Ley de mecenazgo: balance, debate abierto y tiempo de cambios

Nació hace una década para alentar proyectos culturales particulares, pero su uso se desvirtuó, y ahora suele ser complemento privado de la política pública

Alejandro Cruz
Bianca Pallaro
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24 de junio de 2018  

Cuando se anunció la implementación del Régimen de Promoción Cultural conocido como mecenazgo se habló de él como una herramienta fundamental para el estímulo de las artes y la cultura. Una década más tarde, este mecanismo que permite al sector privado derivar hasta un diez por ciento de sus impuestos para apoyar proyectos culturales da señales de un funcionamiento que, visto incluso con los ojos del propio Ministerio de Cultura porteño, merece una revisión. Por un lado, viene de atravesar momentos críticos desde el punto de vista financiero, y por otro abre algunas líneas de debate, especialmente en dos aspectos: la posibilidad sostenida de que organismos públicos sean beneficiarios del programa y la reincidencia de grandes privados que a través de los años aparecen en el top ten.

Según información oficial requerida por LA NACION Data, el pico de actividad de mecenazgo, sea tanto por montos otorgados como por beneficiarios, fue en 2016 cuando Darío Lopérfido era el ministro a cargo. Durante ese período se alcanzó a un monto de 546 millones de pesos y de 1104 beneficiarios, mientras que el año pasado, durante la gestión de Ángel Mahler, se produjo una baja del 41% por ciento en el monto total otorgado y una caída del 61% por ciento en el número de beneficiarios. Algunos recientes movimientos de Enrique Avogadro, el tercer ministro de Cultura de la ciudad en dos años y medio de gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno, dan cuenta de que se viene un proceso de reformulación de este mecanismo de fomento.

En la lectura de los beneficiarios de mecenazgo a través de los años llama la atención, por ejemplo, la cantidad de fundaciones y asociaciones de amigos de museos y teatros públicos que se han convertido en los principales beneficiarios. Por ejemplo, la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba), los Amigos del Teatro San Martín y la Fundación Teatro Colón se encuentran entre los seis mayores beneficiarios del programa en los últimos siete años, concentrando casi el 10 por ciento ($178.384.734 pesos) del total de montos aprobados entre 2.140 favorecidos. De ellos, el que obtuvo mayor aporte económico fue el Mamba, con casi 61 millones para 40 proyectos. Le sigue la Fundación de Amigos del San Martín (que, en verdad, hay que entender como asociación vinculada al Complejo Teatral de Buenos Aires), a la que se le destinó algo más de 56 millones para 17 proyectos. El podio se completa con la Fundación del Colón, con algo más de 24 millones para 6 proyectos. No son los únicos organismos públicos: le siguen el Instituto Histórico de la Ciudad, en el puesto 12; el Museo Isaac Férnandez Blanco, en el 16, y el Larreta, en el escalón 20.

En un breve repaso de su historia, la ley 2.264 estableció la creación de un Consejo de Promoción Cultural cuya función es determinar el interés cultural de los proyectos presentados en distintas áreas (música, teatro, danza, artes visuales, etcétera). La norma fue aprobada en la Legislatura en 2006, cuando Jorge Telerman era jefe de Gobierno. Mauricio Macri, su sucesor, dispuso su implementación a fines de 2008. Cabe recordar que en 2004, cuando Telerman fue a la legislatura porteña para defender esta ley y otros tres proyectos similares, había asegurado ante los diputados que "de ninguna manera estas leyes significan una privatización de la actividad cultural de la Ciudad sino que la participación privada en el fomento de la cultura tiene que entenderse como un complemento y no como un reemplazo de la actividad estatal". Su sucesor, el actual Presidente, aseguró a tiempo con la instrumentación: "La normativa llegó para engrosar la producción cultural de la Ciudad y no para sustituir a la gestión estatal".

A lo largo de estos años, la delicada línea entre entender a esta norma como complemento de privados al servicio de una política cultural pública o el reemplazo/sustitución de fondos privados en la gestión estatal entró en zonas difusas. La ley no se detiene en esa letra chica, pero los datos oficiales en los que se consignan los beneficios -con un detalle del objetivo del proyecto aplicado- demuestran que fueron destinados a programación artística y cuestiones de edilicias de estos organismos.

El monto más elevado adjudicado al Mamba, casi $18 millones, en 2015, fue para la construcción de un sector del museo. Desde 2011, las muestras de Antonio Seguí, Sergio Avello, Marta Minujín, Pablo Picasso y otras seis exposiciones fueron financiadas vía mecenazgo. En el Colón, un monto similar fue para el Centro de Documentación. Y en el Complejo Teatral, tanto la sala itinerante del San Martín como la temporada internacional 2017/8, proyectos que rondan los $15 millones cada uno, fueron financiados con esta modalidad.

En 2015, cuando se cumplieron seis años de la puesta en marcha de mecenazgo, el gobierno publicó un libro con todo lo actuado. LA NACION publicó una nota a manera de balance que consignaba distintas voces. Américo Castilla, integrante del primer jurado y hasta 2016 parte del Ministerio de Cultura de la Nación, afirmaba: "El sistema funciona. Permite hacer alianzas entre empresas. Y la cultura sin alianzas no funciona". Adhemar Bianchi, director del Grupo de Teatro Catalinas Sur, decía: "Por un lado, no puede ser que el Estado desligue en mecenazgo acciones que debieran serle propias, porque se corre el riesgo de dejar en manos de las empresas el rol de elegir ciertas acciones culturales. Por otro, para Catalinas, con años de trayectoria y currículum, esta ley funciona a la perfección. Pero para grupos que quieren empezar no funciona tan bien porque es complejo acceder a los recursos de las empresas. Las fundaciones grandes tienen contadores y una estructura, pero en un comercio del barrio no entienden de qué estás hablando".

En el análisis de los grandes beneficiarios históricos se observa que los organismos o instituciones de peso, ya sea públicos o privados, resultan ser los mayores beneficiarios. Entre los privados, la Fundación Cultural Coliseum fue la que obtuvo más dinero: 74 millones de pesos para 4 proyectos (tres de ellos, vinculados con la restauración del Teatro Coliseo). Le sigue la Congregación Israelita de la República Argentina, con algo más de 67 millones (la presencia de instituciones religiosas entre los grandes beneficiarios es otra de las constantes). El podio lo completa la Fundación Konex, con algo más de 61 millones para 19 proyectos.

Tanto la Fundación del Coliseum y la del Konex como las asociaciones de amigos de los tres organismos públicos más beneficiados son presididas por apellidos fuertemente vinculados a la actividad empresarial: Soldati, Andreani, Blaquier, Rattazzi, Ovsejevich.

En abril de este año, el cineasta Mariano Llinás estrenó en el marco del Bafici La flor, proyecto cinematográfico de Pampero Cine. El film obtuvo el premio mayor. Cuando le tocó agradecer el galardón, frente a las autoridades de Cultura, dijo: "Si la ciudad nos hace difícil los mecenazgos a los que hacemos películas, nos hace unas tramoyas inexplicables, nuestras películas no van a existir más". En diálogo con LA NACION, amplía el concepto: "Lo que está apareciendo son los resultados del famoso 'recorte'. Efectivamente, proyectos que antes salían de los presupuestos de cada área (como los de Patrimonio, por ejemplo, o las iniciativas de los diferentes museos) pasaron a ser canalizados por los mecenazgos. Esto es complejo por varios motivos bastante nítidos: más allá de que en el mediano plazo comporta una virtual privatización de la gestión cultural pública, también sucede que si los mecenazgos empiezan a ir a instituciones lo previsible es que lentamente la asignación vaya dejando afuera a los pequeños esquemas de autogestión que son los que más lo necesitan".

Entre 2011 y 2017, el 38% del monto total otorgado se destinó a proyectos relacionados con patrimonio. En contraposición, el diseño, el circo, la murga y la artes populares concentraron solo el 3%.

Todo indica que Enrique Avogadro revisará el funcionamiento de la norma porteña. Hace unas semanas, el propio Jorge Telerman, director del Complejo Teatral y del Consejo Cultural, comentó que el gobierno pensaba limitar el número de instituciones públicas beneficiarias como evitar que año tras año un mismo organismo resulte ser elegido.

De hecho, el actual ministro ya presentó en la Legislatura un borrador con el objetivo de hacer modificaciones a la ley. Por lo pronto, esta semana Avogadro realizó una reunión entre artistas seleccionados en 2017 y CEO de distintas empresas. Y el miércoles se actualizó la página web del organismo que preside Patricio Binaghi y cuya gerenta del área es Josefina Rouillet, esposa del extitular del Banco Central Federico Sturzenegger. El mes próximo debería abrirse la convocatoria 2018 y en el gobierno comparten la expectativa de llegar a diciembre con el anuncio de los ganadores.

El encuentro del martes tuvo lugar en la Usina del Arte, el mismo escenario donde, en septiembre de 2016, el presidente y buena parte de su gabinete defendió el proyecto de ley de mecenazgo a nivel nacional. Con el paso del tiempo, no llegó a tener tratamiento parlamentario.

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