Un fiscal pidió que Scioli no pueda salir del país

Además solicitó el embargo de todos los bienes del exgobernador
Además solicitó el embargo de todos los bienes del exgobernador Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli
María José Lucesole
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4 de mayo de 2018  • 16:57

LA PLATA.- Un fiscal penal de esta capital pidió hoy el embargo de todos los bienes del exgobernador bonaerense Daniel Scioli . Solicitó, además, que al ex funcionario se le prohíba salir del país mientras se tramita un juicio oral por varios delitos vinculados a la corrupción en la administración pública .

La jueza de garantías Marcela Garmendia resolverá el lunes si hace lugar al pedido elevado este mediodía por el fiscal Alvaro Garganta. Es probable que acepte el pedido, según pudo averiguar La Nacion. En ese caso la defensa de Scioli apelará la medida.

El fiscal solicitará la elevación a juicio oral en mayo, adelantó a LA NACION una alta fuente del Ministerio Público. Acusa al ex gobernador de cohecho y negociaciones incompatibles con la función en concurso real de 16 hechos.

Hoy declaró ante el fiscal Ricardo Miller, titular de Miller Building, una empresa que supuestamente -en la órbita privada- le pagaba al exgobernador alquileres millonarios por la locación de un inmueble en Villa La Nata, el lugar de descanso del exmandatario.

"Scioli mantenía una relación personal y comercial con Ricardo Miller [titular de Miller Building] antes, durante y aun después de que el empresario fue beneficiado irregularmente con el otorgamiento de obras públicas para la construcción de centros sanitarios de Unidades de Pronta Atención (UPA)", señaló el fiscal.

En un escrito de 54 páginas que presentó ayer ante la justicia Scioli buscó rebatir una por una las acusaciones de la Justicia y aseguró: "Durante toda mi gestión gubernamental he sido muy celoso en el cuidado de los intereses públicos a mí confiados por el voto popular".

Ayer a la salida de Tribuanles, el excandidato a presidente señaló a LA NACION que durante su gestión no hubo "ni contrataciones irregulares ni tráfico de influencias", y afirmó que tiene "tranquilidad y confianza" en que la situación "va a esclarecerse".

"Soy un hombre de la democracia, respeto el Estado de Derecho y estoy a disposición para aclarar toda la cuestión. La cantidad de controles internos y externos son muchísimos. Se van a ir aclarando cada uno de los puntos", agregó.

Scioli ratificó lo que había dicho en la Justicia minutos antes. "No intervine directamente en la gestión de los expedientes de las licitaciones, ninguna contratación fue irregular y contaron con la expresa conformidad y ratificación de la Fiscalía de Estado, la Asesoría General de Gobierno y la Contaduría General de la provincia", señaló en los tribunales al referirse a las contrataciones, que fueron motorizadas por el ministro de Salud Alejandro Collia. Ese funcionario debió declarar anteayer y despegó de cualquier maniobra a quien fue su jefe político.

"La empresa Miller Building International tuvo menos del 1% de las contrataciones, lo que desmiente todo favoritismo", enfatizó Scioli.

La causa se inició por una denuncia de Elisa Carrió. La presentación originó una megacausa que puso bajo la lupa presuntas "cajas negras" de la gestión provincial de entonces. En este tramo del expediente, Garganta investiga las contrataciones a Miller Building para la construcción de ocho UPA, un "caballito de batalla" de la administración sciolista.

Según el auto de citación a indagatoria, en julio de 2013 Ricardo Miller le alquiló el inmueble de Villa La Ñata a Capanone SA (sociedad de la que Scioli posee el 99% de las acciones) para un emprendimiento hotelero. Primero lo hizo por medio de una socia, Laura Mónica Vallini. Luego, a partir de octubre de 2014, alquiló a través de una nueva sociedad, Multiespacios La Posada SA. Se pagaron $4.464.960 en 60 cuotas mensuales.

El alquiler se había firmado "con opción de compra" y finalmente Multiespacios La Posada SA adquirió el inmueble con dinero que ingresó a través del blanqueo, según datos de la UIF.

Scioli se defendió: "Respecto a las operaciones de locación y venta de inmuebles de la firma Capanone SA, mis letrados han demostrado que se realizaron regularmente, estando toda la vinculación documentada en contratos y en los libros societarios, en base a valores de mercado de la época".

El exgobernador buscó despegar esos contratos de alquiler privados con la obra pública de la provincia al alegar que "la primera licitación -que ganó Miller Building- data de 2011 y el contrato de locación entre Capanone SA y la señora Vallini se firmó en 2013, dos años después", lo que -para Scioli- "desmiente cualquier vinculación entre ambas circunstancias".

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