Stanley buscó apoyos en el Congreso para la expropiación de tierras

Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi / LA NACION
La oposición planteó dudas sobre cómo se financiará el proyecto de urbanización de villas
Laura Serra
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17 de mayo de 2018  

Con matices, la oposición anticipó ayer su respaldo al proyecto de ley del oficialismo sobre urbanización de villas en todo el país que se debate en la Cámara de Diputados . Empero, distintos legisladores expresaron sus dudas sobre cómo se financiará la iniciativa, ya que ésta contempla, como primer paso, la expropiación de las tierras en las que actualmente se emplazan 4228 barrios precarios en todo el país.

El proyecto, concebido hace dos años entre el Ministerio de Desarrollo Social y un grupo de organizaciones sociales, apunta a regularizar la situación habitacional que hoy atraviesan 3,5 millones de personas que viven en villas, asentamientos y barrios populares.

El objetivo es otorgarles un certificado de vivienda que les permita, en el futuro, reclamar la prestación de servicios públicos básicos, como agua, luz, gas y cloacas.

"Es un proyecto que saldará una deuda histórica", enfatizó ayer la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley , ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Vivienda, Legislación General y Presupuesto de la Cámara de Diputados.

El proyecto, en rigor, fue presentado por los diputados Mario Negri, Elisa Carrió y Nicolás Massot (Cambiemos), pero el Poder Ejecutivo es su autor intelectual.

La ministra Stanley detalló que el 93% de los que viven en las villas no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente y el 70,5% no tiene red de energía eléctrica. Sobre la edad de los pobladores de los barrios, remarcó que "el 40% de la población es menor de 15 años y casi el 70% es menor a 29 años".

"Me parece que este dato no solo nos interpela, sino que también nos da una posibilidad de que, si trabajamos en serio y en forma conjunta, vamos a estar trabajando sobre una población muy joven, que tiene muchas oportunidades que hoy no se las estamos dando", consideró la ministra de Desarrollo Social en su exposición.

Los recursos

Si bien los legisladores opositores expresaron su apoyo al espíritu de la iniciativa, algunos plantearon dudas sobre el financiamiento, máxime ante la perspectiva de un mayor recorte en el gasto público a partir de la crisis financiera que atraviesa la economía.

En efecto, el proyecto propone la creación de un fideicomiso para financiar las expropiaciones que se realicen. De la totalidad de barrios ocupados o tomados, el 61% pertenecen a propietarios particulares, el 7% son provinciales, el 13% son de los municipios y otro 13% no tienen información catastral que permita determinar a sus dueños.

Según el proyecto presentado por el oficialismo, los fondos que integrarán dicho fideicomiso serán establecidos en la futura ley de presupuesto de 2019.

"Estamos todos de acuerdo con el objetivo del proyecto, pero en estos momentos que vive el país, con el ajuste fiscal que plantea el Fondo Monetario Internacional, esperamos que este proyecto no termine siendo sólo un título en los diarios para dejar contentos a algunos", planteó la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti.

En el mismo sentido se expresó la diputada Romina Del Pla, del Frente de Izquierda.

"Sería bueno contar con un presupuesto. El Ministerio de Desarrollo Social exhibe una importante subejecución a esta altura del año, por lo que sería provechoso incorporar en el proyecto algunos parámetros que definan las partidas destinadas para financiarlo. Es fundamental para evitar caer en políticas que duran mucho tiempo o no se terminan instrumentando", planteó, por su parte, el diputado Marco Lavagna (Frente Renovador).

Pese a la insistencia de varios legisladores, la ministra Stanley evitó dar una precisión sobre el costo estimativo que demandará la puesta en marcha de esta iniciativa. Adujo que el relevamiento aún no finalizó en todo el país y que el Tribunal de Tasación de la Nación debe realizar las correspondientes tasaciones de los inmuebles a ser expropiados. Igualmente, buscó despejar dudas. "El actual presupuesto destina el 76% a la inversión social, no me parece que esto vaya a cambiar en 2019", enfatizó.

La ministra aclaró que quienes accedan al certificado de vivienda deberán brindar una contraprestación y así se plantea en el proyecto. Sin embargo, la iniciativa no ofrece demasiados detalles al respecto. "Se puede precisar este punto en el debate parlamentario", concedió Stanley a los legisladores.

Luego de la exposición de la ministra Stanley, referentes de las organizaciones que participaron en el relevamiento de barrios también hablaron ante los diputados y destacaron aspectos favorables de la iniciativa.

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