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Los coletazos llegarían a Córdoba y preocupan a Schiaretti y De la Sota

Una de las obras que están bajo sospecha se relicitó durante la gestión del actual gobernador
Una de las obras que están bajo sospecha se relicitó durante la gestión del actual gobernador Fuente: Archivo
Gabriela Origlia
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18 de julio de 2018  

CÓRDOBA.- El acuerdo que le permitiría a la Justicia argentina acceder a las evidencias que hay en Brasil sobre las coimas que Odebrecht pagó a funcionarios locales durante la última década podría tener un coletazo en esta provincia. Es que en la causa Lava Jato se menciona a los gasoductos troncales que se licitaron durante la administración de José Manuel de la Sota , aunque finalmente comenzaron a ejecutarse -después de un nuevo concurso- en la gestión de Juan Schiaretti , el actual gobernador.

Hace un mes, el fiscal general, Alejandro Moyano, pidió que la Cancillería firme el acuerdo propuesto por Brasil para acceder a las declaraciones y pruebas del Lava Jato. Para el funcionario, el convenio es "legal", pero como excede las facultades provinciales planteó que debe resolverse a nivel nacional.

El año pasado, el entonces fiscal anticorrupción de Córdoba Hugo Amayusco libró un exhorto al juez brasileño Sergio Moro para que le girara información sobre las sospechas de que se pagaron sobornos a empresas brasileñas que en 2008 pelearon por la obra de los gasoductos. La constructora OAS y Andrade Gutiérrez aparecen en la lista confeccionada por el cambista Alberto Youssef -condenado por lavado de dinero- con supuestos pagos por US$36 millones. El pago se habría hecho dos meses después de que el gobierno de De la Sota licitó la obra y ganó la UTE integrada por Andrade Gutiérrez, Iecsa y Britos.

El proceso quedó trunco porque en 2013 -en el marco del enfrentamiento de la provincia con el kirchnerismo- la Nación no firmó las garantías y se cayó el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Después, Schiaretti relicitó la obra, que está en ejecución; una de las contratistas es Odebrecht .

Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros son los legisladores cordobeses que denunciaron judicialmente la sospecha de coima. En octubre último viajaron a Curitiba y se reunieron con los procuradores Paulo Galvao y Laura Goncalves Tessler, dos de los 13 fiscales del Lava Jato, y les entregaron documentación.

Cuando Amayusco recibió la respuesta de Brasil de que sin acuerdo no podía enviarse la información giró la causa a Moyano. En ese marco, el fiscal plantea que el acuerdo "no solo no resulta objetable a nivel constitucional, sino que, por el contrario, tal limitación tiene acogimiento, erigiéndose como garantía constitucional del derecho de defensa en juicio". Y agrega: "Contar con la prueba requerida permitiría eventualmente avanzar en la investigación, logrando el correspondiente juicio y castigo de funcionarios locales y/o demás partícipes".

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