Macri apunta a las provincias para acelerar el ajuste del déficit

La meta fiscal para 2019 tendrá un fuerte recorte, fundamental para avanzar en el acuerdo con el FMI; aspira a no tocar el presupuesto social y a trasladar parte de la carga del ahorro a los gobernadores
La meta fiscal para 2019 tendrá un fuerte recorte, fundamental para avanzar en el acuerdo con el FMI; aspira a no tocar el presupuesto social y a trasladar parte de la carga del ahorro a los gobernadores Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli
Martín Rodríguez Yebra
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19 de mayo de 2018  

Fronteras adentro, el gobierno de Mauricio Macri se alista para una negociación aún más delicada que la que sostiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI): el Presidente pretende trasladar a las provincias una carga significativa del ajuste adicional al que se comprometerá a cambio del auxilio financiero.

La obsesión de Macri consiste en cerrar cuanto antes el objetivo de déficit fiscal primario para 2019. Ese será el número mágico que el Gobierno debe llevar a Washington para acordar con el FMI. La crisis cambiaria incendió la previsión anterior, del 2,2% del PBI. "Vamos a presentar una meta creíble. No nos pedirán déficit 0, pero tampoco será el 2,2%. Será seguro una cifra que empiece con 1", dijo a LA NACION una fuente de máxima confianza del Presidente.

Cada decimal representa millones de pesos de ahorro (un punto del PBI equivale a unos US$6000 millones). El "gran acuerdo nacional" del que habló esta semana el jefe de Gabinete, Marcos Peña , anticipa una etapa de fuertes tensiones políticas.

Detrás de la intención declarada de abrir una etapa de desarrollo real de la Argentina, subyace la urgencia de decidir cómo se reparte el recorte.

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Macri estableció dos parámetros, según relatan fuentes de su entorno íntimo. Uno: la tijera no se aplicará sobre el presupuesto social (jubilaciones, AUH y otras partidas que se llevan el 75% de la masa total). Dos: llegó la hora de que las provincias -en su mayoría en manos del peronismo- reduzcan fuerte el gasto.

"La clave pasa por revisar responsabilidades -añaden en la Casa Rosada-. A los gobernadores les transferimos una masa fenomenal de recursos y ahora les toca asumir las funciones que van atadas". Aluden a la devolución pactada en 2016 del 15% de la coparticipación de impuestos que la administración central retenía desde la estatización en 2008 de las jubilaciones privadas. Gracias a esos fondos, la mayoría de las provincias roza el equilibrio fiscal.

El Gobierno imagina recortes de partidas nacionales que financian planes de vivienda provinciales, obras públicas y regímenes jubilatorios especiales (como ya sugirió Macri). Le tocaría a cada gobernador determinar cómo cuadra sus números sin ese dinero. En Buenos Aires, María Eugenia Vidal ya se prepara para amortiguar el golpe que se le viene. Ella -por la magnitud de su distrito y su peso específico en el oficialismo- tiene un papel central como motor de eventuales acuerdos.

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En la mirada de Macri, los gobernadores deben comprometerse con la reducción del Estado. Suele despotricar en privado por el tamaño de la planta de empleados públicos en la gran mayoría de las provincias.

Es de esperar que en la administración central se acentúe la salida de personal: en distintos ministerios descuentan que habrá contratos que no se renovarán, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Pero no saldrá de ahí el grueso del ahorro. Tampoco puede esperarse mucho más de la quita de subsidios que -a cambio de los drásticos aumentos de tarifas de servicios públicos y el consiguiente malhumor social- permitió un achique de casi US$8500 millones en dos años.

Macri les apuntó a los gobernadores el miércoles cuando asumió errores en la gestión económica y anunció que acelerará la baja del déficit: "Esta tiene que ser una etapa de pragmatismo. Necesitamos un acuerdo entre todos los argentinos para terminar con un flagelo que nos persigue desde hace 70 años".

La crisis cambiaria sacó a relucir el lado más ortodoxo de Macri ahora que el gradualismo ya no convence a los mercados. Al Gobierno se le cerró el financiamiento y debió recurrir al FMI en busca de credibilidad. El nuevo escenario coloca el déficit por encima de todo. La lucha contra la inflación -ya se resigna a una tasa anual bastante por encima del 20%-la delegó en el Banco Central.

El equipo económico ya anunció un recálculo de la meta fiscal de 2018 de 3,2% a 2,7% hace 15 días. Fue un dique insuficiente para contener la corrida del dólar. Ahora cree que la diferencia entre gasto e ingresos podrá ser del 2,5% (siempre sin contar el pago de intereses de la deuda).

Lo decisivo es 2019. El FMI espera que Macri le diga a cuánto reducirá el rojo y que demuestre margen político para cumplirlo. "Ya dijeron que el programa es propiedad de la Argentina. Pero tenemos que asumir un compromiso: somos nosotros los que vamos a pedirles plata. El instrumento para hacerlo es un presupuesto aprobado por el Congreso", dijo un ministro del ala política.

La debilidad de Cambiemos vuelve a relucir. En minoría en las dos cámaras, está obligado a negociar con el peronismo la carga de un ajuste para el año electoral en el que se juega el poder. La remozada mesa política -a la que se integraron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y el exsenador radical Ernesto Sanz- tiene el encargo de dibujar la cuadratura del círculo.

El cordobés Juan Schiaretti, uno de los gobernadores peronistas más comprensivos con el Presidente, se anticipó a la presión. "Es la Nación la que decidió recurrir al FMI y es responsable de las consecuencias de ese acuerdo".

En la Casa Rosada sienten que quedan botones por tocar. La falta de una conducción unificada de la oposición impide un gran acuerdo (con mayúsculas) y habilita negociaciones caso por caso. Las obras públicas, las autorizaciones de endeudamiento y, también, la gestión de las candidaturas figuran en el menú de herramientas para persuadir.

La nota optimista la encuentran en el pronóstico de un 2019 con crecimiento y con una suba -aunque leve- del salario real. Un dato que consideran imprescindible para sus intereses electorales. Para este año, cerca de Macri creen que la ecuación sueldo/inflación "saldrá empatada": se resignan a que será inevitable la ejecución de las cláusulas de revisión de los convenios salariales.

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