El Instituto Patria consiguió aval judicial para mantener en reserva la identidad de los asociados y le ganó la pulseada a la IGJ

Maia Jastreblansky
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30 de mayo de 2018  • 10:56

El Instituto Patria, epicentro del kirchnerismo en el llano y comando político de Cristina Kirchner , se anotó en las últimas horas un punto en la extensa batalla legal de dos años que lleva con el Gobierno.

La Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que controla a las empresas y organizaciones civiles, exigió durante meses la lista de asociados de la entidad y los documentos que respaldan las donaciones hechas por los socios. La fundación que preside el ex secretario de Presidencia Oscar Parrilli se resistió a entregar datos de los asociados, judicializó la cuestión y ahora logró el respaldo de la Cámara Civil, en un fallo que generó preocupación en la gestión de Mauricio Macri.

Ante la falta de papeles, a mediados del año pasado la IGJ envío inspectores al Instituto Patria e intimó a la fundación para que presente el Libro Registro de Asociados que tienen todas las entidades civiles. La entidad de Cristina Kirchner no entregó la documentación alegando que la información solicitada por las autoridades está amparada por los datos personales y que podía ser plausible de persecución política.

Entre el organismo de control del Gobierno y el Instituto Patria se desató un tironeo de meses. La IGJ primero libró batalla para conocer las donaciones que recibió la fundación, ya que por ley las asociaciones civiles que reciben más de $ 200.000 por mes deben presentar una declaración jurada sobre el origen de los fondos. Durante 2016 el Patria recibió donaciones de entre $200 y $65.000, que sumaron $ 251.450. La dependencia del Gobierno también exigió copia del libro de asociados, una fiscalización que se le realiza a todas las asociaciones civiles.

Pero el Patria ejerció la resistencia. El exsecretario general de la Presidencia y exjefe de los espías llegó a irrumpir en la IGJ sin cita previa para protestar por el operativo y denunciar una "persecución política".

Así fue que el titular de la IGJ, Sergio Brodsky finalmente sancionó al Patria en una resolución que, de acuerdo a la ley, tiene la validez de un fallo de primera instancia. "La entidad alega la inexistencia de razones de interés general y aduce la protección otorgada por la ley de datos personales de ninguna aplicación al caso", dijo el funcionario.

La organización de Cristina Kirchner redobló la apuesta y apeló en la Cámara Comercial. "No nos hemos negado arbitrariamente a proporcionar los datos. Hemos explicado la imposibilidad legal de hacerlo", señaló el Instituto Patria en su escrito judicial, en el que citó la ley de datos personales y dijo que los nombres de los asociados son "datos sensibles" porque "revelan opiniones políticas". "Es harto evidente que el padrón de asociados del Instituto Patria revela inequívocamente la opinión política de dicho colectivo. Es de público y notorio conocimiento la orientación política y filosófica del Instituto Patria", dijo la entidad kirchnerista.

Fallo

La sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil respaldó la postura del Patria. "Lo que caracteriza al dato personal es la posibilidad de identificar con alguna precisión a la persona -física o juriíica- a la que el dato pertenece. Dicha posibilidad es lo que origina la protección, pues a través del dato se puede llegar no sólo a la persona, sino a establecer conductas y prácticas que sólo mediando la expresa voluntad de ésta pueden trascender la esfera de intimidad", senaló el escrito al que accedió LA NACION firmado por los camaristas Víctor Fernando Liberman, Gabriela Alejandra Iturbide y Marcela Pérez Pardo.

El fallo es visto con desconfianza desde el Gobierno. Pérez Pardo, exesposa del camarista Eduardo Freiler, figuró como miembro de Justicia Legítima en las solicitadas del colectivo que encabezó la exprocuradora Alejandra Gils Carbó e Iturbide fue nombrada -tras concursar el cargo- en la mega designación de jueces que hizo Cristina Kirchner pocos meses antes de terminar su mandato.

"Sin desconocer la función fiscalizadora que la Inspección General de Justicia posee sobre las asociaciones civiles, y aun cuando sus funciones implicaron poner en juego una actividad jurisdiccional, el cumplimiento de la manda impuesta por la IGJ lesiona derechos constitucionales de los asociados del Instituto Patria, como ser el derecho a la intimidad y a la privacidad, a la no discriminación, a la libertad de conciencia y el derecho a asociarse libremente con fines ideológicos", concluyó el fallo de Cámara.

"Este fallo es un antecedente gravísimo, porque con este criterio la IGJ no podrá fiscalizar ninguna asociación civil, ningún club ni fundación. Todas las asociaciones civiles son controladas por IGJ, desde los clubes de fútbol hasta la Fundación Pensar, del macrismo", señalaron fuentes oficiales a LA NACION. No descartaron apelar la decisión judicial incluso hasta con un recurso ante la Corte Suprema.

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