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Generar políticas públicas para cuidar las dos vidas

Victoria Morales Gorleri
Victoria Morales Gorleri PARA LA NACION
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13 de junio de 2018  • 00:58

Fueron siete los minutos con los que contó cada expositor en la comisión de la Cámara de Diputados responsable de elaborar los dictámenes previos al debate en el recinto del proyecto de legalización del aborto. Pasaron en total 679 oradores, 351 a favor de la iniciativa y 328 en contra: ambos sumaron casi 80 horas de argumentos. Por otro lado, se presentaron 485.000 firmas a favor (fueron 70.000) y en contra (unas 415.000) de la ley; y hubo multitudinarias marchas con pañuelos verdes reclamando por un aborto legal, seguro y gratuito; y celestes en contra de esa práctica y "a favor de las dos vidas".

Mientras marchamos, discutimos y argumentamos sobre los alcances de esta ley, la radicalización de las posturas y el tratamiento mediático confunden y ponen en riesgo el acto legislativo al exponer información incompleta, tendenciosa o parcial producto de lobbies y presiones en las redes sociales. Y mientras tanto, ahí está la vida humana, esperando que decidan sobre ella: cuándo comienza, cuándo y cómo termina.

En ese contexto, quedó definida una primera versión del proyecto de ley que deja en claro una falta de compromiso con la problemática real del embarazo no deseado y de la vulnerabilidad social de la mujer embarazada, centrándose casi exclusivamente en disponer de herramientas para la interrupción del embarazo sin importar las causas ni las consecuencias. Esto último queda de manifiesto al proponer la legalización del aborto hasta la semana 14, afirmando que el derecho a la vida, salud y libertad de la mujer embarazada son superiores al derecho a la vida del niño. Pero ninguna es más importante que la otra: son las dos vidas las que debemos proteger, asegurando su desarrollo a través de políticas públicas de salud reproductiva.

Otro ejemplo de desprotección a la mujer que se desprende del dictamen, se da en el caso de violación, donde solo es necesario un mero requerimiento y declaración jurada de la víctima para acceder al aborto, garantizándose la reserva de la información aportada por aquella. Esto impide que el Gobierno desempeñe sus tareas en estos casos, ya que por ser la violación un delito penal de acción pública, aquel está obligado a tomar las acciones correspondientes.

Por otro lado, el proyecto de ley establece el acceso irrestricto al aborto (es decir, hasta los 9 meses) en caso de riesgo de vida o salud de la mujer, incluyendo la dimensión social en el concepto de salud, lo que permitiría un causal casi infinito para acceder a esa práctica, tornándola eugenésica y discriminatoria.

Debemos recordar que tanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como la Declaración de los Derechos Humanos, y sobre todo, la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) afirman que: "toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho está protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".

Los que proclamamos la defensa de las dos vidas entendemos las terribles situaciones que condicionan a una mujer a decidirse por el camino del aborto: esa realidad nos duele y nos interpela como ciudadanos y actores de gobierno. Creemos entonces que la solución es fortalecer y generar políticas públicas que las acompañen y protejan en la prevención real del embarazo adolescente, la equidad de género, la reducción de la pobreza y la erradicación de la violencia de género. La legalización evitaría la mortalidad materna en aquellos casos desesperados, pero no que miles de mujeres vuelvan a las mismas situaciones que las hacen tomar la decisión de abortar; y, en todos los casos, dejaría sin la posibilidad de vivir a los niños por nacer.

La autora es directora nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

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