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Entre el "pagadiós" del PJ y el ajuste tan temido

Néstor O. Scibona
Néstor O. Scibona LA NACION
Si Macri no hubiera vetado la ley tarifaria votada por el peronismo, se duplicaría el recorte de gasto público que busca acordar con el FMI
Si Macri no hubiera vetado la ley tarifaria votada por el peronismo, se duplicaría el recorte de gasto público que busca acordar con el FMI
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3 de junio de 2018  

Voto y veto de una ley no son la mejor fórmula para gobernar, aún para un gobierno sin mayoría en el Congreso. Pero habrá que convenir que la ley para anular los últimos ajustes de todas las tarifas y retrotraerlas a noviembre de 2017, votada por todas las vertientes del peronismo, constituye un típico "pagadiós" de la política argentina en los que nadie se hace cargo de la cuenta. Cuando no se precisa cuánto cuesta ni quién paga, quiere decir que el costo recae sobre todos los argentinos por más que una mayoría quiera creer que individualmente se quita un peso de encima.

Mauricio Macri pagó el costo político de vetar la ley horas después de haber sido sancionada. A esta altura no vale la pena analizar sus groseras inconsistencias, que hacen suponer que el principal objetivo era, precisamente, forzar el veto presidencial y acentuar el deterioro de confianza que habían provocado los "tarifazos" del verano. Junto con la devaluación y el pedido de auxilio al Fondo Monetario, el escenario era ideal para la consigna "La Patria está en peligro" enarbolada por el kirchnerismo y la izquierda en la movilización del 25 de mayo y que replican los movimientos sociales y el sindicalismo combativo.

Tampoco sirvió de mucho en el Senado el pase de facturas entre oficialismo y oposición sobre las causas y efectos de la crisis energética que dejó el kirchnerismo, con su correlato de subsidios insostenibles para mantener congeladas las tarifas durante años. Al fin y al cabo, el peronismo se unificó tácticamente para aprobar este "pagadiós" masivo, basado en encuestas de resultado obvio (a nadie le gusta pagar tarifas que suben de a tres escalones) y desentenderse del costo de un fenomenal aumento retroactivo del gasto público en subsidios indiscriminados para quienes los necesitan y quienes no. Máxime cuando la reducción de subsidios a la energía está contemplada en el presupuesto de 2018 y fue hasta ahora la principal vía para achicar el crónico bache fiscal.

Con este ensanche de la grieta, la señal más preocupante es hasta qué punto la Casa Rosada podrá contar con el peronismo legislativo para lo que se viene en materia económica. Y especialmente con el presupuesto nacional para el próximo año electoral, que será enviado al Congreso en poco más de tres meses y debería ser la llave del crédito stand by que se negocia con el FMI.

Si Macri no hubiera vetado la ley tarifaria, su costo fiscal para este año habría sido superior a 130.000 millones de pesos (equivalentes a 1% del PBI), sin contar el freno de inversiones privadas en marcha (por no menos de $ 30.000 millones) para recuperar el déficit de infraestructura en los servicios públicos. Una cifra similar, a su vez, sería el piso para la reducción del déficit primario durante 2019 que se discute actualmente con el Fondo y que, para la mayoría de los analistas privados, oscilaría entre 1,1 y 1,5% del PBI según el resultado de este año. En números gruesos, esto significa que si la ley hubiera sido promulgada debería duplicarse la magnitud del ahorro fiscal para el año próximo a fin de obtener el crédito del FMI por unos 30.000 millones de dólares. Que, por ahora, es la única fuente disponible a menor costo, pero con desembolsos condicionados al cumplimiento de metas trimestrales.

Aun con el veto, no resultará sencillo bajar el desequilibrio fiscal en un rango de 1/1,5% del PBI para reducir las necesidades de financiamiento externo: y mucho menos sin acuerdos políticos que tengan su reflejo en el Congreso. Pero la experiencia indica que los ajustes que no se hacen por las buenas se precipitan por las malas, como acaba de comprobarlo el Gobierno en los últimos tres meses.

El ajuste tan temido para corregir los déficits "gemelos" de las cuentas fiscales y externas (que en conjunto ya equivalen al 11% del PBI), fue evitado por Macri desde el arranque de su gestión con el argumento cierto de que era políticamente inviable y socialmente intolerable mientras no se reactivaran la economía y el empleo. De ahí que recurrió al gradualismo para bajar el desequilibrio fiscal y la inflación; y al endeudamiento externo para financiarlo, que se tradujo en un dólar bajo que estancó las exportaciones e impulsó la salida de capitales por turismo y atesoramiento. A esto se suma que el pago de los intereses de la deuda aumentó el déficit financiero y el desequilibrio fiscal. Estas vulnerabilidades, acentuadas por los errores oficiales que elevaron la inflación, fueron advertidas por los mercados externos antes de lo esperado, incrementaron el riesgo país, desembocaron en la corrida cambiaria de abril y mayo con el salto del dólar de casi 25% y en la decisión de recurrir al Fondo.

Si bien el programa que se negocia con el FMI solo establecerá metas cuantitativas de déficit fiscal, expansión de agregados monetarios y pisos para las reservas netas del Banco Central, las políticas para cumplirlas serán decididas por el gobierno a fin de que la balanza de pagos asegure la sustentabilidad de la deuda soberana. De ellas deberían surgir como resultado el nivel de inflación, tasas de interés y tipo de cambio real proyectado.

Por lo pronto, los especialistas descuentan que la tasa de 40% del BCRA se mantendrá al menos durante dos o tres meses y que el tipo de cambio real (que equivale al de comienzos de 2016) permitirá una paulatina mejora de las cuentas externas, aunque dependerá del porcentaje de traslado a precios de la devaluación. Aun así, suponen que una flotación más limpia dejará atrás por un buen tiempo la etapa de atraso cambiario. De ahí que las consultoras privadas hayan recalculado sus proyecciones para 2018 y ubiquen el crecimiento del PBI en 1,5/1%; la inflación minorista en 25/28% y el dólar a fin de diciembre en $ 26,5/28.

En este marco, el hueso más duro de roer está en el flanco fiscal. Los acuerdos con los gobernadores de los dos últimos años aumentaron el gasto público nacional, que en más de 60% del total (jubilaciones, prestaciones sociales y salarios) está indexado y torna más complicado bajarlo de forma consistente. A esto se suma que las paritarias estatales quedaron desactualizadas por la inflación y que la suba del dólar no sólo eleva el monto en pesos de los intereses de la deuda sino también el de los subsidios, con lo cual los próximos ajustes de tarifas serán mayores que los previstos.

Esto explica que el ministro Nicolás Dujovne se haya anticipado a anunciar medidas de austeridad en el gasto corriente (semanas después del recorte de presupuesto para nuevas obras públicas) y, en especial, el decreto que congelará por dos años el ingreso de personal al sector público. La decisión de no cubrir vacantes rige en la provincia de Buenos Aires desde 2016 y permitió que el gobierno de María Eugenia Vidal pudiera frenar el aumento del empleo estatal, que hasta entonces crecía a un ritmo de 4% anual. En cambio, el pacto fiscal con las provincias sólo prevé esa restricción en los seis meses previos a las elecciones.

Un dato alentador para la Casa Rosada y los gobernadores es que los últimos acuerdos fiscales fueron convertidos en leyes a fin de año y, como tales, forman parte del programa con el FMI. Este esquema permite a la mayoría de las provincias equilibrar sus cuentas y que Buenos Aires recupere en dos años los recursos del ex Fondo del Conurbano para mantener su plan de obras de infraestructura social, que pasó del 4 al 8% del producto provincial. Otro, que la caída de imagen de Macri no fue capitalizada sino mínimamente por Cristina Kirchner con su silencio táctico de los últimos meses y que el peronismo sigue sin un candidato presidencial con chances de ganar en primera vuelta. Por eso se mantiene hasta ahora la intención de desdoblar las elecciones nacionales y provinciales de 2019. Pero no evita, en uno y otro caso, que haya mucho por hacer para recortar gastos innecesarios y fijar prioridades en obras públicas para no tropezar en el camino. No es lo mismo invertir en proyectos que mejoren la competitividad, que el gasto en ornamentar espacios verdes o ensanchar veredas como ocurre en la CABA.

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