Una discusión de Estado, no de creencias religiosas

Miguel Ángel Pichetto
Miguel Ángel Pichetto PARA LA NACION
La interrupción voluntaria del embarazo es un tema de salud pública sobre el que hay que legislar en pos de la justicia y la equidad
Fuente: LA NACION
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10 de julio de 2018  

Legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una cuestión de salud pública. En consecuencia, el Estado debe intervenir. Así lo entendió la Cámara de Diputados y así debe ser entendido en el Senado. De esto no puede haber dudas precisamente porque esta ley trata sobre justicia, sobre equidad, teniendo en cuenta la situación de las mujeres pobres, el rol de las mujeres y sus nuevas demandas. Como todo esto es lo que está en juego, la discusión de este proyecto no puede de ninguna manera quedar supeditada a las convicciones y sentimientos personales.

Hay un precedente importante que puso de relieve la intensidad de la hipocresía de algunos sectores de nuestro país. Quiero rescatar el ejemplo de ese gran ministro de Salud que tuvo Néstor Kirchner, que fue Ginés González García. Él impulsó el programa de salud sexual y reproductiva, promoviendo la prevención mediante la distribución de métodos anticonceptivos. Planteó el rol de la escuela como núcleo de la educación de los adolescentes en materia de prevención. La respuesta de los sectores más retrógrados de la Iglesia y del conservadurismo fue el agravio.

El tema es parte de la lucha de las mujeres por el reconocimiento legal a la igualdad, el derecho a tomar sus decisiones en libertad y con plena autonomía. Otro hito fundamental de avance en el reclamo legítimo del colectivo de mujeres es el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso "F.A.L.". Allí se estableció la obligación que tienen los jueces de garantizar derechos y no convertirse en un obstáculo para ejercerlos. Esta es la línea que debemos seguir los legisladores en este debate. Asimismo, el máximo tribunal exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementar protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, que, vale recordar, están contemplados en el Código Penal desde 1921.

Sin embargo, nuevamente posiciones retrógradas, inspiradas en visiones casi medievales, impidieron muchas veces la aplicación de la decisión de la Corte. Como el protocolo no está consolidado en todas las provincias a través de las legislaturas, hay casos en los que se impide la interrupción de embarazos, obligando a víctimas de violación a tener hijos no queridos.

Ese fallo constituyó un avance importante, aunque, de cierta manera, fue una oportunidad perdida para lograr un camino intermedio hacia una ley más plena, como la que actualmente estamos discutiendo. Lamentablemente, el gobierno nacional de aquel tiempo no impulsó la conversión en ley de los lineamientos del fallo "F.A.L.".

Durante este tiempo, la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo arrojó a cientos de miles de mujeres a la ilegalidad y posibilitó un millonario negocio clandestino. En muchos casos sus vidas terminan en hospitales públicos, a los que llegan con pocas esperanzas. Especialmente en el caso de las pobres, las muy jóvenes y quienes viven en zonas rurales, que se ven empujadas a usar métodos peligrosos, inseguros y sin las más mínimas garantías sanitarias.

En la mayoría de los países democráticos, tanto en América del Norte como en Europa, este tipo de legislación está consolidado.

El reconocimiento de la igualdad de la mujer exige que esa decisión sea tomada en libertad y con autonomía. Ya en 1973 la Corte Suprema de Estados Unidos afirmó, en el fallo "Roe vs. Wade", que el Estado carece de poder para prohibir la interrupción voluntaria de un embarazo, ya que esa decisión se basa en el derecho a la privacidad de la mujer y su libertad de elección. Para el tribunal, durante el primer trimestre, la mujer tiene derecho a interrumpir el embarazo libremente y toda restricción que un Estado pretenda imponer resulta inconstitucional.

Lo dije en el debate del matrimonio igualitario: el tiempo, la realidad social y la vida van determinando la necesidad de adaptarse. Las sociedades evolucionan y las instituciones deben acompañar esa transformación. Si fracasan en ese objetivo, se alejan de la comunidad y crece el riesgo de que el sistema y la sociedad emprendan caminos separados. Cuando se trata de una discusión que busca garantizar un nuevo derecho, es meritorio que desde la cabeza del gobierno nacional se haya habilitado el debate. Pero esto por sí mismo no es suficiente; es imprescindible que se lo lleve adelante y a buen puerto.

En nuestro país, las creencias son un asunto privado de las personas. Este debate fue saldado hace tiempo, cuando, en 1888, se dio el paso extraordinario de sancionar la ley de matrimonio civil y separar los asuntos públicos de la práctica religiosa.

Durante su presidencia, en 1987, Raúl Alfonsín logró hacer aprobar la ley de divorcio vincular, como en 1954 lo había hecho el presidente Juan Perón. Más recientemente, en el marco de la gestión de la expresidenta Cristina Fernández, avanzamos aún más en el reconocimiento de nuevos derechos al votar la ley de matrimonio igualitario.

Los cultos con mayor cantidad de fieles en la Argentina deben ejercer la tolerancia, respetar las reglas de una sociedad laica y las decisiones de todas las personas sobre sus vidas. Entender y comprender que las instituciones también tienen que evolucionar como lo hacen las personas. Escuchar las experiencias, sentir el sufrimiento.

Quienes tenemos responsabilidades públicas no podemos permitir que las creencias sean un obstáculo a la hora de tomar decisiones. En esta visión moderna del Estado, los temas se debaten sin prejuicios. Debatir democráticamente sobre este tema y legislar en la materia significa terminar con las desigualdades.

A pesar de los discursos pesimistas de la época, después de 1987 no hubo cataratas de divorcios. Muchos de quienes votaron contra el matrimonio igualitario se arrepintieron públicamente. No habrá mayor cantidad de interrupciones de embarazo porque las habilite una norma. Se harán de manera legal, con profesionales idóneos y en condiciones sanitarias seguras. Los costos para el Estado disminuirán drásticamente al desaparecer las consecuencias por complicaciones, al tiempo que se reducirá el costo de los medicamentos que se expedirán de forma legal, tal como lo demuestran los países que lo aplican desde hace años.

A partir de esta sanción, solo seremos un país más justo. No es poco.

Senador nacional, presidente del Bloque Justicialista

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