Corrupción: hay más denuncias, pero pocas condenas en la Justicia bonaerense

Según la Procuración provincial, solo el 12% de las causas contra funcionarios públicos fueron elevadas a juicio
Maia Jastreblansky
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7 de mayo de 2018  

La Justicia bonaerense exhibió un exiguo número de condenas por corrupción en el último lustro. Si bien en los últimos dos años en la provincia aumentaron sensiblemente la cantidad de investigaciones iniciadas por delitos contra la administración pública, aún son escasas las penas ejemplificadoras en esta materia.

Según datos de la Procuración bonaerense, en 2016 (cuando se comenzaron a elaborar este tipo de registros), solo el 12% de las causas por delitos cometidos por funcionarios públicos fueron elevadas a juicio. El resto de las pesquisas pasaron al "descarte": el 65% fueron archivadas, el 21% fueron desestimadas y un 0,67% terminó en sobreseimiento.

El número es más exiguo a la hora de evaluar las sentencias condenatorias. Por caso, en toda la provincia no existieron condenas por enriquecimiento ilícito o por admisión u ofrecimiento de dádivas entre 2012 y 2017. Este dato surge de un informe realizado por el Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC), que puso la lupa en los delitos de mayor gravedad institucional, a partir de un pedido de información al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

Como contrapartida, en 2015 y 2016 se registró un aumento sustancial de pesquisas iniciadas. En un correlato de lo que ocurre en Comodoro Py, también en la provincia se aceleraron los tiempos judiciales tras el cambio de gestión. La megacausa que investiga a la administración sciolista es un claro exponente de esta tendencia. Daniel Scioli fue indagado por primera vez por un hecho de corrupción la semana pasada, a más de dos años de dejar la gobernación.

Investigaciones

En la provincia el sistema penal es acusatorio. El fiscal es quien motoriza la pesquisa, a través de la llamada investigación penal preparatoria (IPP), que es la etapa donde se producen las pruebas y se busca verificar la existencia del delito. Si el fiscal considera que existen elementos para acusar, eleva el expediente a juicio para que un juez dicte una condena o un sobreseimiento.

Según datos que obtuvo LA NACION del Ministerio Público provincial, si se observan solo las causas por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho (coimas) surge que en 2012 se iniciaron tres IPP; en 2013, siete; en 2014 solo cinco, y en 2015 otras ocho. Con el cambio de gestión, en 2016 se iniciaron 16 investigaciones por esos dos delitos y en 2017 (según una proyección de los datos en proceso), otras 19. Es decir, en los últimos dos años se iniciaron casi el 50% más de expedientes que en todo el último período sciolista.

El caso de cohecho más resonante, quizá, fue el que envolvió al exintendente de La Plata Pablo Bruera. Su hermano, Mariano, y otros cuatro funcionarios municipales estuvieron detenidos acusados de integrar una banda que habría pedido coimas a vecinos que querían habilitar lotes destinados al Programa Procrear.

"Hay un contexto más favorable para investigar la corrupción. Desde la actual gestión del Ministerio Público hubo una expresa orden a los fiscales de concentrar esfuerzos en las causas de gravedad institucional", destacaron desde la Procuración General, hoy a cargo de Julio Conte Grand. Reconocieron que "a veces el problema radica en la falta de denuncias por la percepción de una Justicia que no siempre fue independiente en la provincia".

El cambio de gestión en el Ministerio Público provincial no coincidió en el tiempo con el cambio de gobierno. María Eugenia Vidal convivió durante once meses con la procuradora María del Carmen Falbo. Fue una etapa de chispazos entre la jefa de los fiscales bonaerenses y el oficialismo. Elisa Carrió, al frente de la embestida, acusó a Falbo de manejar "con total discrecionalidad la investigación de los delitos cometidos por funcionarios públicos". La líder de la Coalición Cívica también disparó contra Jorge Paolini, por entonces fiscal de Unidad Funcional de Investigaciones Complejas, a quien lo acusó de congelar la causa de corrupción más importante contra Scioli durante el kirchnerismo.

Según el estudio de CIDC, "entre 2012 y 2017 se iniciaron once investigaciones por admisión de dádivas, cuatro por ofrecimiento de dádivas y 25 por tráfico de influencias". En el mismo período existió solo una causa por soborno transnacional. Las condenas por estos delitos son mucho menores: hubo dos determinaciones de penas para casos de tráfico de influencias y cero para los casos de admisión de ofrecimiento de dádivas. Respecto del delito de malversación de caudales públicos (que penaliza la utilización de recursos del Estado para fines distintos a los previstos), según la CIDC, la provincia registró entre 60 y 100 IPP iniciadas por año entre 2012 y 2017. Desde el Ministerio de Justicia bonaerense evaluaron sobre las cifras: "Las escasas investigaciones en materia de corrupción tienen que ver, sobre todo, con las escasas denuncias que hubo en esta materia durante mucho tiempo. Esta gestión comenzó a denunciar, sobre todo en el ámbito de la policía bonaerense y del sistema penitenciario". "La provincia, en muchos fueros, tiene la Justicia más congestionada del país, es muy largo el camino", concluyeron.

Las causas más relevantes

Un exgobernador y un exintendente, bajo sospecha

Daniel Scioli

Exgobernador

  • El fiscal bonaerense Álvaro Garganta instruye una megacausa que investiga presuntas "cajas negras" de la gestión sciolista. La semana pasada, el exgobernador enfrentó una indagatoria bajo la sospecha de haber beneficiado con fondos públicos a un empresario allegado a él.
  • Se investigan las contrataciones del Ministerio de Salud para la construcción de ocho unidades de pronta atención (UPA), que según el fiscal se dieron mediante licitaciones irregulares.

Pablo Bruera

Exintendente

  • Mariano Bruera, el hermano del exintendente kirchnerista de La Plata, quedó detenido el pasado 8 de julio junto con otros tres exfuncionarios municipales acusados de integrar una banda que habría pedido coimas a vecinos que querían habilitar lotes destinados al programa Procrear en 2014.
  • Por otro lado, en mayo del año pasado, un fallo del Tribunal de Cuentas descubrió "graves irregularidades e inconsistencias en los gastos" en la gestión de Bruera durante 2015 por 241.648.068 pesos.

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