Hacia dónde mira el Gobierno para negociar la reducción

El foco de Hacienda está puesto sobre el alza de la coparticipación que recibirán las provincias
El foco de Hacienda está puesto sobre el alza de la coparticipación que recibirán las provincias Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno
Francisco Jueguen
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13 de julio de 2018  

En su afán por reducir el rojo en las cuentas públicas y cumplir los condicionamientos impuestos por el acuerdo con el FMI , el Gobierno atravesará la espinosa tarea económica -pero principalmente política- de eliminar de un plumazo $300.000 millones entre el presupuesto 2018 y el que deberá consensuar en el Congreso para 2019.

Dos preguntas ordenan el debate hoy por hoy. De qué partidas provendrá el ahorro y quién pagará el costo de ese ajuste, de cara a las presidenciales 2019 . Nicolás Dujovne propondrá una respuesta a la primera cuestión y Rogelio Frigerio , a la segunda. Pero quien mira los números en detalle es Rodrigo Pena, el secretario de Hacienda. Según los números del "Lousteau boy", las provincias recibirán -tras los acuerdos con el Gobierno por la devolución del 15% de la Anses y el consenso fiscal- fondos por $270.000 millones más en 2019 de lo que recibirán durante este año.

El dato surge de la suma, por un lado, de la devolución gradual del 15% a todas las provincias (pactada a comienzos de la gestión de Mauricio Macri ) y los préstamos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y, por el otro, de las transferencias a cajas provinciales, la compensación por el ex-Fondo del Conurbano ($65.000 millones para Buenos Aires), y el bono de compensación emitido para financiar a los distritos que firmaron el consenso fiscal y dieron de baja los juicios contra el Estado nacional por diferentes deudas.

Claro que en el Gobierno no pretenden que las provincias sacrifiquen los 270.000 millones extras que recibirán el año que viene, pero sí enrostran ese número a los gobernadores para que el ajuste necesario para llegar al déficit de 1,3% del PBI sea compartido.

Estos fondos que las provincias reciben ahora automáticamente y que terminarán de ajustarse en 2020 por el acuerdo con el Gobierno finalizarían en una distribución equilibrada de los ingresos totales (50% para la Nación y 50% para las provincias) en la coparticipación. Pero esto podría cambiar si disminuyen estos envíos como parte de un pacto por el ajuste necesario para el presupuesto 2019. Por otro lado, como para sumar otra carta en la mesa de negociación, el Gobierno anunció que antes de fin de año presentará un nuevo proyecto de ley de coparticipación, que modifica sustancialmente lo que se llama la distribución secundaria (cómo se reparte el 50% del total de los ingresos entre las provincias). Allí se beneficiaría a Buenos Aires, Mendoza, Salta y Chubut, y se perjudicaría a Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La Columna De Martín Rodríguez Yebra

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A junio de este año, según datos del Ministerio del Interior, las transferencias del Estado nacional a las provincias acumulaban un "excedente" con relación al año pasado de $73.340 millones. La mayoría, como porcentaje del PBI, fueron a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Las reuniones entre Dujovne y quienes tendrán que ajustarse el cinturón ya empezaron. Los primeros fueron María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Los gobernadores peronistas reclamaron a Macri que las principales espadas del Pro se hagan cargo de empresas de servicios públicos que hoy regula el Estado nacional. Pese a que las distribuidoras energéticas no reciben subsidios desde el año pasado (sí la mayorista Cammesa), se trata de asumir costos políticos en la política tarifaria oficial, entre otras cosas. Como señal para comenzar la negociación con el peronismo, esta posibilidad está cerca de cerrarse. El otro foco es -por fuera de la coparticipación- qué gastos pueden recortarse. De cara a las elecciones -si debe elegir-, el Gobierno apuntará a los fondos transferidos automáticamente (ejemplo, el fondo de incentivo docente), ya que son sobre los que los gobernadores tienen autonomía, y preferirá reducir menos los discrecionales, sobre los que el Ejecutivo tiene potestad.

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