Enjuician a cinco agentes penitenciarios por torturar a dos presos en Ezeiza

Fuente: Archivo - Crédito: EFE
El hecho ocurrió en diciembre de 2007 y el caso solo se reactivó en 2013 por la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; una de las víctimas se suicidó el año pasado
Gastón Rodríguez
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7 de mayo de 2018  

Lucas Mendoza está "casi ciego". Tiene la visión del ojo derecho disminuida por la cicatriz de una infección que la madre le transmitió durante el embarazo. En el izquierdo sufre un desprendimiento de retina como consecuencia de un pelotazo recibido en el Instituto de Menores Agote, cuando tenía 17 años. Aquella, de hace 20 años, no sería la única marca que le dejaría el encierro. "De tantos golpes uno se acostumbra. En la cárcel te convierten en un animal. Por eso solo quiero que toda esta historia termine".

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata está juzgando a cinco penitenciarios por torturarlos a él y a Claudio Núñez en el Complejo Federal de Ezeiza, en 2007. Mendoza pudo declarar en el inicio del juicio. Su compañero de penurias, en cambio, se suicidó el año pasado.

El caso estuvo a punto de ser archivado. Pero en 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por las torturas a los reclusos y ordenó la reapertura de la investigación a fin de "determinar las eventuales responsabilidades penales" de los autores, así como la de los funcionarios judiciales que habían iniciado la instrucción.

Los casos de Mendoza y Núñez habían llegado al organismo supranacional por una demanda presentada por la Defensoría General de la Nación en 2002 sobre los casos de cinco jóvenes a los que se les había impuesto la pena de prisión perpetua por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

"Me acuerdo de que a mí me llevaron primero a 'la leonera' [lugar de alojamiento transitorio de los presos, similar a una jaula] y después lo trajeron a Núñez. Nos torturaban en el piso, un poco a cada uno. Un rato a él, un rato a mí. Hasta llegaron a apoyarme un palo en el ano. Los tipos se toman muy a pecho esto que llaman 'su trabajo'. Yo quedé muy mal, no podía ni caminar. Hice tratamiento y ojalá pueda salir adelante. Todavía me siento mal por haber sido 'criado' por estos tipos. Espero no volver más", contó Mendoza en uno de los tramos de su declaración. Él es el único que puede rebatir la versión de los guardias; su voz es también la de Núñez.

"Hoy debería estar acá conmigo -dice Mendoza-, pero se quitó la vida porque no pudo sobrellevar tanto dolor y angustia. Por eso yo no voy a dejar de denunciar lo que hacen con los pibes en las cárceles. Voy a seguir buscando justicia".

"Una causa paradigmática"

De sus 37 años Mendoza pasó más de 20 en prisión. Creció soportando todo tipo de violencia física y psíquica, pero, jura, nada como lo que padeció durante la madrugada del 9 de diciembre de 2007 en el Pabellón B del Módulo II del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

"Desde el ingreso al pabellón ya venían preguntando por mí. Me vinieron a buscar directamente. Yo creo que el verdadero motivo es que, tiempo antes, había logrado fugarme de una cárcel. Supongo que por eso el ensañamiento conmigo", contó en el juicio.

A Mendoza lo sacaron a los golpes de su celda y lo llevaron esposado a "la leonera". Allí le sacaron las zapatillas y las medias para golpearle las plantas de los pies, tobillos y pantorrillas, en una práctica de tortura que en la jerga carcelaria se conoce como "pata pata". Fue tanta la saña que Mendoza no pudo regresar a su celda caminando: debieron trasladarlo en silla de ruedas.

"Lucas y Núñez estaban ?marcados' por la intervención de la Corte Internacional, por el hecho de haber sido condenados a perpetua siendo menores. El caso de ellos ya se había hecho público, tenían visibilidad, habían salido en los medios, los organismos de derechos humanos estaban encima... Entonces, periódicamente sufrían maltratos y amenazas. A Lucas se le sumó el antecedente de su fuga, pero justamente él se había evadido porque sabía que, dentro del penal, su vida corría riesgo", explica Sebastián Pacilio, abogado de la querella e integrante de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

Pacilio sostiene que esta es una "causa paradigmática porque un tribunal internacional decretó que la condena a un menor de edad es un trato cruel e inhumano y remarcó la responsabilidad del Estado argentino, primero por las torturas y luego por no investigar las denuncias".

Están imputados por el delito de tortura, en calidad de coautores, el inspector de servicio de la Unidad Residencial II, Rubén Oscar Constantin; el encargado de requisa, Jorge Enrique Puppo; el auxiliar Víctor Darío Salto; el ayudante de cuarta Sergio Hernán Giménez, y el ayudante Pablo Andrés Jara.

Durante el debate oral en curso, la defensa de los acusados insistió en que las víctimas se habían lesionado durante una pelea con otros reclusos que provocó, según esa versión, la presencia del cuerpo de requisa en el pabellón.

Mendoza dice que está arrepentido de lo que hizo en el pasado. Sabe que lo que le queda es esforzarse en el presente para no cometer los mismos errores en el futuro.

"Terminé el secundario -cuenta- y hago changas. Ahora vendo pañuelos de papel en la calle y en las oficinas de La Plata. Lo único que quiero es no volver más a la cárcel. No quiero sufrir más".

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