Aportes de campaña: avances y pendientes

El Gobierno envió ayer el nuevo proyecto a la Cámara de Diputados
El Gobierno envió ayer el nuevo proyecto a la Cámara de Diputados Fuente: Archivo
Paz Rodríguez Niell
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21 de julio de 2018  

El proyecto de reforma del financiamiento de las campañas que el Gobierno envió ayer al Congreso agrega controles y prohíbe los aportes en efectivo. Incluye un cambio que será muy discutido: vuelve a permitir las donaciones de empresas. No establece, en cambio, una regulación específica para controlar la publicidad en internet, uno de los principales destinos que tiene hoy la propaganda política. Ni incluye a los candidatos entre los responsables de dar explicaciones.

Algunos ejes centrales del proyecto son:

  • No más pagos en efectivo. Los aportantes ya no podrán hacer donaciones en efectivo. El Gobierno afirmó que "dificultan el control de su origen y destino". La bancarización fue anunciada como el eje central de la reforma después de las denuncias de cientos de aportantes falsos de Cambiemos en las últimas elecciones de legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lo notable es que en esa campaña del año pasado, Cambiemos fue la agrupación que más aportes en efectivo declaró. Casi todas las donaciones de privados las recibió en efectivo (no así su principal competidora, Unidad Ciudadana, que declaró casi todo bancarizado).
  • El rol de las empresas. Durante el kirchnerismo, después del escándalo de los aportes de empresas vinculadas a la mafia de los medicamentos de 2007, se prohibieron los aportes de personas jurídicas. El Gobierno dice que "la prohibición no funcionó" y propone permitirlos con un tope: ninguna puede donar más del 2% del total de los gastos de campaña. Sí pueden, no obstante, aportar para solventar la vida partidaria (es decir, hasta justo antes de que empiece la campaña). Y pueden aportar a la campaña dueños y directivos de compañías. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, lo considera un avance en materia de transparencia. "Las empresas financian de todos modos y se buscan nombres para blanquear sus aportes", dijo. Sostuvo que cuando sí declaraban, se pudo saber que las farmacéuticas habían sido las principales aportantes en 2007 y las vinculadas al agro, en 2009.
  • La publicidad. La última reforma prohibió la compra de espacios en medios de comunicación audiovisual, pero no en la vía pública. El proyecto crea un registro de empresas que se dedican a esa publicidad para un control más eficiente. En cambio, no prevé un control especial para internet, espacio al que migró buena parte de los fondos.
  • Los responsables. Hoy, las agrupaciones designan a dos "responsables económico financieros" de las campañas. Antes, los responsables solían ser autoridades de peso, pero después de las causas penales hoy suele designarse a dirigentes poco conocidos. Ahora, el Gobierno propone que uno de los dos responsables sea contador y el otro, una autoridad partidaria. Cuando se conozca la letra chica se sabrá si esa "autoridad partidaria" será una de las máximas autoridades o no.
  • Gobierno y campaña. El proyecto duplica el plazo de prohibición para los actos de gobierno que puedan captar votos (de 15 a 30 días). Pero no se establecen límites específicos al reparto de publicidad oficial en años electorales.

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