El espurio financiamiento de las campañas electorales

El escándalo por las irregularidades en los aportes proselitistas a Cambiemos exige su esclarecimiento y la sanción de reformas deliberadamente demoradas
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21 de julio de 2018  

La ciudadanía se ha visto conmovida en las últimas horas por denuncias sobre el financiamiento irregular de la campaña proselitista de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de octubre pasado, que exigen un rápido esclarecimiento.

La relación entre dinero y política ha sido siempre sumamente compleja. No en vano uno de los fundadores de la sociología moderna, Max Weber, señalaba que el capítulo más oscuro de la política es la forma en que los partidos políticos se financian. La reciente renuncia de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno español fue el corolario político de una investigación en la que quedó probada la existencia de una doble contabilidad en las cuentas del Partido Popular (PP), conclusión a la que se arribó después del proceso seguido al extesorero de esa fuerza Luis Bárcenas, quien cumple una larga condena por no poder explicar el origen de millonarias cuentas a su nombre en Suiza.

No menos impactante ha sido el escándalo del Lava Jato, en Brasil, vinculado al financiamiento de las campañas políticas a través de la empresa Petrobras, sumada a la constructora Odebrecht, cuyos largos brazos se extendieron a otros países de la región, motivando la renuncia del presidente peruano Pedro Kuczynski y la prisión del expresidente Lula da Silva.

Pero no debemos ir tan lejos para hallar más ejemplos. Recientemente, en nuestro país se ha abierto una investigación judicial a partir de revelaciones periodísticas respecto de la campaña legislativa de 2017 de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, según las cuales más de 200 beneficiarios de planes sociales figuran como aportantes a esa coalición, al igual que numerosas personas que aparecen como afiliadas al Pro y que denuncian no haberse afiliado nunca a esa agrupación. Del mismo modo, dirigentes de Cambiemos negaron haber aportado fondos pese a que sus nombres figuran en los listados oficiales de aportantes.

Frente a la repercusión que tuvieron las denuncias, la gobernadora María Eugenia Vidal le pidió la renuncia a la contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, apenas una semana después de su asunción, por cuanto había sido la responsable financiera de la campaña. La mandataria provincial también dispuso la realización de una auditoría.

Pero la consecuencia política más resonante fue que el gobierno de Mauricio Macri apuró el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma del sistema de financiamiento de los partidos políticos, con el fin de prohibir los aportes de dinero en efectivo en las campañas electorales. Algo que la dirigencia política debió haber sancionado hace mucho tiempo.

Conviene recordar que la Justicia desaprobó las rendiciones de campaña de las principales fuerzas políticas que se presentaron a los comicios presidenciales de 2015. En todos los casos, se detectaron irregularidades que se hallan en revisión por parte de la Justicia Nacional Electoral.

Combatir la corrupción es imperioso también para transparentar la política. La última reforma en esta materia fue en 2009, cuando la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior estableció el sorteo de espacios de televisión y de radio de manera equitativa entre los partidos participantes en las campañas nacionales.

Dado que nuestra Constitución establece el financiamiento mixto de los partidos políticos, es menester también revisar la participación de las empresas privadas en las campañas y establecer límites razonables para sus aportes. También urge que las provincias dicten normas sobre esta materia para las elecciones locales pues, hasta aquí, la única legislación existente es la federal.

Tanto más preocupa la cuestión cuando el flagelo del narcotráfico ya se encuentra instalado en nuestro país y, como hemos visto, se vincula cada vez más con la política, como lamentablemente ocurre en varias naciones de América Latina. A nivel local, suenan también las alarmas ante sucesos como los de Villa Itatí, en Corrientes, que comprometen a autoridades locales, así como el reciente procesamiento del intendente de Paraná, Sergio Varisco.

Ya hubo una campaña presidencial en 2007 con candidatos sospechados de haber sido financiados por el narcotráfico. Los vínculos de un destituido intendente de General Rodríguez fueron igualmente oscuros. Recordemos que fue en ese partido donde se descubrieron varias cocinas de droga y donde, en 2008, se produjo el triple crimen que costó la vida a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, habiéndose borrado las huellas al día siguiente de haberse cometido los asesinatos. Algunos dirigentes kirchneristas que ahora buscan sacar una tajada política frente a las irregularidades en la campaña de Cambiemos, como Máximo Kirchner, deberían al menor guardar un prudente silencio, ya que nunca podrán ser adalides de la transparencia.

La Cámara Nacional Electoral, autoridad superior en la materia, viene desde hace algunos años intercambiando información y celebrando convenios de colaboración con otros organismos estatales, entre los que se encuentran la Anses, la AFIP, la Procelac y la Oficina Anticorrupción; pero la gravedad del tema bien justifica una reforma legislativa que dote de mayores facultades al órgano de control. El Cuerpo de Peritos Auditores de la Cámara cuenta solo con siete integrantes, algo incomprensible para tan relevante tarea.

El año próximo tendremos elecciones presidenciales y se vislumbran cada vez mayores desafíos para su control, entre los que se advierte la utilización de datos personales en las redes sociales con fines proselitistas.

Desde estas columnas hemos elogiado oportunamente la iniciativa propiciada por la Red de Acción Política (RAP), prestigiosa ONG que ha reunido a importantes expertos en la materia para acordar una serie de medidas que demandan el urgente tratamiento legislativo del tema. Entre ellas se destaca la bancarización de los aportes que reciben los partidos políticos y las campañas electorales. En una tendencia cada vez más generalizada en el mundo globalizado, urge erradicar el uso del dinero en efectivo, más propenso a ser moneda de corrupción -pues no permite su trazabilidad y reemplazarlo por transacciones bancarias. También debe adecuarse la norma a la realidad local, ajustando el sistema de sanciones para que dejen de ser tan generales. El Poder Ejecutivo Nacional acaba de remitir una iniciativa semejante al Congreso.

La pérdida de los aportes de campaña impacta más en los partidos pequeños que en los grandes, que suelen tener formas alternativas de financiación. Se deben precisar mejor las responsabilidades, dado que, en los hechos, el dinero suele ir a los candidatos más que a los partidos. Por otra parte, debe extenderse esa responsabilidad a las alianzas, pues, en la práctica, estamos votando más por "espacios" que por partidos.

Más allá de la bondad de estas propuestas y de otras tantas que se han debatido y consensuado, es necesario que se apliquen y se cumplan, convirtiéndose en ley de acatamiento obligatorio.

No debe desmerecerse ni subestimarse la enorme relevancia que tiene este tema para nuestro país. Un sistema político sano, robusto y transparente es condición sine qua non para el sostenimiento y fortalecimiento de cualquier democracia.

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