El Gobierno podrá usar el fondo de garantía previsional para bajar el déficit fiscal

Según lo pactado, podrá contabilizarse como ingresos públicos hasta un 0,4% del PBI cuando se utilicen recursos del FGS para pagar el plan de reparación histórica
Según lo pactado, podrá contabilizarse como ingresos públicos hasta un 0,4% del PBI cuando se utilicen recursos del FGS para pagar el plan de reparación histórica Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock
Silvia Stang
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17 de junio de 2018  

El Gobierno podrá utilizar recursos provenientes del fondo de garantía del sistema jubilatorio para pagar con ellos prestaciones, y contabilizarlos como ingresos públicos. De esa manera, se podría registrar una reducción del déficit fiscal de hasta 0,4% del producto bruto interno (PBI). La posibilidad de usar parte de esos fondos (bajo ciertas condiciones) está ya prevista por la legislación, en tanto que la contabilización para aliviar el número del desequilibrio de las cuentas surge de una cláusula incluida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre las metas pactadas está la de alcanzar, para 2019, un déficit primario de 1,3% del PBI (el de este año, según lo previsto, llegará a 2,7%).

Esa cláusula firmada con el Fondo podría asegurarle ya un efecto de disminución de 0,4%. Hay dos motivos, según la normativa vigente, que autorizan a utilizar dinero del FGS. Hasta ahora, según afirmó a LA NACION un funcionario del área previsional, eso no ocurrió (no se usaron recursos).

Una de las situaciones que habilita a la utilización de dinero es un pedido de las autoridades de la Anses para cubrir un déficit en las cuentas previsionales; la otra es la necesidad afrontar el pago de las mejoras a los haberes previstas en el plan de Reparación Histórica, creado por la ley 27.260 y que reconoce reajustes a los ingresos de un grupo de jubilados por haber estado mal liquidados desde el inicio, o bien por haber sido deficientemente actualizados en forma posterior (sobre todo, entre 2002 y 2006); todo ello, en función de los criterios ya expuestos en sus fallos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Concretamente, la ley de reparación dispuso que el pago de los compromisos surgidos del programa "podrá ser atendido con lo producido" del FGS, es decir, con la rentabilidad de sus inversiones. Y en el mismo artículo se agrega que, en el caso de que eso sea insuficiente, "podrá disponerse la realización de activos" (su venta).

Como de por sí el sistema jubilatorio hoy es deficitario, se entiende que ese pedido de recursos al FGS estaría habilitado. A poco de aprobarse la ley, en 2016, hubo una presentación judicial para frenar esa disposición relativa al uso del fondo de garantía, pero la Anses apeló y logró que se revirtiera esa orden. Esa causa, de todas formas, sigue en la Justicia y está a la espera de una definición de fondo, por lo que aún no está todo dicho.

El fondo de garantía fue creado por decreto en 2007 (cuando algunos afiliados a la capitalización fueron transferidos al sistema de reparto), pero fue principalmente alimentado, más tarde, con la totalidad de los ahorros que estaban en las cuentas individuales del sistema de AFJP, eliminado por ley en 2008. Hoy tiene un saldo de alrededor de $1,35 billones y, según el último informe -con datos al primer trimestre de este año- el 56,6% está invertido en títulos públicos, en tanto que un 19,4% son acciones y el 5,4% está en créditos del sistema Argenta, entre otras inversiones. En los primeros tres meses del año el rendimiento fue de 5,3%.

La letra de lo acordado con el FMI va más allá del mencionado registro de fondos para un alivio del déficit fiscal. En el escrito se menciona que "la contabilización de los ingresos por activos mantenidos por el FGS como resultado de la nacionalización del sistema de fondos de pensión en 2008 implica una cuestión metodológica compleja". Y agrega que, si bien después de esa decisión política (de eliminar la capitalización), el presupuesto nacional reflejó el incremento del gasto en jubilaciones, nunca se registró el ingreso de recursos que hubo para el sistema previsional público (que hasta entonces existía como una opción a la capitalización y que quedó como régimen único). En rigor, sí se cuentan como ingresos los aportes y contribuciones mensuales que se destinan al sistema, pero el comentario se refiere a los saldos que estaban en las cuentas de los entonces afiliados a las AFJP y que pasaron a integrar el FGS.

Por esa situación, que se considera una deficiencia, se acordó que habrá una asistencia técnica del FMI para asesorar "sobre el registro correcto de la operación de nacionalización y los cambios subsiguientes en el sistema de pensiones, que sean consistentes con principios estadísticos sólidos como los incorporados en el Manual de Estadísticas Públicas del FMI".

Con respecto a la reparación histórica, la Anses paga mejoras de haberes a poco más de 1,2 millones de jubilados, una cifra que casi no varió en los últimos meses. Cuatro de cada diez de esas personas cobraban antes la jubilación mínima.

Los números del FGS

Más de la mitad de los recursos está en deuda pública

  • 1,35 billones de pesos: Es el saldo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está principalmente integrado por los fondos que estaban hasta 2008 en las cuentas de los entonces afiliados a las AFJP
  • 56,6% títulos públicos: Según el último informe oficial del FGS (datos al primer trimestre de este año), esa es la participación que tienen los bonos en el total de la cartera
  • 37,4% rendimiento: Es el crecimiento que registró el saldo del fondo en todo el año 2017; en el año anterior había evolucionado un 31,8%, siempre según los informes oficiales

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