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Un mapa con 132 sentencias de desalojo

La situación legal de las comunidades indígenas es heterogénea; hay 479 grupos con papeles
Maia Jastreblansky
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3 de junio de 2018  

El mapa de reclamos indígenas en la Argentina es vasto y heterogéneo. Hay alrededor de 1500 comunidades identificadas en todo el país, que atraviesan distintas situaciones legales con el Estado. Muchos grupos están inscriptos formalmente, fueron censados y tienen una carpeta técnica oficial. Del otro lado hay más de 400 procesos judiciales abiertos por usurpación y 132 sentencias de desalojo que están en suspenso.

La ley 26.160, sancionada en 2006, impidió los desalojos de comunidades indígenas por cuatro años. En paralelo, dispuso la realización de un "relevamiento técnico" para censar a los grupos y evaluar la situación nominal de las tierras ocupadas. Como ese estudio no se terminó en tiempo y forma, la ley tuvo sucesivas prórrogas, la última en septiembre de 2017, en plena efervescencia del conflicto mapuche por el caso de Santiago Maldonado.

De acuerdo a datos brindados por el INAI, el Estado tiene registradas a 1417 comunidades inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Esa es la primera instancia donde los grupos obtienen la personería jurídica.

Hasta ahora, en cumplimiento de la ley, se registraron 479 relevamientos territoriales culminados con entrega de la carpeta técnica a la comunidad que encabeza el reclamo.

En el análisis de situación de cada grupo indígena participan cartógrafos, antropólogos y sociólogos para la elaboración de un informe técnico, histórico y antropológico que luego contempla la situación nominal del territorio. La resolución de la INAI puede demorar años: hasta ahora tiene "papeles" un 29% de los grupos identificados.

La comunidad Trypay Antú, que días atrás recibió un fallo judicial favorable para obtener las escrituras de las tierras en disputa, es una de esas comunidades. Hay, en tanto, otros 386 relevamientos en trámite.

Conflictos violentos

No todas las comunidades, sin embargo, están dispuestas a reconocer a la ley argentina y a enmarcarse en este relevamiento oficial. La comunidad Winkul Lafken Mapu que se instaló en Villa Mascardi (donde murió Rafael Nahuel durante un operativo del Grupo Albatros) no se había inscripto en los registros oficiales y fue denunciada por Parques Nacionales.

Hay más de 400 procesos judiciales por conflictos con comunidades. Allí entran en juego los reclamos aborígenes sobre las tierras, los emprendimientos privados, los intereses provinciales y las tierras fiscales.

Las comunidades relevadas, en tanto, reclaman más de 8 millones de hectáreas de territorio, lo que representa casi el 3% de la superficie total del país y un 25% de los 31 millones de hectáreas cultivadas que tiene la Argentina, de acuerdo a datos de la FAO. Actualmente, el nivel de extranjerización de la tierra a nivel nacional asciende a 5,57%.

Según datos oficiales a los que accedió LA NACION, las provincias llevan entregados más de 200 títulos de propiedad comunitaria a comunidades del país, que suman 2.917.347 hectáreas. La provincia que tiene más regularizaciones dominiales es Jujuy, con 732.000 hectáreas de tierras fiscales provinciales cedidas. Siguen Mendoza (732.000), Chaco (497.000), Neuquén (255.925) y Formosa (240.000).

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