Casa Rosada convocó a los gobernadores del PJ para suavizar las críticas al acuerdo con el FMI

Las tratativas están a cargo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio
Las tratativas están a cargo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio Fuente: Archivo
Jaime Rosemberg
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9 de mayo de 2018  

Apoyo explícito o, al menos, un piadoso silencio que aporte oxígeno político. El Gobierno reforzó el diálogo con el peronismo con los objetivos de conseguir apoyo, o por lo menos evitar las críticas contra las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional . La cita es para mañana y se espera que los mandatarios provinciales se reúnan en Casa Rosada para alcanzar una "solución parlamentaria" a la embestida opositora en el Congreso contra el esquema tarifario del oficialismo. Sin embargo, los gobernadores aún debaten si aceptar la invitación.

Según pudo saber LA NACION, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el secretario Sebastián de Luca fueron los encargados del diálogo con los mandatarios provinciales. Comenzaron, claro, por los cinco de Cambiemos, y continuaron por los peronistas, con el objetivo de "hacerlos partícipes" del esfuerzo del Gobierno por aquietar a los mercados y frenar la corrida bancaria. "Ellos, igual que nosotros, necesitan tranquilidad en la economía para salir a emitir deuda. Y se juegan su continuidad en sus puestos el año que viene", explicó un funcionario con conocimiento de las gestiones oficiales con los gobernadores.

En una Casa Rosada semivacía, con el presidente Mauricio Macri rumbo a Mendoza y muchos funcionarios en la quinta de Olivos, el enojo iba dirigido al gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifchitz, quien afirmó que "a la gente le eriza la piel" escuchar sobre un acuerdo con el Fondo Monetario. "Se está jugando su supervivencia política", le apuntaron desde Balcarce 50 al socialista, dónde ya está decidido que los diputados macristas santafecinos no apoyarán la reforma constitucional con reelección incluida que impulsa el mandatario provincial.

Cerca del gobernador santafecino (que forma parte del chat de WhatsApp que comparten todos los gobernadores menos los de Cambiemos) explicaron que la preocupación está dada "porque además del acuerdo con el FMI empezaron los problemas con la cadena de pagos en la provincia". Mientras intentan morigerar los efectos negativos del anuncio presidencial, en el Gobierno miran con cierta esperanza el tratamiento en el Senado de la ley que enlaza los aumentos en los servicios públicos a los incrementos salariales.

En la Casa Rosada creen que será "muy difícil" torcer las 12 voluntades que necesitan para rechazar la ley (Cambiemos tiene 25 senadores) pero desde el Senado hay una luz de optimismo. "Si no logramos un triunfo, al menos será una derrota ajustada. Y no es lo mismo vetar una ley que salió con lo justo que hacerlo después de una derrota", explicaron fuentes del oficialismo.

De eso hablaron el viernes, según pudo saber la nación, el ministro Rogelio Frigerio (y también habría estado el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó ) con el titular de la bancada del PJ en el Senado, Miguel Pichetto . "Existen sectores del peronismo que vienen actuando de manera constructiva", aseguró hoy a la nación el senador macrista Humberto Schiavoni.

El pedido de "clemencia" del "ala política" del Gobierno no tendría, según fuentes del bloque peronista en la Cámara alta, demasiadas chances de éxito. "No nos pueden pedir que nos inmolemos. Primero que controlen a su tropa", explicaron desde ese bloque, en referencia a las críticas al esquema de aumentos de tarifas que dirigieron Elisa Carrió y el radical Alfredo Cornejo, antes de pasar a apoyar al Gobierno. A lo sumo, en la Casa Rosada esperan que la discusión sobre las tarifas "no se dilate más de lo deseable", y que el veto de Macri llegue lo antes posible. "No les podemos pedir que voten con nosotros", reconocen en el oficialismo, cuya estrategia parlamentaria de "dejar hacer" diseñaron Marcos Peña, Frigerio, Monzó, De Luca y el titular del bloque Pro en Diputados, Nicolás Massot.

"Los gobernadores tienen que saber que nos generan un agujero de por lo menos $100.000 millones por año, hay que ver si corren con el costo de apoyar esta medida", contraatacaron desde un despacho oficial.

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