Evaluación de daños después del sofocón

Sergio Berensztein
Sergio Berensztein PARA LA NACION
Los riesgos no son menores; la Argentina deberá superar la crisis con flexibilidad, espíritu patriótico y la vocación de consenso de sus dirigentes
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18 de mayo de 2018  

El supermartes ya pasó. No fue un tsunami que destrozó todo a su paso, como los grupos más radicalizados del kirchnerismo y la izquierda pretendían; tampoco un episodio menor, como el propio Sturzenegger se encargó de reconocer. Lo que no hizo la política de forma administrada y con criterios de equidad lo terminó haciendo el mercado a su manera: una profunda corrección del tipo de cambio, que había estado sostenido artificialmente por el Gobierno como fallida maniobra para calmar los precios, luego de vulnerar en diciembre pasado la independencia del Banco Central para alivianar el ritmo de un programa antiinflacionario que ya por entonces lucía desdibujado e incoherente. De este modo, más allá del indudable sofocón que produjo esta crisis en el Gobierno y del nuevo balance de poder interno que manifiestan el publicitado "retorno de la política" y la renovada vocación acuerdista para socializar los costos del ajuste, es necesario evaluar los daños generados y los riesgos que quedan latentes.

La primera consecuencia es que el famoso gradualismo, tal como lo conocimos hasta ahora, en la práctica no existe más. El FMI no reemplazará a los mercados voluntarios como fuente alternativa de financiamiento para un programa paulatino de correcciones, sino que, como lo explicitó el Presidente en la conferencia de prensa realizada la tarde del miércoles en Olivos, comienza la etapa de austeridad que se pretendía evitar. No se trata solamente de una eventual exigencia del Fondo, que se esfuerza en mostrarse con una imagen remozada y sensible a los sectores más vulnerables. En rigor de verdad, nuestra clase política chocó nuevamente con una vieja restricción: con una carga tributaria récord y el costo de financiamiento en el mercado mundial retornando a niveles más normales, los ajustes en la Argentina se hicieron devaluando. Eso permite comprar un poco de tiempo para hacer reformas más profundas: achicar en términos reales el gasto público.

En las últimas semanas, el peso perdió casi 25% de su valor. Desde que llegó Cambiemos al poder, la depreciación supera el 80%, tomando como referencia el precio del dólar blue de fines de 2015. ¿Podrá este país por fin avanzar en un programa realista y sensato de verdadera austeridad? ¿Lo logrará sin sacrificar la inversión en infraestructura, vital para mejorar la competitividad de la economía y la calidad de vida de millones de ciudadanos que carecen de servicios esenciales?

Este enorme desafío encuentra a la política argentina muy debilitada. Sin partidos políticos fuertes, sin una masa crítica de líderes entrenados y afines a las complejidades de una negociación que, por definición, será ardua y estará impregnada de especulaciones electorales, se debe resolver una cuestión enrevesada (un régimen de alta inflación septuagenario) sin los mecanismos elementales con los que contaron las democracias contemporáneas.

Es cierto que en la última década se generalizó la crisis de los partidos políticos en Occidente: asistimos a un fenómeno de fragmentación, licuación de identidades y colapso de sistemas que, en muchos casos, impulsa movimientos y líderes que cuestionan los valores fundamentales de sus sociedades, con fuertes connotaciones autoritarias, intolerantes y xenófobas. Sin embargo, al menos esos partidos lograron resolver con efectividad la cuestión de la inflación, en los años 80 en el hemisferio norte, y en los 90 en el sur.

Desde esta perspectiva, la Argentina tiene un recorrido particularmente frustrante: el desgaste de su sistema de partidos es profundo, si es que nuestro cambiante tejido de "espacios", frentes, coaliciones y formaciones políticas puede definirse como tal, pero tampoco logró resolver la cuestión de la inflación, a pesar de haber sufrido dos episodios hiperinflacionarios (1989 y 1990). Por el contrario, incrementó de forma notable la recaudación tributaria en términos del PBI, en un contexto de ampliación del gasto público sin muchos precedentes en épocas de paz (y con un presupuesto militar totalmente irrisorio). En consecuencia, sin los recursos políticos que utilizaron otras sociedades para atacar este problema, la Argentina deberá hacer la diferencia apostando a la flexibilidad, la buena voluntad, el espíritu patriótico y la vocación de consenso de su liderazgo. No sorprende que el optimismo, a estas horas, sea escaso.

Por lo pronto, el Presidente habilitó el retorno a las mesas de gestión de quienes él mismo denominaba "los rosqueros". Políticos de la talla de Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Ernesto Sanz, Gerardo Morales y Alfredo Cornejo tendrán, en principio, un renovado protagonismo. ¿Cuál será su aporte? ¿Qué responsabilidades concretas desempeñarán? Más allá del fin del gradualismo, el nuevo método de toma de decisiones es un enigma. ¿Cómo quedarán reconfigurados los mecanismos de elaboración e implementación de políticas públicas? ¿Podrán avanzar en la selección de estrategias de negociación para alcanzar consensos con el resto de los actores políticos, en especial los opositores?

Al margen de la crisis de la política, la sociedad civil también está fragmentada. El sector privado y el sindicalismo carecen de organizaciones y líderes con influencia, legitimidad y prestigio para contribuir a contener, ordenar y procesar las demandas ciudadanas en esta gran gesta nacional que implica derrotar a la inflación. Esto justifica el temor que existe tanto en el Gobierno como en muchos inversores: incluso si se alcanzaran los consensos necesarios entre la clase política para reducir el gasto público, las reacciones de una sociedad (sobre todo, de los sectores medios) acostumbrada al proteccionismo y al festival de subsidios pueden ser imprevisibles. El consenso surge entonces como un factor necesario, pero de ningún modo suficiente, para asegurar el éxito de esta ambiciosa, inusual y necesaria iniciativa.

¿Puede una clase media acostumbrada a gastar más que a ahorrar, a no postergar deseos de consumo inmediato en función de un objetivo superior, a "no saber lo que quiere, pero quererlo ya" (parafraseando a Luca Prodan), entusiasmarse con el llamado presidencial a la austeridad extrema? La convocatoria a un "gran acuerdo" podría contemplar algunos aspectos simbólicos que parecen no haberse tenido en cuenta, tal vez por la improvisación y el apuro que caracterizaron las últimas jornadas. Las famosas "reglas de Maastricht", los estrictos principios de política fiscal establecidos en 1993 por la Unión Europea, se enmarcaban en un "pacto por la estabilidad y el crecimiento": el esfuerzo de austeridad y constricción del gasto público llegaba por fin a la Tierra Prometida del crecimiento con equidad. México había utilizado la misma marca a fines del gobierno de Miguel de la Madrid en 1988, reforzado al año siguiente por Carlos Salinas de Gortari. En ambos casos, el éxito fue resonante.

Los estrategas comunicacionales de Mauricio Macri deberían considerar algo más que una larga travesía por el desierto para entusiasmar a una sociedad que quiere salir de la larga decadencia en la que está inserta desde hace décadas y que puede estar dispuesta a hacer sacrificios, pero que necesita beneficiarse de algún componente emotivo o aspiracional para ser parte de la solución en vez de plantear obstáculos y generar más problemas. Nunca está de más un poco de seducción.

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