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El sistema judicial y su mirada sobre los derechos humanos

Siro De Martini
Siro De Martini PARA LA NACION
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14 de junio de 2018  • 11:47

La Asamblea General -uno de los órganos más importantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA)- aprobó unánimemente, entre el 4 y el 5 de junio pasados, una resolución promovida e impulsada por nuestro país por medio de la cual se reconoce la trascendental importancia de incluir en los procesos de reformas judiciales en curso de diseño o de implementación las perspectivas propias de los derechos humanos.

Se generó, asimismo, un ámbito concreto de intercambio de experiencias, buenas prácticas y desafíos aún pendientes ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en materia de administración de justicia respecto de ese particular enfoque. Del mismo modo, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la incorporación del tema en su agenda de trabajo, así como su cooperación técnica específica.

Esa norma avanzó en línea con la obligación asumida por la República Argentina de brindar a todas las personas por igual, sin condicionamientos de ningún tipo, una adecuada protección judicial que sea, a la vez, accesible, independiente, rápida y eficaz.

Su relevancia es muy obvia, toda vez que los sistemas judiciales se encuentran siempre, directa o indirectamente, vinculados con las denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos. Según estudios realizados, en el 57 % del total de denuncias que hoy se presentan ante el sistema interamericano, los Poderes Judiciales de toda la región son el agente primario -por actuación o por deficiencias estructurales- en las violaciones a los derechos humanos.

Nos encontramos, por ello, ante una resolución significativa, en virtud de la cual se espera que los Estados Miembros pondrán en más el acento en mejorar los mecanismos judiciales bajo el prisma de los derechos humanos. Con el convencimiento de que existe una relación estrecha entre la vigencia de los derechos humanos y la administración de justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha realizado aportes que contribuyen al fortalecimiento de esos procesos.

Así, a través del Programa Justicia 2020, se impulsó un mecanismo sin precedentes de participación ciudadana y acceso a la información pública en los procesos de reforma judicial, con la participación de casi 40 mil inscriptos, más las múltiples organizaciones de la sociedad civil, que ha generado ya un ámbito fértil y pluralista de debate y consensos.

Entre las muchas iniciativas que han aparecido o se han reforzado de ese modo, se encuentran los Centros de Acceso a la Justicia distribuidos en todo el país, con el foco puesto especialmente en los grupos más vulnerables; el llamado Hospital Legal; y el Servicio del Corredor Nor-Andino para las comunidades indígenas.

Ellas conforman sólo algunos de los andariveles a través de los que se impulsa el objetivo de contar efectivamente con una justicia más accesible para todos.

Por otro lado se han formulado y propuesto reformas a la política criminal, con modificaciones estructurales al Código Penal de la Nación y a su par procesal, para así contribuir a mejorar el debido proceso legal y las garantías procesales, así como la seguridad ciudadana y la libertad física.

Ello se ha hecho con instrumentos alternativos a la simple prisión preventiva y respetando los principios de transparencia, oralidad, digitalización de expedientes y la utilización de un vocabulario que sea sencillo, entre otros.

Además, la llamada ley de flagrancia y los juicios unipersonales son herramientas que apuntan a garantizar plazos razonables en todos los procesos. A su vez, la ley 27.372 ha instalado un nuevo paradigma desde que posibilita, por primera vez, la participación activa de las víctimas en todo el proceso penal.

En el mismo sentido, la independencia judicial se ha fortalecido sensiblemente con las reformas a los procesos de selección de los magistrados, propiciadas, entre otros, por el decreto 491/2018.

Todo lo que se complementa con el trabajo que se está realizando en torno al servicio penitenciario para dotar a los centros de detención del ámbito y de las herramientas necesarias para que los mismos sean verdaderos lugares donde el objetivo de la reinserción social se convierta en una realidad.

Ellas son tan sólo algunas de las líneas de acción que el Ministerio de Justicia ha venido trazando en procura de mejorar la administración de justicia bajo una perspectiva que incluya la temática de los derechos humanos, con vista a que ello no sea sólo un "deber ser", sino una realidad en el corto plazo.

En definitiva, la nueva resolución regional comentada al inicio, que ha sido apoyada y suscripta por todos los Estados Miembros de la OEA, además de generar un ámbito para impulsar el fortalecimiento de los sistemas de justicia tiene, en esencia, un perfil doble, en tanto, por una parte, pone el acento sobre las políticas públicas -en este caso las relativas al accionar de la propia justicia- y, por la otra, en la defensa de los principios esenciales en materia de derechos humanos.

(*) Asesor del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

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