Es urgente mejorar la adopción

Úrsula Basset
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5 de junio de 2018  

El caso de Kiki, el niño de Santa Fe que fue separado de la familia transitoria con la que pasó casi dos años, reaviva el debate acerca del valor que ocupa la adopción en el corazón de los argentinos.

En nuestro país, más de 9000 niños carecen de cuidados parentales, de acuerdo con un informe de 2014 de Unicef en colaboración con la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia. De ese número, solo un 19% se encuentran en alguna forma de acogimiento familiar. El 81% restante se encuentran institucionalizados (en instituciones públicas o privadas), en un estado pasajero que muchas veces se convierte en permanente. Mirando los años anteriores, esta cifra va en aumento.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que lo mejor para un niño es un cuidado familiar y no la institucionalización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo incluso que privar a un niño de la convivencia familiar impide que se convierta en un ser autónomo y pone en riesgo su desarrollo. Sin embargo, aunque todos afirmamos que la niñez está primero, el sistema de adopción no funciona: las listas de aspirantes a adopción son interminables y las largas esperas de esos padres y de esos niños, angustiosas.

El problema en la Argentina no son las leyes, que tratan de evitar que el niño se convierta en una mercancía y de asegurarse de que los adoptantes proveerán una paternidad de calidad. Para eso es que establecen reaseguros y controles. El problema es la aplicación de esas leyes y las prácticas de los sistemas de protección administrativos y judiciales. Quienes quieren adoptar un niño en la Argentina navegan contra viento y marea: es un proceso que lleva varios años de espera, siempre bajo el escrutinio del Estado y sin garantía alguna de que puedan finalmente ver cumplido su anhelo. A la inversa, los niños quedan en un limbo: a veces, por intentos de revinculación infructuosos, con una familia disfuncional, en hogares transitorios o, mayormente, institucionalizados. Y, en el caso feliz de que la adopción resulte, no suele haber acompañamiento del Estado.

Para dar respuesta a esa situación intermedia en que los chicos son separados de su familia, pero aún no llegan a ser adoptados, algunas provincias instrumentaron la instancia de las familias solidarias o de acogimiento transitorio. La condición que se les impone a estas familias es que no pretendan luego la adopción. Ahora bien, la burocracia del Estado alarga tanto los tiempos que muchas veces pasa que un niño se encariña y encuentra una familia donde no debía. Tal el caso de Kiki. ¿Cómo no hacer una excepción? ¿Puede anteponerse el formalismo legal al bien de los niños?

Este caso denuncia que las buenas leyes no están funcionando bien. En primer lugar, hay que realzar el lugar de la adopción en la conciencia social, para promoverla y acompañar a los adoptantes. En segundo lugar, es necesario trabajar para allanar el camino de los pretensos adoptantes y elaborar protocolos eficaces de actuación para los niños, que luego se consensúen en las distintas jurisdicciones. Es necesario cambiar la operatividad y poner en valor la adopción para los argentinos. No hay que esperar un minuto más.

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