El teléfono del hermano de Santiago Maldonado fue pinchado al inicio del caso: ordenan destruir los audios

El juez Otranto había ordenado esta medida sobre el querellante
El juez Otranto había ordenado esta medida sobre el querellante Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli / LA NACIÓN
Maia Jastreblansky
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11 de mayo de 2018  • 15:41

El teléfono de Sergio Maldonado, hermano de Santiago , fue pinchado durante algunos días al inicio de la investigación que buscaba dar con el paradero del joven tatuador.

El juez federal Guido Otranto, primer magistrado a cargo del caso, había ordenado al inicio de la investigación -por pedido de la fiscal Silvina Ávila- realizar escuchas a los teléfonos del hermano del joven (querellante en la causa), de Ariel Garzi (amigo del joven) y de la referente mapuche Claudina Pilquiman. También de Marcela Anarda Stocovaz, una de las personas que estaba en contacto con la comunidad mapuche. La orden de pinchar las comunicaciones fue despachada entre los días 5 y 22 de septiembre del año pasado.

Las líneas permanecieron intervenidas hasta el 30 de septiembre, cuando el juez Lleral comenzó a intervenir en el expediente. Ese magistrado ordenó dejar sin efecto las pinchaduras. El juez alegó que se estaba en violación del derecho a la intimidad y, en el caso de Sergio Maldonado, que se habían vulnerado los derechos de las víctimas.

Las escuchas que llegaron a ser grabadas en los días de septiembre, no fueron anexados al expediente y quedaron reservados de manera confidencial, sin realizar las desgrabaciones de rutina. "Obsérvese además en el caso de Sergio Maldonado, se trata nada menos que de la víctima y en los restantes supuestos, se trata de personas que han sido tenidos como testigos", manifestó Lleral al descartar las escuchas.

Destrucción

En una resolución firmada hoy, el actual juez del caso ordenó destruir todos los audios que quedaron como resultado de aquella medida. Las escuchas, producto de la orden judicial, fueron realizadas por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) anteriormente conocida como Ojota. Los teléfonos de los gendarmes, en tanto, nunca tuvieron la orden de ser intervenidos.

"Solo se permite la intervención de las comunicaciones telefónicas del imputado, por lo que se encuentran excluidas las de todas aquellas personas que no se hallan formalmente imputadas en el proceso", dijo Lleral.

Fuente: Archivo

"Entiendo que los motivos esgrimidos tanto por la fiscal Ávila de peticionar las intervenciones de las comunicaciones telefónicas de testigos y de la propia víctima, y los argumentos enarbolados por el juez Otranto al acoger esa solicitud, resultan absolutamente reñidos con los derechos fundamentales y constitucionales", consideró en su escrito de hoy. Y agregó: "Ello es así porque, en primer lugar, ninguna de las personas cuyas comunicaciones telefónicas fueron judicialmente intervenidas revestía el carácter de imputada o sospechosa".

Otras fuentes de la investigación indicaron que en los escritos, Otranto justificó que las interceptaciones eran necesarias ante la sospecha de que los testigos habían ocultado datos en sus declaraciones. En el caso de Sergio Maldonado porque suponía que se comunicaría con los testigos mapuches.

Las cintas con las escuchas a Sergio Maldonado y a los testigos fueron requeridas en los últimos meses por el juez Otranto, cuando ya no estaba a cargo del expediente de hábeas corpus. Las solicitó para investigar la denuncia de Gendarmería sobre una supuesta confabulación de los miembros de la comunidad con los abogados de organismos de derechos humanos que denunciaron el caso del joven tatuador.

Pero Lleral consideró que no era el momento oportuno y consideró "inconveniente" la difusión de dichas pruebas dado que se podía violar "el mandato de reserva y el éxito de la investigación".

Hoy, Lleral ordenó la destrucción de "todos los registros y archivos documentales escritos o auditivos, sus originales y copias, como así también todo registro existente en la Dajudeco, producidos u obtenidos a partir de las intervenciones telefónicas ordenadas" en la causa.

Para el magistrado "la invasión de la privacidad del hermano de la víctima no era la única opción disponible, ni siquiera la adecuada" dado que "había otras alternativas para lograr la recolección de datos e informaciones conducentes al hallazgo de Santiago Maldonado".

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