juan Pedro Zoni y Carlos Gonella fueron los primeros que salieron eyectados de sus cargos.

En la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, también hubo modificaciones determinantes y una renuncia clave que cambió las mayorías. Tras la decisión de la Corte de establecer el criterio de que los jueces podían permanecer en su cargo hasta los 75 años y tras hablarlo con el Gobierno, que le sugirió la conveniencia de dar un paso al costado, Pedro David dejó su cargo a los 87 años.

La manera en que se cubriría esa vacante generó controversias entre los jueces de la Casación, pero el Gobierno ya tenía un plan y lo puso en marcha. Carlos Mahiques, juez de la Cámara Nacional de Casación y antes ministro de María Eugenia Vidal pidió al Consejo de la Magistratura que lo trasladara de manera definitiva a la Casación Federal. Hubo pulseadas, algunos de los jueces no lo querían recibir, pero finalmente Mahiques lo logró y el Gobierno vio cómo alguien cercano llegaba al tribunal, clave para decidir sobre los casos de corrupción del pasado y los que están en estudio en ese tribunal.

La oposición se cansó de recordar que Carlos Mahiques es el padre de Juan Mahiques, representante del Ejecutivo en Consejo de la Magistratura y de Ignacio Mahiques, fiscal que trabaja en las causas contra Cristina Kirchner. La llegada de Mahiques a la Casación modificó los equilibrios en el cuerpo.

Y las cuatro vacantes que quedan en este tribunal serán cubiertas por concurso: el Gobierno ya mandó al Senado los pliegos de Diego Barroetaveña y de Daniel Petrone, dos judiciales de la Asociación de Magistrados. Y completará las otras dos vacantes cuando casi seguro se decidan las candidaturas de Guillermo Jacobucci y Javier Carbajo. Así, de un tribunal de doce sillas, cinco serán ocupadas por iniciativa de Cambiemos.

Pero el terremoto de fondo en la era Macri se produjo en la Cámara Federal porteña. La liberación de Cristóbal López y Fabián de Sousa, cuya detención se volvió a ordenar anteayer, fue lo que detonó la Cámara Federal y la hizo volar por los aires, al punto de que la dejó casi sin jueces. Se trata de un tribunal estratégico porque tiene la llave para que suban a juicio oral los casos de corrupción, al quedar firmes los procesamientos; o tiene el poder de revocarlos y dejar los casos agónicos a punto de morir.

En estos dos años y cuatro meses de macrismo renunció el juez más prestigioso del cuerpo, Horacio Cattani, y dejó una vacante. Eduado Farah, que había llegado con el kirchnerismo desde Mar del Plata y el apoyo de Javier Fernández y Jaime Stiuso, dejó una de las dos vocalías donde subrogaba. Fue trasladado de manera interina el juez Leopoldo Bruglia, de un tribunal oral federal a la Cámara Federal. Finalmente logró que su traslado se convirtiera en definitivo. Fue otro traspaso con elección discrecional. La salida más intensa fue la de Eduardo Freiler. El oficialismo lo denunció por sus bienes después de que se revelara la mansión que tenía, y le realizó un juicio político que terminó con su destitución. Las otras dos vacantes las detonó la libertad de Cristóbal López.

Jorge Ballestero y Eduardo Farah firmaron su excarcelación y le cambiaron la calificación por una más benigna. Macri explotó con el fallo. Cambiemos denunció a los jueces en el Consejo de la Magistratura y un mes después Ballestero se fue con una licencia médica prolongada que se convertirá en alejamiento definitivo y Farah pidió un traslado a otro tribunal, que le fue concedido.

Así las cosas, la Cámara Federal quedó con dos jueces: Martín Irurzun, su presidente, y Bruglia. En mayo llegará Mariano Llorens, elegido por concurso con el apoyo del Gobierno y sin objeciones de Daniel Angelici. El Gobierno impulsa que interinamente otra vacante sea cubierta por el juez Pablo Bertuzzi, que ahora mismo está juzgando a Amado Boudou y a Julio De Vido.

El mapa cambió entre los 12 jueces federales de primera instancia. Presionado por los operadores del Gobierno en tribunales, se fue Norberto Oyarbide. Optó por la jubilación y evitó el juicio político. Su vacante será cubierta por un candidato cercano al Gobierno.

En el resto de los juzgados federales no hubo cambios de nombre pero sí de posicionamientos. Daniel Rafecas hace dos años estaba al borde del juicio político, y hoy lo evitó y se llevó solo una leve sanción de multa. Ariel Lijo era el hombre fuerte de Comodoro Py con llegada directa a Lorezentti. Bajo su inspiración se armó la Junta de Jueces Federales, que soñaban con ser Sergio Moro. Pero a fin del año pasado Lijo quedó golpeado con denuncias sobre su patrimonio y bajó el perfil. Claudio Bonadio se fortaleció al igual que Julián Ercolini con sus avances contra el kirchnerismo. Rodolfo Canicoba Corral, que estaba presionado para irse, ganó tiempo con la detención de Omar "Caballo" Suárez y el sobreseimiento de Gustavo Arribas. Igual en el Gobierno apuestan a que se va este año.

Luis Rodríguez, que llegó con el apoyo del stiusismo, se recicló y a regañadientes avanzó en las causas contra De Vido. Y María Servini perdió a su hijo como administrador del Consejo de la Magistratura y se peleó con Lorenzetti.

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