La relación de Macri con la Justicia, en una instancia clave

Claudio Jacquelin
Claudio Jacquelin LA NACION
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30 de julio de 2018  

El gobierno de Mauricio Macri inicia una semana crucial para terminar de difuminar las huellas kirchneristas que signaron una década de la Justicia y empezar, así, a dejar su sello.

La prueba empezará con la presencia mañana en el Senado de Inés Weinberg de Roca, destinada a defender la postulación hecha por el Poder Ejecutivo para conducir la Procuraduría General de la Nación que Alejandra Gils Carbó convirtió en tiempos K en un ámbito de polémicas y escándalos, de amores y odios, muy alejado del aristotélico justo medio. Ya se sabe que la audiencia de presentación de la actual titular del Superior Tribunal de Justicia porteño no será un paseo por la Cámara alta. Los distintos peronismos ya lo han adelantado, aunque los énfasis que pondrán los kirchneristas y los no kirchneristas serán muy diferentes.

Ese es solo el comienzo de una agenda que tiene varios hitos marcados, desde ahora hasta fin de año. En el último mes de 2018, precisamente, se renovará la presidencia de la Corte, donde aspira (y algo más) a seguir el actual titular, Ricardo Lorenzetti, pero todavía no hay nada asegurado. El Gobierno sigue de cerca y sin inocencia los movimientos subterráneos y no tanto que ya se registran con miras a la elección de la cabeza de ese poder del Estado, que suele tener la última palabra en muchos asuntos públicos y privados.

Antes de diciembre, el Presidente deberá optar por una o uno de los ternados del concurso para cubrir la vacante en la Cámara Nacional Electoral. El radicalismo, el peronismo y el propio tribunal tienen interés directo en esta resolución y presionan por sus respectivos favoritos. Los herederos de Alem apuntalan a Alejandra Lázzaro, que obtuvo el mayor puntaje en el respectivo concurso. Los seguidores de Perón y los dos miembros del tribunal tienen preferencia indisimulada por Hernán Gonçalves Figueiredo.

Para el Gobierno, se trata de un tema muy sensible. El impacto que puede tener la decisión en la relación con sus socios radicales es motivo de discusión en la Casa Rosada y en la coalición. La necesidad urgente de acuerdos en temas políticos y económicos con el peronismo no kirchnerista también se tiene en cuenta por estas horas cada vez que la cobertura de la vacante aparece sobe la mesa. Finalmente, hay que considerar que en la Cámara Electoral probablemente termine uno de los asuntos que en este momento golpean fuertemente al oficialismo: los aportes irregulares a la campaña electoral de Cambiemos del año pasado.

En el medio, el Consejo de la Magistratura deberá decidir la suerte del cuestionadísimo juez federal Ariel Lijo, de estrecha relación con Lorenzetti y también con vínculos con el histórico Rasputín radical, Enrique "Coti" Nosiglia, a quien no le es indiferente lo que pase con él. Tampoco les resulta irrelevante a ambos quiénes cubrirán las vacantes que aún quedan en la estratégica Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal, donde se dirime la suerte de las causas por corrupción y de otras relevantes para el poder político. Lijo, Nosiglia y Lorenzetti no deberían preocuparse, a juzgar por lo que se baraja en las mesas del oficialismo.

En el caso del juez federal, los representantes del oficialismo en la Magistratura dicen no tener suficientes elementos para llegar a su desplazamiento o para forzar su renuncia. El magistrado, por su parte, ha dado señales de moderación y ha emprolijado sus asuntos. Todos contentos en el alto mundo del poder, aunque quizá no sea lo que esperan los transeúntes del llano que miran con desconfianza al fuero federal.

En lo inmediato, la presentación de Weinberg volverá a poner en el centro de la escena a una de las instituciones que más polémicas han desatado en los últimos años por la politización que rodeó muchas de sus acciones.

Aunque en la Cámara alta toda la atención está puesta en lo que pasará dentro de diez días con la legalización del aborto y en lo que decidan las comisiones en las próximas horas, la audiencia no pasará inadvertida. El cristinismo, que aún llora la salida de una de las fundadoras del colectivo kirchnerista Justicia Legítima y sueña con volver al poder para cobrarse malamente todas las derrotas, espera a la jurista impulsada por Macri con la intención de complicarle la visita y tratar de demostrar que el macrismo no es mejor de lo que fueron ellos en esta materia. Los pruritos y el rigor histórico no suelen estar invitados a esos discursos.

El Peronismo Federal, que conduce Miguel Pichetto y que en temas judiciales colidera con Rodolfo Urtubey, le exigirá que demuestre sus cualidades para el cargo, tanto operativas como técnicas.

En tanto, desde fuera del Senado ha sumado presión el resentimiento de algunos precandidatos o autopostulados fallidos, miembros de "la gran familia judicial", que se han movido intensamente en las últimas semanas para tratar de frustrar la designación de Weinberg. No han resignado sus aspiraciones y se han reunido con varios senadores influyentes para tratar de seguir en carrera. El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, ha debido hacer equilibrio y destinar buenos esfuerzos para consolidar la paz interior de su organización.

Weinberg, así como su mentor, el asesor presidencial sin cartera Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, estuvieron preparando concienzudamente la presentación, a la espera de un examen en el que sobren cuestionamientos y no abunde el fair play.

La candidata para suceder a Gils Carbó buscará demostrar que pese a su especialización de base y a sus primeros pasos en la Justicia Civil no le faltan preparación ni experiencia en derecho penal, tema central de su competencia si asume como jefa de los fiscales. En ese terreno, de todas maneras, no estaba mejor preparada y no tenía siquiera experiencia su antecesora. Weinberg, en cambio, cuenta en su currículum con haber sido jueza del tribunal penal internacional que juzgó el genocidio de Ruanda y haber integrado la sala de apelación del tribunal penal para la ex-Yugoslavia.

Otro de los puntos en los que pondrán la mira varios senadores opositores (y no tanto) es la capacidad operativa de Weinberg para conducir una estructura de miles de integrantes con posiciones ideológicas y jurídicas muy disímiles. Sus allegados dejan trascender que frente a eso argumentará que tiene experiencia en la generación de consenso y pondrá como ejemplo su actuación en Ruanda, en un tribunal integrado por representantes de once países y culturas muy diferentes. Habrá que ver si es suficiente para convencer a los examinadores y lograr que se cumplan las expectativas del Gobierno: lograr la aprobación de la Cámara alta en septiembre próximo.

Ese mojón estaría casi justo a mitad de camino de la otra definición crucial para este año, la de la Corte. El Gobierno, a esta altura, parecería estar dispuesto a aceptar la continuidad de Lorenzetti, a sabiendas de que nunca transitará con él sobre una ruta despejada y sin peajes (en sentido figurado, claro), pero con la tranquilidad mínima que otorga el conocimiento mutuo que le dio la convivencia de estos años. Parecería resultarle menos inquietante que los rumores sobre algunos movimientos sigilosos del magistrado cordobés Juan Carlos Maqueda o la ambición no disimulada del otro peronista del alto tribunal, Horacio Rosatti. Todo está en pleno desarrollo y continuará.

Ahora, cuando ya queda por transitar menos de un tercio de este mandato de Macri, la forma en que se resuelvan estos asuntos podría ser decisiva a la hora del balance para saber si, al final, habrá quedado una Justicia mejor o peor que la que recibió. Y, sobre todo, si se tratará de una Justicia M o de una verdadera Justicia independiente.

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