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Asesinatos de periodistas

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28 de mayo de 2018  

El gobierno de México no ha podido controlar el aluvión de violencia que también ha puesto en jaque la vida de sus periodistas. Este drama se enmarca en uno más grande mientras el país marcha rumbo a las elecciones presidenciales de julio, pues el mes pasado se registraron 2720 asesinatos: 90 por día.

Las conmemoraciones por el primer aniversario del asesinato de Javier Valdez, corresponsal de France Press, especializado en narcotráfico, se vieron empañadas por un nuevo homicidio. Hace pocos días, manos criminales troncharon la vida de Juan Carlos Huerta, asesinado mientras circulaba en su automóvil. Es el quinto periodista azteca que muere asesinado en México en lo que va del año y el trigésimo tercero en los últimos cinco años.

Los periodistas que trabajan todos los días para denunciar violencia, corrupción y narcotráfico en México saben que están extremadamente expuestos.

El país cerró 2017 a la cabeza de la clasificación mundial, con 12 periodistas asesinados, la cifra más alta en su historia, siendo el país más peligroso para el gremio periodístico junto con Siria, según Reporteros Sin Fronteras. Desde el inicio del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, en 2012, se registraron cerca de 2000 agresiones a periodistas, 42 de ellas fueron asesinatos.

Ante este panorama, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detalló que de los 74 homicidios registrados entre 2010 y 2017, ninguno ha sido resuelto y ninguno de los agresores fue sentenciado.

Esta situación parece haber favorecido al candidato de la izquierda azteca, Andrés Manuel López Obrador, quien incansablemente promete mano dura contra el crimen organizado.

Urge tomar conciencia respecto de la gravedad del fenómeno y sus implicancias para la vida republicana del país azteca, y de la necesidad de revisar y actualizar los esquemas de protección para los periodistas, así como priorizar el esclarecimiento de las agresiones, casi todas impunes.

La muerte de un periodista es la manera más brutal de acallar las noticias, de intimidar a la prensa para que guarde silencio sobre hechos abusivos o ilegales y de enviar intimidatorios mensajes a todos quienes osen denunciar. Los ataques a la libertad de expresión jaquean el derecho de la sociedad a la información y de ninguna manera pueden quedar impunes.

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