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La libertad de expresión en Internet, un derecho que debe protegerse por ley

Ariel Graizer
Ariel Graizer PARA LA NACION
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29 de mayo de 2018  • 00:46

A fin del año pasado, las comisiones de Comunicación e Informática, de Defensa del Consumidor y de Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen del proyecto de ley que regula la responsabilidad de los intermediarios de Internet. Este proyecto, que protege la libertad de expresión y el derecho a la información en internet, tuvo un debate abierto y amplio que recabó la opinión de representantes de la sociedad civil, de la comunidad técnica, del sector privado y del Estado, dando lugar a un proyecto de unidad impulsado por el senador Federico Pinedo (PRO) y el bloque PJ-FPV, que recibió media sanción en el Senado por amplia mayoría en 2016.

Con la mira puesta en garantizar el pleno derecho a la libertad de expresión y a la información, el proyecto propone un marco legal específico para la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos (proveedores de acceso y conectividad a Internet, servicios de alojamiento de contenidos, plataformas de comercio electrónico, motores de búsqueda, plataformas de redes sociales, etc.).

Ese marco establece que los intermediarios, que incluyen actores públicos y privados, grandes y pequeños, nacionales y extranjeros, no son responsables por los contenidos que generan, publican o suben sus usuarios a internet, salvo cuando tengan conocimiento de ese contenido a partir de una orden judicial. Al establecer el estándar de intervención judicial para la remoción de contenidos en Internet, se garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información.

Tal es así que la iniciativa ha recibido el mes pasado el reconocimiento explícito por parte del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) y del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una nota formal al gobierno argentino. En ella destacan el impacto positivo sobre la libertad de expresión del proyecto de ley y expresan su apoyo a la iniciativa legislativa, por entender que sigue los principios aprobados por organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y la OEA, los estándares que fijó nuestra Corte Suprema de Justicia y recomendaciones de organizaciones referentes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Justamente el consejo de la OCDE incluyó la responsabilidad limitada de los intermediarios como uno de los 14 principios recomendados para la formulación de políticas de Internet tendientes a promover y proteger el libre flujo de información global en la Red. Esta recomendación toma especial relevancia habida cuenta que Argentina está haciendo denodados esfuerzos para ser admitida como miembro pleno de la OCDE.

La norma otorga seguridad jurídica tanto a los actores del ecosistema de internet como a los usuarios. De la misma manera, el proyecto dispone que los intermediarios no están obligados a monitorear los contenidos generados por los usuarios, respetando así su privacidad. Al mismo tiempo establece mecanismos de protección judicial para quienes se consideren afectados por los contenidos generados por otros usuarios y fomenta la auto-regulación.

Las contadas voces que se oponen a la sanción de este proyecto pretenden que los derechos de propiedad intelectual y otros intereses comerciales se consideren por sobre el derecho a la información y la libertad de expresión de los individuos y proponen, además, que los intermediarios de Internet estén obligados a monitorear, supervisar y vigilar los contenidos que los usuarios libremente publican en Internet, arrogándose la potestad de censurar contenidos sin intervención judicial.

Los principales actores de la industria de Internet y de telecomunicaciones, junto con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a libertad de expresión y derechos humanos más importantes de Argentina y del mundo, impulsamos la aprobación de esta norma como mecanismo de preservación del principio fundamental de libertad de expresión en internet.

Presidente de la Cámara Argentina de Internet - CABASE-

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