El peronismo federal evalúa eliminar la baja del IVA del dictamen opositor

Sería un gesto hacia los gobernadores, ya que se trata de un impuesto que la Nación coparticipa
Sería un gesto hacia los gobernadores, ya que se trata de un impuesto que la Nación coparticipa Fuente: Archivo - Crédito: Emiliano Lasalvia
Laura Serra
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4 de mayo de 2018  

El peronismo no kirchnerista de la Cámara de Diputados evalúa suprimir un artículo clave de su proyecto sobre tarifas de servicios públicos : el que propone disminuir la carga del IVA del 21 al 10,5% para los usuarios residenciales. Esta modificación, de concretarse, significaría un gesto hacia los gobernadores del PJ que habían planteado dudas sobre este punto de la iniciativa.

Según advirtió el oficialismo, la reducción del IVA en las tarifas implicará un costo fiscal, este año, de casi 50.000 millones de pesos. Por tratarse de un impuesto coparticipable, las provincias dejarían de recibir unos 25.000 millones de pesos, alertaron. Conscientes de este riesgo, algunos gobernadores del PJ -entre ellos, Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Urtubey (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones)- marcaron distancia del proyecto que impulsan sus propios representantes en la Cámara de Diputados.

"Las provincias no debemos invadir en una competencia que no nos pertenece -enfatizó Passalacqua-. Nosotros como espacio opositor a la Nación no avalamos la sanción de alguna ley que signifique un perjuicio a la ley de presupuesto que ya fue sancionado oportunamente, ni un retroceso en materia de recursos fiscales para las provincias, como lo es la reducción del IVA en servicios públicos".

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En la misma línea se expresó Urtubey. "Bajar el IVA para sostener esto no es la solución tampoco ni el nacional ni el provincial; el problema es moderar los aumentos porque si no seguimos desfinanciando al Estado", sostuvo.

"La fijación de las tarifas de generación de energía y gas es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional y quiero recordar además que los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación con el tema de las tarifas", dijo Schiaretti.

En el proyecto original, los diputados peronistas habían incluido una cláusula para que el costo fiscal de la reducción del IVA en las tarifas sea afrontado solo por la Nación y no por las provincias. El oficialismo calificó esta cláusula de inconstitucional. "Viola las leyes convenio sobre coparticipación federal", enfatizaron los oficialistas.

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Todo indica, entonces, que el dictamen opositor llegará con modificaciones al recinto de la Cámara baja con el propósito de mantener la cohesión entre los legisladores y sus gobernadores. Igualmente, anoche nada estaba decidido. "Estamos evaluando todas las alternativas", confió una fuente del bloque Argentina Federal, que responde a los mandatarios peronistas.

Más allá de los cambios que se dispongan, la iniciativa opositora mantendrá su eje principal, confirman en el peronismo. Esto es, que la suba de las tarifas no debe exceder el coeficiente de variación salarial. El proyecto establece que el valor tarifario debe retrotraerse a noviembre de 2017 y que debe mantenerse estable durante 12 meses.

"Es una locura -cuestionan en el oficialismo-. Las subas de las tarifas se definieron en audiencias públicas y retrotraer su valor implicará violar las revisiones integrales y los programas de inversiones acordados con las empresas".

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En este clima de incertidumbre y de críticas cruzadas, ayer el oficialismo convocó a una sesión especial para el miércoles próximo en la Cámara baja; en el temario incluyó una variedad de asuntos, pero excluyó, deliberadamente, el espinoso proyecto opositor sobre tarifas.

Ante esta situación, todo indica que la oposición convocará, por su lado, a otra sesión especial en las próximas horas para intentar aprobar su dictamen sobre tarifas. Finalmente este quedó como dictamen de mayoría al reunir 52 firmas en las comisiones de Obras Públicas, Defensa del Consumidor y Presupuesto. El dictamen del oficialismo, de rechazo al proyecto opositor, juntó 49 votos.

Si bien la oposición reúne más voluntades, habrá que ver si logra plasmar esa mayoría en el recinto. Para ello será clave la posición que adopten los gobernadores del PJ y el mandato que le bajen a sus legisladores.

En las últimas horas, las presiones de la Casa Rosada fueron intensas: su objetivo es evitar que la ley sea sancionada y que el presidente Mauricio Macri se vea obligado a afrontar el costo político de vetarla.

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