Fondos de campaña: qué mejora y qué sigue igual con el proyecto de Macri

Fuente: Archivo
Paz Rodríguez Niell
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20 de julio de 2018  • 17:04

La reforma al financiamiento de las campañas que propone el Gobierno agrega controles, pone fin a los aportes en efectivo y toca algunos aspectos polémicos (como las donaciones de empresas, que vuelve a permitir en pequeña escala), pero no aporta soluciones nuevas para saber, por ejemplo, cuánto se gastó en publicidad en internet, uno de los principales destinos de la propaganda política actual.

El esqueleto del sistema vigente no se modifica: el financiamiento sigue siendo mixto (en parte público y en parte privado), con límites de monto y de quién puede aportar y quién no.

No más aportes en efectivo

Ya no podrán hacerse aportes en efectivo. "Dificultan el control de su origen y destino", afirmó el Gobierno. La bancarización fue anunciada como el eje central de la reforma después de las denuncias de cientos de aportantes falsos declarados por Cambiemos en la última campaña de legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Lo notable es que en esa campaña del año pasado Cambiemos fue la agrupación que más aportes en efectivo declaró. Casi todas donaciones de privados las recibió por esa vía, a la inversa de lo que sucedió que su principal competidora, Unidad Ciudadana , que tuvo mayoría de aportes bancarizados.

El rol de las empresas

Durante el kirchnerismo, después del escándalo de los aportes de empresas vinculadas a la mafia de los medicamentos para la campaña de 2007, se prohibieron los aportes de personas jurídicas. Ahora el Gobierno dice que "la prohibición no funcionó" y propone volver a permitirlos con un tope: no pueden representar más del 2% del total de los gastos de campaña.

Las empresas, no obstante, sí pueden aportar para solventar la vida partidaria (es decir, hasta justo antes de que empiece formalmente la campaña). Eso no se modifica. Y sí pueden aportar sus directivos y dueños, como personas físicas.

La publicidad

La última reforma prohibió la compra de espacios en medios de comunicación audiovisual (ahora los espacios son cedidos por el Estado), pero sí se puede anunciar en la vía pública. El proyecto del Gobierno dispone que se cree un registro de empresas que se dediquen a esa publicidad para "hacer más sencillo y eficiente el control sobre el destino de los gastos". En cambio, no prevé un control especial para la publicidad en Internet, adonde migró buena parte de los fondos que se asignaban a la TV y la radio.

Responsabilidad por la rendición del financiamiento

Hoy, las agrupaciones designan a dos "responsables económico financieros" de las campañas. En el pasado, los responsables solían ser autoridades de peso, pero después de las causas penales que se abrieron como consecuencia de los aportes ilegales, en las últimas campañas se designaron a dirigentes poco conocidos o particulares, jubilados en más de un caso, sin actividad política conocida.

Ahora, el Gobierno propone que uno de los dos responsables deba ser contador y el otro, una autoridad partidaria. Cuando se conozca la letra chica del proyecto se sabrá si esa "autoridad partidaria" deberá ser una de las máximas autoridades o no.

Regulación de publicidad oficial y de actos de gobierno

El nuevo proyecto duplica el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del sufragio: de los 15 días actuales pasa a 30. "Se trata de una histórica demanda que apunta a dotar de mayor equidad al proceso electoral", anunció el Gobierno. Otro asunto difícil que no se logra resolver es qué pasa con los candidatos que hacen campaña antes del comienzo del plazo que da la ley. Aunque ya está regulado, la Justicia muy rara vez sanciona la "precampaña".

El régimen de las provincias

El proyecto propone que cuando hay elecciones simultáneas -nacionales y provinciales-, las provincias y la ciudad de Buenos Aires puedan adherir al régimen de financiamiento previsto por la normativa nacional. Esto busca evitar que los gastos de campañas nacionales se declaren como provinciales cuando los controles de las regulaciones locales son más laxos.

Las campañas y el lavado

Para controlar el origen de los fondos se propone regular que organismos tales como la Unidad de Información Financiera (el organismo antilavado), la AFIP, la Anses y la Oficina Anticorrupción compartan información con la justicia electoral. El objetivo es, sobre todo, combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas. También, controlar mejor los aportes.

Más auditores y plazos más cortos de control

El proyecto propone ampliar el Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral, que tiene solo ocho miembros, creando 17 cargos nuevos. También, crear un procedimiento especial para resolver más rápido la aprobación o no de las rendiciones de cuentas partidarias. Las principales agrupaciones que compitieron en las elecciones de 2017 no tienen todavía aprobadas sus cuentas de esa campaña.

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