Farmacias: ¿y si pensamosen el consumidor?

Un absurdo proyecto de ley pretende impedir que la población se beneficie de la libre competencia negándole el derecho de elegir qué y dónde comprar
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5 de julio de 2018  

Resulta común que muchos legisladores imbuidos de las teorías que abogan por una fuerte intervención estatal en la economía terminen siendo funcionales a una generalizada cultura seudoempresaria que, frente a cada problema, busca una solución fácil por la vía del dictado de normas que impiden que la población reciba los beneficios de la libre competencia, muchos de los cuales provienen de las economías de escala y que garantiza el artículo 42 de nuestra Constitución nacional. La experiencia mundial ha demostrado que resulta de muy poca utilidad pretender disponer por la fuerza normativa quiénes y cuántos pueden hacer qué cosa, dónde y cómo en un mundo caracterizado por cambios sociales y económicos muy veloces. Por eso, en lugar de regular estructuras es más eficaz controlar conductas concretas a la luz de las normas sobre competencia y protección de los consumidores o usuarios.

Un ejemplo de esta nociva práctica lo patentiza el proyecto de ley que presentaron los diputados del Frente para la Victoria Fernanda Raverta, Agustín Rossi, Máximo Kirchner, Rodolfo Tailhade, Mónica Macha, Andrés Larroque, Julio Solanas y Carlos Castagento, junto con los legisladores Cecilia Moreau y Daniel Arroyo (Frente Renovador), Ivana Bianchi (Unidad Justicialista) y Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria).

Esa también retrógrada iniciativa propone modificar aspectos de la ley sancionada en 1967 por el general Onganía, que regula la actividad de las farmacias en todo el país e incluye la facultad de las autoridades para determinar la cantidad y ubicación de las farmacias que podrán permitirse en cada sitio y la prohibición de que sean de propiedad de sociedades anónimas.

Se trata de otro intento más, y muy obvio, de impedir la operación de las cadenas, porque, a pesar de remarcar en sus fundamentos la importancia del profesional farmacéutico, el proyecto sí permite que las farmacias sean propiedad de sindicatos u obras sociales. Más aún, entre los fundamentos del proyecto se apunta concretamente contra la cadena Farmacity, con una serie de argumentos de naturaleza política que claramente se dirigen contra uno de sus accionistas, Mario Quintana, actualmente integrante del gabinete nacional, lo que termina personalizando impropiamente el objetivo de una ley que, por definición, debe estar por encima de circunstanciales rencillas políticas o pases de facturas.

El proyecto es otro ejemplo de regulaciones pretendidamente dirigidas a diseñar y planificar prescindiendo de lo que la gente prefiere hacer y elegir cada día.

No se trata de defender las grandes cadenas contraponiéndolas al prototipo del tradicional profesional farmacéutico independiente, sino de respetar la libre elección de los ciudadanos en favor de uno u otro modelo, controlándolos eficazmente a ambos desde el papel del Estado.

El proyecto es, además, poco realista porque varias de sus disposiciones asumen que detrás de un mostrador siempre hay un farmacéutico, algo que no sucede generalmente incluso en las farmacias tradicionales. La exigencia de un farmacéutico se origina en los tiempos de los boticarios, cuando en las farmacias se elaboraban los remedios con recetas magistrales. Ahora, los medicamentos ya vienen elaborados, cerrados, etiquetados y aprobados. No hay razón alguna para impedir que haya cadenas que tengan simplemente un farmacéutico autorizado.

El requisito de la propiedad unipersonal o a través de sociedades de tipos simplificados integradas por farmacéuticos nada agrega a la responsabilidad del profesional que ejerza la dirección técnica del comercio. Tan trascendente como la función de las farmacias es la de las clínicas y estas pueden ser propiedad de una sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad de los profesionales que allí trabajan.

Las farmacias tradicionales carecen de capital de trabajo y dependen de la provisión diaria de las droguerías, que son las que compran a los laboratorios. Las grandes cadenas de farmacias, con mayor capital, pueden comprar directamente y aprovechar su poder de compra para bajar los precios en beneficio del público.

Atribuir a los gobiernos de cada provincia la potestad de disponer, a la manera de ciertas regulaciones medievales que rigieron hasta hace relativamente poco entre nosotros, qué distancia mínima deberá existir entre farmacias según la demografía del lugar, además de facilitar manejos poco transparentes, es otro ejemplo de regulación de servicio público al revés: en lugar de buscar que haya más competencia y servicio, se intenta restringirlo reduciendo la cantidad de bocas de expendio.

Además, una ley puede prohibir que una empresa privada inicie una actividad en algún sitio comercialmente atractivo, pero difícilmente sirva para obligar a otra a que lo haga donde es imposible asegurar cierto nivel mínimo de actividad.

Por cierto, para el caso de que la instalación de cadenas de farmacias determine en un futuro que algunas de ellas ejerzan prácticas anticompetitivas, podrán ser objeto de las pertinentes denuncias de parte de los sectores afectados, que deberán ser consideradas y resueltas por la autoridad de defensa de la competencia. Del mismo modo, las particularidades e incidencia que tiene sobre la salud de la población la comercialización de medicamentos siempre pueden ser objeto de regulaciones especiales tanto para cadenas como para farmacias individuales, sin que por ello haya que prohibir la actividad de unas u otras en sana competencia.

Como hemos señalado en estas columnas con motivo de la irracional hostilidad del gobierno y de parte de la Justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires contra algunos modelos de negocios propios de la nueva economía, como es el caso de Uber, corresponde que legisladores y magistrados recapaciten seriamente sobre estos intentos de hacer ingeniería socioeconómica y que expliquen qué protección legal les ha reclamado la población, es decir, los usuarios o consumidores, y contra qué problemas específicos. Los fundamentos de este absurdo proyecto de ley no permiten conocer nada de eso y, una vez más, pasan por alto la libertad de elección que deben defender y respetar para los principales destinatarios: los consumidores y los usuarios.

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