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La riqueza de la democracia está en el debate

Gabriela Michetti
Gabriela Michetti PARA LA NACION
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24 de junio de 2018  

Por primera vez en la historia de nuestro país se está dando un debate profundo sobre el aborto , y lo que finalmente se resuelva debe ser el resultado de escuchar a todas las voces y analizar todos los argumentos.

Nuestro sistema parlamentario permite el desarrollo de este debate y esta discusión en dos tiempos, uno en cada cámara, y cada una de ellas tiene características y composiciones propias que permiten enriquecer la mirada del debate.

La Cámara de Diputados representa de una manera más directa a la población en su rica diversidad, y el Senado representa a las provincias, con sus realidades particulares, con su idiosincrasia local y con la mirada puesta en cómo afectan las normas a una y otra provincia.

Se ha escuchado que algunas personas consideran que no debe darse discusión en el Senado "porque en Diputados ya se discutió suficiente". Tal afirmación desconoce en absoluto la riqueza de nuestro sistema parlamentario, y del sistema federal en el que se organiza nuestro país.

En su paso por Diputados, el proyecto tuvo una discusión acorde con la mirada que debe darle esa cámara a un debate, y acorde con un texto de un proyecto de ley que ha sido modificado y ya no es el mismo.

El Senado deberá analizar un texto modificado, tal como fue aprobado en Diputados, y deberá analizar cada artículo de este proyecto con la mirada puesta en cómo impacta en la vida de las provincias; es su rol constitucional.

No es responsable hablar de acortar o dilatar el debate. Los tiempos necesarios los deberán establecer los senadores, según cómo ellos acuerden la manera más seria de estudiar este tema.

En la asignación de giros que he realizado, en cumplimiento con mi deber como presidenta del Senado, no hay planteos de tiempo.

Con seguridad el tema se tratará en un plenario de comisiones, es decir, una reunión en la que se juntan los senadores de las comisiones intervinientes. Que esa reunión tenga algunas sillas más es un dato menor, o en todo caso, le aporta miradas enriquecedoras.

Yo no defino cuántas reuniones tendrá ese plenario, o qué modalidad adoptará el debate; eso lo acuerdan entre sus integrantes.

Por último, respecto de ciertas críticas recibidas por los giros asignados quiero expresar que fue la misma cantidad de comisiones que la otorgada por Diputados.

Entiendo que nadie puede objetar la intervención de la Comisión de Salud para conducir el debate, ni de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, ya que modifica directamente el Código Penal.

En relación con la participación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque hubo alguna crítica, entiendo que la mayoría comprende con racionalidad que debe tener la mirada desde esa perspectiva, toda vez que nuestra Constitución Nacional desde el año 1994 incorporó como parte suya los tratados internacionales en materia de derechos humanos, materia que se ha puesto en juego en este debate, tanto desde una posición como desde la otra. Y no solo debe analizarse por su posible relación con el Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, o con la Convención sobre los Derechos del Niño. También, debemos considerar que, en las correcciones incorporadas en Diputados, se le incluyó referencias de interpretación directa, que completan el texto de la ley, a normativa de derechos humanos regulada en tratados internacionales con rango constitucional.

Por último, la crítica más fuerte que he recibido es el giro que considero más claro. Si una ley como la que se está discutiendo, de ser sancionada, deberá ser llevada adelante por el Estado (sea este nacional o provincial), es esencial considerar el factor presupuestario, pues si no la ley será absolutamente inaplicable.

Que una prestación sea gratuita para el paciente no significa que no sea pagada por el Estado. Esto pasa con absolutamente todas las prestaciones y servicios que brinda el Estado gratuitamente; se financian con dinero del fisco.

El Congreso tiene la potestad de decidir, mediante una ley, que el Estado deba hacerse cargo de cubrir cualquier costo que sea otorgado gratuitamente al ciudadano. En todos los órdenes. Pero para poder tomar esa decisión debe saber cuánto le está ordenando al Poder Ejecutivo destinar a ese beneficio, y de dónde debe sacar los fondos para tal fin, si no sería toda una puesta en escena sin una aplicación real posible. Esta mirada es la que le aporta la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Espero que las pasiones que este tema despierta no nublen a los senadores, que son conscientes y habitualmente grandes defensores del enorme rol institucional que tiene el Senado de la Nación, y les permita dar lugar a un debate con la altura que este tema necesita.

Vicepresidenta de la Nación

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