La oposición se encamina a aprobar en Diputados los cambios a las tarifas

La semana pasada se firmó el dictamen en Presupuesto
La semana pasada se firmó el dictamen en Presupuesto Crédito: Hernán Zenteno
La sesión especial está pedida para pasado mañana; el oficialismo no tiene número para contener la embestida, pero espera sancionar la nueva ley de mercado de capitales
Gustavo Ybarra
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7 de mayo de 2018  

Por primera vez desde que llegó al Gobierno, el oficialismo enfrenta una situación de pronóstico reservado en el Congreso. Los principales referentes de Cambiemos admiten que, de no mediar un acuerdo político de último momento, la oposición está en condiciones de avanzar, pasado mañana, con la aprobación en Diputados del proyecto de ley que retrotrae a mayo del año pasado las tarifas de los servicios públicos .

A la expectativa sobre cómo reaccionarán los mercados tras la corrida cambiaria que la semana pasada puso en jaque a la administración de Mauricio Macri , el Gobierno suma también la tensión que implica una dura derrota legislativa que podría complicarle sus números fiscales.

"Salvo que haya un gesto de sensatez de la oposición no tenemos el número para pararlo, nosotros solo tenemos 108 diputados", reconoció en diálogo con LA NACION el jefe del bloque de diputados oficialistas, Mario Negri (UCR-Córdoba), sobre la iniciativa diseñada por los bloques peronistas de la Cámara baja.

Con dictamen de comisión desde la semana pasada, la oposición ya no tendrá la obligación de conseguir el voto de los dos tercios para habilitar el debate. En este escenario, el único obstáculo en el camino será conseguir el quorum de 129 diputados presentes que se necesitan para iniciar una sesión. En el primer intento por avanzar con este proyecto, los bloques opositores quedaron apenas a un legislador de ese número mágico.

En un intento por ganarle de mano a la oposición, Cambiemos se adelantó y pidió una sesión especial, también para pasado mañana, pero a las 10.30 de la mañana. El temario incluye dos iniciativas que el Gobierno pretende convertir en ley y cuya sanción se demoró por los ligeros cambios introducidos en el Senado. Se trata de los proyectos de modificación de las leyes de defensa de la competencia y de mercado de capitales, este último expediente conocido también por el título de financiamiento productivo.

Todo indica que se producirá una pulseada entre ambas sesiones especiales. Sin embargo, todo podría destrabarse si la oposición decide sentarse a discutir en primer término los proyectos impulsados por el oficialismo. En ese escenario, en Cambiemos aseguran que se quedarán a dar el debate por el proyecto de las tarifas, aun cuando saben que perderán la votación.

Acuerdo político

Lo único que podría salvar al oficialismo de una segura derrota sería un acuerdo político que permita restarle fuerzas a las diferentes tribus peronistas que, por el momento, se muestran unificadas detrás del proyecto de congelamiento de tarifas a los valores de mayo del año pasado.

"El proyecto del peronismo es de una insensatez terrible, entre su propuesta y la nuestra, que busca aplanar los aumentos de tarifas, hay 200.000 millones de pesos de diferencia", afirmó Negri.

Para el diputado cordobés y líder oficialista de la Cámara baja, la propuesta peronista provocará un "descalce fiscal al Estado", tras lo cual realizó un nuevo llamado a los gobernadores peronistas para que acepten detener la ofensiva.

Por el momento, los mandatarios peronistas solo estarían de acuerdo con dar marcha atrás con la reducción del IVA que incluye la propuesta opositora, la cual implicaría una perdida superior a los mil millones de pesos para las provincias. Para Negri, no alcanza. "Creo en la necesidad de un acuerdo político", insistió el diputado radical.

El panorama se complica si se toma en cuenta que las señales que llegan desde el Senado no son optimistas. "El Gobierno tiene que dejar de hacer acusaciones contra la oposición, tienen que hacerse cargo de lo que hacen", sentenció Miguel Pichetto, jefe del Bloque Justicialista.

Así, todo indica que el proyecto se encamina a convertirse en ley y que el Gobierno se verá en la obligación de cumplir con su promesa de vetarlo.

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