Regulan a los abogados externos del Estado tras detectar irregularidades

Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro
Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro Fuente: Archivo
La Procuración del Tesoro emitió una norma para evitar conflictos de interés; es porque hubo casos de bufetes que defendían al Estado y al mismo tiempo litigaban en contra
Maia Jastreblansky
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20 de mayo de 2018  

Un abogado argentino, de apellido conocido, litiga con una aguerrida estrategia contra la Argentina en los tribunales del Ciadi, el fuero arbitral del Banco Mundial en Washington. Representa a una multinacional y en las audiencias embiste, una y otra vez, contra las autoridades argentinas. Pero en suelo local, ese letrado, a su vez, recibe abultados pagos del Gobierno por representar en distintos juicios a un importante ente del Estado. Es decir, está de los dos lados del mostrador. Se trata de un caso real.

Inquieto por el agujero negro que implica el pago de millonarios honorarios a abogados privados que representan o asesoran al Gobierno en los juicios contra el Estado, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, emitió una resolución en los últimos días para controlar, mediante un sistema de declaraciones juradas, las zonas "vidriosas" y los potenciales conflictos de interés de los estudios jurídicos tercerizados. La norma también apunta a auditar los gastos en este rubro, en el marco del plan de austeridad que lanzó el Gobierno.

Hoy los departamentos jurídicos de los ministerios o empresas estatales tienen la potestad de tercerizar servicios jurídicos, a pesar de que el Gobierno tiene un plantel de unos 5000 profesionales del Cuerpo de Abogados del Estado, que perciben sueldos como empleados públicos.

Muchas veces, para materias específicas o en los tribunales internacionales, la contratación de importantes bufetes queda justificada para garantizar una buena defensa. Los montos suelen ser elevados. El kirchnerismo, tal como reveló este medio, le pagó US$169 millones a Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, el estudio de abogados de Nueva York que condujo la disputa contra los acreedores de la deuda en default. En otro caso, en los últimos dos años se pagaron unos $350.000 a abogados locales para que elaboren informes en la demanda iniciada por Casinos Austria International, una empresa de juegos de azar que demandó al país luego de que el gobernador Juan Manuel Urtubey rescindiera su contrato en Salta.

En el Gobierno, en tanto, hizo ruido la situación de un renombrado bufete estadounidense que asesoraba a la Argentina en un juicio contra los acreedores de la deuda pública. Durante el proceso, los abogados requirieron una y otra vez datos clasificados sobre las cuentas argentinas. Ese mismo estudio jurídico tiene entre sus clientes a un hedge fund, un fondo de inversión de estrategias agresivas ávido por demandar al país. Así, los abogados norteamericanos manejaron información privilegiada que, si era compartida con otros clientes, encarnaba un fuerte riesgo para la Argentina.

La resolución 34/2018 elaborada por la Procuración del Tesoro -con el aval de Mauricio Macri- dispuso que, a partir de ahora, todo estudio jurídico o abogado externo que asesore o represente a organismos del sector público deberá presentar una declaración jurada. En ese formulario deberán firmar que "cumplirán las funciones públicas encomendadas respetando el Código de Ética Pública y la ley de ética pública", una situación que los equipara a los funcionarios.

Los estudios ya no serán líberos y deberán obedecer las instrucciones de la Procuración del Tesoro. No solo eso: deberán suscribir que "no asesoran, patrocinan o representan a la parte contraria al Estado nacional en causas judiciales o arbitrales, en sede nacional o internacional" y que no tienen entre sus clientes a empresas que sean proveedoras o contratistas del Estado.

La norma es restrictiva: es habitual que los grandes bufetes representen al Gobierno en una causa y litiguen contra el Estado en otra. Si un estudio jurídico está en esa situación, la nueva norma indica que se deberán hacer públicos los clientes y las causas "detallando carátula, número de expediente, radicación, monto involucrado" para que se evalúe la situación, eventualmente en la Oficina Anticorrupción.

La nueva reglamentación ya generó un eco en el ámbito de los abogados. En ese sector se mostraron de acuerdo con el espíritu de la norma ya que evitará conflictos éticos. Pero a su vez plantearon reparos por el amplio alcance de la normativa.

Por un lado, cuestionaron que se equipare a los asesores jurídicos externos con los funcionarios públicos, porque consideran que los expone a denuncias que podrían complicar la independencia de su trabajo.

Por el otro, en el ámbito letrado se preguntaban por qué no se puede representar a un ministerio en un juicio y litigar contra otro organismo del Estado en una materia distinta, sin un conflicto de interés concreto. Además, los abogados consideran que se debe eximir de la reglamentación a las empresas estatales o con capital estatal mayoritario -como YPF, Aerolíneas Argentinas o AySA-, que suelen enfrentar múltiples litigios.

Los planteos del sector jurídico llegaron a oídos de un sector del Gobierno, que ahora deberá evaluar si acepta flexibilizar las restricciones.

Nuevas reglas para letrados

La Procuración del Tesoro emitió una normativa que obliga a todo abogado externo que asesore al Estado a presentar una declaración jurada, en la que firme que cumplirá con la ley de ética pública.

Los estudios deberán suscribir que "no asesoran, patrocinan o representan a la parte contraria al Estado nacional en causas judiciales o arbitrales, en sede nacional o internacional".

Deberán señalar que no tienen entre sus clientes a empresas que sean proveedoras o contratistas del Estado. Ante potenciales conflictos, intervendrá la OA.

Los bufetes deberán cumplir las pautas que plantee la Procuración del Tesoro.

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