La acción armada, la vía del presidente para afianzarse en el poder

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18 de julio de 2018  

Al cumplirse tres meses desde que estallaron las protestas en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega se afianzó en el poder gracias a la acción armada de policías y paramilitares, mientras cierra puertas al reclamo de la comunidad internacional para buscar una solución pacífica a la crisis.

Luego de acceder en mayo a dialogar con la opositora Alianza Cívica, nacida al calor de las primeras manifestaciones estudiantiles de abril, el exguerrillero de 72 años dio marcha atrás y presuntamente rechazó incluso la oferta de Estados Unidos para "negociar" su salida del poder y adelantar a marzo de 2019 las elecciones de 2021.

Posiblemente oxigenado por un diálogo nacional que la Iglesia -como instancia mediadora- aún intenta preservar, Ortega halló su fuerza en los grupos parapoliciales, que hicieron su debut aterrorizando a las principales ciudades del país.

Redadas, capturas selectivas y asaltos a viviendas sin orden judicial son el modus operandi de estos nuevos cuerpos armados, tolerados por el ejército, denuncian ONG.

Los encapuchados han atacado a balazos tres grandes marchas pacíficas desde fines de mayo y el fin de semana pasado arrasaron con retenes de protesta, donde dejaron más de 25 muertos, según fuentes del movimiento campesino.

El 7 de julio pasado, al sentenciar que haría "desaparecer" los retenes, Ortega se refirió por primera vez a los opositores como "asesinos" y "terroristas". Endureció así su discurso, descartó toda posibilidad de adelantar los comicios y criticó por primera vez en público a los obispos de la Conferencia Episcopal. A partir de ese día hubo nuevos ataques de paramilitares a estudiantes, mientras en Diriamba activistas del gobierno agredieron a golpes a un grupo de obispos, sacerdotes y al nuncio apostólico en el país, el polaco Waldemar Sommertag.

"Ortega desató una barbarie porque es un hombre sediento de dinero y hambriento de poder", dijo el obispo de Managua, Silvio Báez, que salió de Diriamba con el antebrazo herido. Días después, una iglesia de Managua fue baleada por paramilitares que la sitiaron durante 16 horas. En su interior, más de 150 estudiantes previamente desalojados de la universidad vivieron momentos de terror.

Junto a obispos y sacerdotes, conocidas figuras de la sociedad civil, empresarios, periodistas y dirigentes políticos ligados al sandinismo disidente empezaron a ser señaladas esta semana como "golpistas" y sus rostros circulan en videos anónimos amenazantes.

Simultáneamente, dos leyes contra el terrorismo y el lavado de dinero, que imponen penas de 15 a 20 años de prisión, fueron aprobadas de urgencia anteayer.

"Son leyes de espionaje financiero, para controlar todos los movimientos de capital en el país", dijo el opositor y exvicecanciller liberal José Pallais.

¿Por qué gobernar bajo extrema tensión, con cientos de muertos en sus espaldas y una economía que en 90 días pasó de la fragilidad a la ruina?, se preguntan políticos, diplomáticos y ciudadanos que jamás imaginaron revivir días tan dramáticos como los que en 1979 precedieron la caída del dictador Anastasio Somoza, a quien Ortega ayudó a derrocar.

Un exgeneral del ejército local que pidió el anonimato opinó que Ortega "no está loco, pero sí convencido de que puede gobernar a punta de represión hasta sofocar la protesta".

Los defensores de derechos humanos lanzaron un SOS mundial, al advertir que cada día parece más trágico que el anterior. A pesar del miedo a ser asesinados, miles de opositores salen a la calles con banderas de Nicaragua para reclamar "justicia" y "libertad".

En su "Declaración especial sobre la situación de Nicaragua", la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Uruguay expresaron preocupación "por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales".

Gabriela Selser- DPA

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