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Las provincias prepararon su lista de propuestas para discutir con la Nación

Incluye el traspaso de AySA y las eléctricas a Buenos Aires y Capital Federal, y el atraso en la baja de Ingresos Brutos
Gabriela Origlia
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30 de junio de 2018  

CÓRDOBA.- Los gobernadores peronistas preparan una propuesta para discutir con la Nación de cara a la aprobación del presupuesto 2019. El martes próximo se reunirán sus ministros de Economía para diseñar el aspecto técnico, que incluye las transferencias de AySA, el ENRE y la Justicia de la ciudad de Buenos Aires a la gobernadora María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta y, como adelantó LA NACION, la postergación de la reducción de Ingresos Brutos establecida en el pacto fiscal.

En la Casa de Entre Ríos, los ministros empezarán a esbozar lo que los gobernadores le presentarán a la Casa Rosada en 10 días. El primer punto que incluirá el documento es el que le vienen planteando al Gobierno desde hace un mes: la reducción de subsidios específicos a los porteños y bonaerenses.

Apuntan a que la ciudad de Buenos Aires y la provincia se hagan cargo de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que atiende solo a esos distritos y cuyo presupuesto se sostiene con aportes de todo el país y equivalen a $5500 millones al año.

También piden que el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) salga de la órbita nacional porque no atiende los problemas de todo el país, lo mismo que Edenor y Edesur, y que la Justicia de CABA pase a ese distrito (desde la Rosada les dijeron que los empleados no quieren pasar al gobierno porteño). Incluso, hay algunos ministros que entienden que Prefectura también debería ser sostenida por Rodríguez Larreta.

Todo el paquete implica un alivio para los fondos nacionales de unos $110.000 millones, y legisladores del Peronismo Federal ya presentaron proyectos tanto en Diputados como en el Senado para el caso de las tres empresas de servicios públicos.

"El Gobierno no dijo nada", afirmó a LA NACION el secretario de Pymes, Mariano Mayer -quien participó ayer del Forum Pyme en Córdoba- respecto de la posibilidad de flexibilizar el pacto fiscal, pero admitió que habrá negociaciones.

Insistió en que entre las empresas pymes -con las que tiene contacto permanente- hay "malestar" por la suba de Ingresos Brutos en diez provincias. Fueron las que usaron el resquicio que dejó el propio pacto fiscal, que puso la vara más alta en las alícuotas que las que existían.

Para el funcionario el impulsor de la rebaja de los impuestos tiene que ser el interés de los gobernadores de que haya más actividad. Funcionarios de Hacienda e Interior entienden que hay provincias superavitarias que podrían reducir presión tributaria aun en un marco de ajuste, ya que parte de ese esfuerzo se compensaría con las mejoras de las transferencias de coparticipación.

"Nosotros pediremos frenar todo, ellos dirán que nada y seguramente habrá posibilidad de un acuerdo a mitad de tabla". Así graficó a este diario un funcionario cordobés la expectativa que hay por la renegociación del pacto fiscal, que, al ser ley, requiere de una adenda para introducir cambios.

El próximo año, además de las bajas pautadas para Ingresos Brutos, las provincias comenzarán a sentir más fuerte modificaciones impositivas, como el revalúo impositivo (este año las beneficia pero el que viene, no) y la primera rebaja (por tres años) de la alícuota en Ganancias para las empresas (recortará fondos que se coparticipan). En ese contexto, el objetivo de los gobernadores es que se avance con la baja de alícuotas que menos golpean sus finanzas y que, en las de más impacto, o se postergue la baja o sea más gradual.

Por ejemplo, la baja de Ingresos Brutos sobre Comercio y Sector Financiero incide fuertemente en los números de las provincias más grandes; otra alternativa también es que puedan mantener Sellos por más tiempo. "Hay que buscar un camino intermedio", reiteran las fuentes.

Respecto de qué recortes los afectarían, los gobernadores todavía no tienen un panorama claro, pero estiman que Nación, por ejemplo, podría congelar el Fondo de Incentivo Docente y eliminar algunas transferencias relacionadas con planes sociales y de salud menores, pero que los obligará a ellos a atender las necesidades de municipios.

Descartan cambios en el financiamiento a las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas porque existe un compromiso por ley y dejar de enviar ese dinero generaría demandas judiciales, además de cortocircuitos políticos en un momento en que la Nación pretende sacar el próximo presupuesto.

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