Piden a las provincias apoyo en la lucha contra el narcomenudeo

El Ministerio de Seguridad espera que los distritos adhieran a la modificación de la ley del combate contra el tráfico de drogas para contar con más tribunales en las causas por venta callejera
El Ministerio de Seguridad espera que los distritos adhieran a la modificación de la ley del combate contra el tráfico de drogas para contar con más tribunales en las causas por venta callejera Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas
Daniel Gallo
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29 de abril de 2018  

Uno de los cambios propuestos por el Gobierno en la lucha contra el narcotráfico fue solidificar el control en las fronteras. A partir de cifras que señalan un récord de decomisos -y con un elogio emitido por los Estados Unidos en su informe anual sobre la situación mundial del comercio ilegal de drogas- las autoridades estiman que el cumplimiento de ese objetivo se encuentra bien encaminado y preparan una segunda etapa enfocada en la pelea contra el narcomenudeo. Por eso se pidió a los distritos la adhesión a la ley que permite provincializar las causas menores de comercialización de estupefacientes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, propuso esa alternativa a los ministros provinciales durante la última reunión del Consejo de Seguridad Interior.

Esa ley 26.052 modifica parcialmente la norma antidrogas para habilitar las investigaciones provinciales para facilitar la persecución penal de vendedores minoristas. Fue promulgada en agosto de 2005 y hasta el momento solo Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán y Entre Ríos aceptaron compartir con los tribunales federales la responsabilidad de evitar la venta callejera de estupefacientes.

Provincializar parte de la lucha contra el narcotráfico fue aprobada en el Congreso a pedido del entonces gobernador bonaerense Felipe Solá, por lo que durante varios años fue Buenos Aires el único distrito que se ocupaba de casos de drogas fuera de la órbita federal.

El problema que encuentran las autoridades en la actual aplicación de la ley antidrogas es que los tribunales federales quedan desbordados por la atención de múltiples causas que tienen tanto que ver con el seguimiento de bandas que mueven toneladas de cocaína como de casos de tenencia simple. Por ejemplo, la Policía de la Ciudad allanó ayer un búnker de venta de drogas al menudeo en Villa Crespo (de lo que se informa por separado) y ese expediente tiene que ser seguido por el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, magistrado que tiene la vez diversas causas de alto impacto público y político. El juez federal Sergio Torres, por caso, tiene el expediente de las bandas de narcos que operan en la villa 1-11-14 y sus causas conexas al mismo tiempo que debe llevar adelante otras investigaciones complejas.

La intención del Ministerio de Seguridad es sumar a la lucha a los tribunales provinciales, especialmente a sus fiscales, para consolidar finalmente un esquema que permita a los jueces federales atender los expedientes que traten sobre redes de tráfico que atraviesan en varias provincias, mientras que los tribunales locales aporten su personal para dar rápida respuesta al problema del narcomenudeo, que es el que más afecta a los vecinos.

Esa posición se apoya en los trabajos estadísticos de las fuerzas de seguridad, de la Sedronar y de universidades privadas que coinciden en señalar un alto incremento en los últimos años del mercado local de drogas.

Es esa situación la que genera las disputas entre bandas por el control de los puestos minoristas de expendio de marihuana y cocaína. La violencia vinculada con el narcotráfico tiene que ver en la Argentina con la comercialización minorista de drogas.

Según quienes estuvieron en esa reunión del Consejo de Seguridad Interior, algunos ministros provinciales mostraron dudas sobre el resultado de introducir a las policías provinciales en la lucha contra las drogas. El Ministerio de Seguridad propuso capacitar a unidades provinciales para que tengan herramientas efectivas para el atacar el mercado de drogas en sus territorios. Una de las ideas iniciales es adiestrar a pequeños grupos de policías provinciales para generar una fuerza especial en ese tema.

Tribunales locales

De todas maneras, la iniciativa de Bullrich apunta más a contar con un mayor número de fiscales y jueces en las causas antidrogas que en sumar dotación de policías. Expuso en la reunión con los ministros que a partir de una adhesión completa a la ley 26.052 los tribunales provinciales podrían contar con las fuerzas de seguridad federales para llevar a cabo los procedimientos contra el narcomenudeo.

En ese caso se piensa especialmente en la utilización de la Policía Federal Argentina, cuyo proceso de reforma busca transformarla fundamentalmente en una fuerza de investigación con despliegue en todo el país.

Un ejemplo del plan proyectado pudo visualizarse en los últimos días en Rosario, aunque Santa Fe no sea adherente a la ley de desfederalizar la lucha contra las drogas. En el golpe dado el jueves pasado contra los cabecillas del clan Funes participaron agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero 11 de los 40 allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Penal de Primera Instancia de Distrito N° 2 de Rosario, mientras que los restantes sí fueron notificados por dos juzgados federales establecidos en Rosario.

Una propuesta a los ministros

  • La propuesta de adhesión a la reforma de la lucha contra las drogas fue presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a los ministros provinciales durante la última reunión del Consejo de Seguridad Interior.
  • Capacitarán a unidades antidrogas de las policías provinciales.

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