Envían a juicio oral a Cristóbal López, Echegaray y De Sousa por la causa Oil

Cristobal López
Cristobal López Fuente: Archivo
Hoy se sorteará qué tribunal los juzgará por retener indebidamente $8000 millones en impuestos a los combustibles
Hernán Cappiello
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13 de junio de 2018  

El juez federal Julián Ercolini envió a juicio oral al extitular de la AFIP durante el kirchnerismo Ricardo Echegaray y a los detenidos dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, por haber evitado pagar $8000 millones en impuestos a los combustibles entre 2013 y 2015.

Además, intimó a la AFIP a que pague la tasa de justicia si, además de ser acusadora en el juicio penal, quiere demandar civilmente a los acusados para que le paguen una indemnización por el perjuicio que le produjeron al Estado. La AFIP no expresó el monto de la demanda, que se supone multimillonaria, justamente para evitar depositar esa tasa, que, se estima, será muy sustanciosa.

Echegaray, López y De Sousa serán juzgados por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública por un tribunal oral que hoy se sorteará. Los abogados de los acusados pidieron estar presentes junto con un perito informático para controlar el sorteo.

Ercolini habló de la "necesidad imperiosa de que se desarrolle el juicio oral y público, en el que se debatirá con más amplitud la prueba colectada, y producirá el cierre definitivo de la pesquisa que se llevó adelante durante la instrucción".

López y De Sousa están presos desde el 27 de abril pasado, luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, con el voto de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, revocó un fallo que los había favorecido con la excarcelación firmado por la Sala I de la Cámara Federal. Esa decisión, que habían tomado los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, levantó una oleada de indignación en el Gobierno y les significó tener que dejar el tribunal: el primero fue trasladado a pedido suyo y el segundo renunció, tras una licencia.

Ercolini procesó a los empresarios kirchneristas con prisión preventiva el 19 de diciembre pasado y estuvieron encarcelados hasta el 16 de marzo, cuando se firmó el fallo de Farah y Ballestero, que les permitió recuperar la libertad por 40 días.

Echegaray, por su parte, está procesado como autor de la maniobra sin prisión preventiva por haber beneficiado de manera irregular desde la AFIP con planes de pago a Oil Combustibles, que le permitieron no cumplir sus obligaciones en el pago del impuesto a los combustibles líquidos -retenido de manera directa a los clientes de la petrolera- y con ese dinero, según la acusación, se financió el crecimiento de otras empresas del grupo, sobre todo las vinculadas a medios de comunicación.

López y De Sousa quedaron procesados como partícipes necesarios y fueron encarcelados porque el juez entendió que intentaron insolventarse de manera fraudulenta, mediante un irregular proceso de venta de la petrolera.

Todos tienen sus bienes embargados por $17.042.509.692, sus cuentas bancarias congeladas e inmovilizadas y sus cajas de seguridad franjadas por orden judicial.

A Echegaray se le atribuyó "haber otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA -de la cual eran responsables López y De Sousa- por el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural", recordó el juez en el auto de elevación a juicio.

Al enviar al extitular del organismo recaudador estatal a juicio oral, el juez Ercolini rechazó un pedido de sobreseimiento hecho por su defensa.

La maniobra posibilitó que Oil Combustibles, en vez de ser tratada dentro del grupo de grandes contribuyentes, "no pagara el impuesto mencionado en tiempo y forma y utilizara indebidamente y en su propio beneficio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenecía -Indalo- a través de diversos mutuos", agregó la resolución.

Mientras tanto, la Justicia Comercial busca vender Oil para que la AFIP pueda cobrarse la deuda.

Una a favor del fiscal Delgado

Gerardo Pollicita desestimó ayer una denuncia contra el fiscal Federico Delgado por el supuesto delito de haberle tomado declaración testimonial al intermediario brasileño Leonardo Meirelles, que acusó al jefe de los espías, Gustavo Arribas, de recibir transferencias bancarias en una cuenta suiza. El juez Daniel Rafecas ahora deberá decidir si hace lugar al pedido de Arribas para constituirse como querellante.

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