El dedo en la llaga de Cambiemos

Francisco Olivera
Francisco Olivera LA NACION
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28 de julio de 2018  

No es austeridad, es temor: los ocho principales candidatos a presidente de Brasil gastarán en las elecciones de este año, todos juntos, apenas un 45% de los fondos que el PT utilizó para una sola campaña, la de Dilma Rousseff, en los comicios de 2014. La cuenta, que incluye a Lula entre los postulantes, está actualizada por inflación y surge de un relevamiento publicado el miércoles por el diario Folha de S. Paulo y firmado por los periodistas Gustavo Uribe y Marina Dias. La primera vuelta está prevista para el 7 de octubre. Lo proyectado por todas las fuerzas en fondos proselitistas no llega a 200 millones de reales (unos 54 millones de dólares). Un verdadero ajuste si se lo contrasta con el festival de hace cuatro años: 717 millones de reales que gastaron solo entre la expresidenta (438 millones) y Aécio Neves (279 millones), los dos principales postulantes, según datos suministrados a ese diario por la Justicia Electoral brasileña.

Es solo uno de los tantos efectos institucionales del Lava Jato. Esa investigación por sobornos y lavado, que empezó en 2014 y que ya acumula más de 90 condenas, provocó no solo prudencia entre empresarios aportantes y políticos, sino modificaciones normativas que pretenden adaptarse a las nuevas inquietudes y demandas sociales. Entre ellas, una ley nacional que les pone un límite de 70 millones de reales a cada candidato para la primera vuelta y 35 millones para la segunda. "Con eso no se compra ni un helado para un chico", protestó el año pasado Torcuato Jardim, ministro de Justicia. Ya dos años antes, en 2015, el Supremo Tribunal Federal había declarado inconstitucional el financiamiento de empresas a campañas políticas. Tal vez no hacía falta, porque el Lava Jato es ya una prohibición de hecho para la generosidad empresarial. Incluso significó un alivio para muchas corporaciones que, en cada elección, se sentían obligadas a aportarles equitativamente a los candidatos para que ninguno con posibilidades de ganar se ofendiera. ¿Qué compañía querría ahora seguir los pasos de JBS, el frigorífico de los hermanos Batista, sostén recurrente de las últimas campañas y multado después del Lava Jato en 3500 millones de dólares, la mayor penalidad de la historia en el mundo para casos de corrupción, sanción que lo llevó a desprenderse de muchos activos y a una muy complicada situación financiera?

Son actos reflejo típicos de una crisis de credibilidad. Que no solo tocó a Brasil. Chile, por ejemplo, aprobó el año pasado una ley de financiamiento de campañas después de un escándalo por aportes de campaña que involucra a Sociedad Química y Minera (SQM), que es el productor de litio más grande del mundo y perteneciente a Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet. Como el frigorífico de los hermanos Batista, SQM acostumbraba financiar a varios candidatos al mismo tiempo.

Este lento cambio de paradigma sorprende a la Argentina, envuelta en suspicacias similares. Aquí la investigación se inició a partir de un trabajo del periodista Juan Amorín sobre la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y ensombrece también al resto de los partidos, la mayoría de los cuales han recurrido casi siempre a la misma modalidad recaudatoria: listas de aportantes ficticios para justificar el financiamiento real de campañas y fiscalizaciones, que es en negro. "Solo el 10% de una campaña es blanco, pero en realidad hay tipos que ponen mucho y otros que no", dijo a LA NACION el presidente de una cámara empresarial de trato recurrente con políticos.

De todos modos, las diferencias con Brasil son todavía abrumadoras. La Argentina sigue habituada no solo a costos bastante más altos -quienes trabajan en el tema afirman que una campaña presidencial no cuesta acá menos de 100 millones de dólares por candidato-, sino a prácticas que exceden los períodos electorales y que a veces se ejercen casi a la luz del día. Algunas de ellas han llegado incluso a provocar discusiones por la herencia entre mandatos: no es descabellado que un intendente bonaerense tenga que pagar un contrato de recolección de residuos que, cuando se firmó, incluía oculto un sobreprecio como aporte de campaña para su antecesor. La política territorial confunde a veces flujo con stock.

Es cierto que la basura ha sido históricamente una metáfora de sostén municipal, con proveedores que, en algunos casos, han llegado a aportar entre 3 y 5% de su facturación mensual en períodos ordinarios, lejos de las elecciones. Pero las revelaciones de estos días apuntan no solo más arriba, sino al corazón de las promesas de Cambiemos, que incluían transparentar la política. María Eugenia Vidal está golpeada porque ha sido parte troncal de esa simbología frente a fuerzas más desprestigiadas por la opinión pública en la materia. El 18 de julio, día en que desplazó a María Fernanda Inza, la contadora general de la provincia, colaboradores de la gobernadora admitían estar frente al día más negro de esa gestión.

¿Cómo resolverlo sin pagar costos políticos? El dilema incluye aceptar equivocaciones propias y desterrar usos y costumbres en un ámbito en el que, como recomendaba Nietzsche, muchos limpios han aprendido a lavarse con agua sucia. "Hay que dilucidar a través de la auditoría y de la Justicia qué fue lo que pasó o si hubo un error", dijo el martes a la CNN la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. "Siempre fue un dibujo: el problema es que estos mean agua bendita", graficó un peronista con varias campañas en el conurbano. Desde el PJ no logran entender cómo un hábito tan enquistado puede haber excluido el silencio o la complicidad de dirigentes propios de Cambiemos. "No aporté ningún centavo a nadie", dijo al diario La Capital Carlos Arroyo, intendente de Mar del Plata, apenas enterado de que integraba una lista. Arroyo no es opositor, pero no terminó nunca de digerir que, además de cuestionarle el déficit municipal, desde La Plata enviaran a recorrer el distrito posibles candidatos a sucederlo, como Guillermo Montenegro o Franco Bagnato.

En la provincia confían en que pasará el mal momento, al que no le atribuyen por ahora daños electorales porque es mucho el tiempo que falta para octubre de 2019. En esta aparente tranquilidad subyacen dos convencimientos. El más elemental no es explícito: la escasa posibilidad de que jueces argentinos avancen sobre el sistema político entero. Sería una implosión a la manera del Lava Jato. La segunda convicción sí se admite: el impacto de esta investigación dependió en gran medida de la ausencia de bonanza económica, histórico velo de toda causa de corrupción local. Es la otra diferencia con Brasil, que recorrió el exacto camino inverso: la búsqueda de justicia lo llevó a la recesión. La historia dirá qué es mejor para un buen despegue: si una tormenta fuerte o la niebla persistente.

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