La familia Maldonado insiste en que quedan muchas preguntas sin responder

Sergio Maldonado, junto a su esposa, Andrea, y la abogada de la familia, Verónica Heredia
Sergio Maldonado, junto a su esposa, Andrea, y la abogada de la familia, Verónica Heredia Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo
Hugo Alconada Mon
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30 de julio de 2018  • 11:42

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 mientras la Gendarmería desarrollaba un operativo en el Pu Lof de Resistencia en Cushamen, en las cercanías de la localidad chubutense de Esquel. Su cuerpo recién apareció, en el río que atraviesa ese predio ocupado por la comunidad mapuche, el 17 de octubre. Antes y después de su hallazgo, corrieron versiones cruzadas, se lanzaron operaciones de prensa y de inteligencia y se registraron intentos de manipulación política y mediática.

En ese contexto, la familia Maldonado reafirma su distancia de cualquier militancia política -aunque de uno y otro lado quieran vincularla al kirchnerismo-, plantea que lo mismo reclamaría si otro fuera el gobierno, denuncia ilegalidades en la pesquisa -como las escuchas que ordenó el primer juez de la causa, Guido Otranto, y declaró nulas el segundo, Gustavo Lleral-, ve más preguntas que certezas en la autopsia, espera una señal de la Corte Suprema o marca su distancia con respecto a los dos testimonios de Lucas Pilquiman, más conocido como el testigo "E". Es decir, el mapuche que dijo a dos abogados que a Maldonado "lo subieron a una Unimog", pero declaró bajo juramento ante la Justicia que Santiago desistió de cruzar el río y que lo vio por última vez "agachado, escondido entre los sauces".

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Más aún, la familia Maldonado reclama que la Justicia inicie y garantice una investigación profunda e independiente para determinar qué pasó con Santiago, afirma que las pesquisas desarrolladas hasta ahora son parciales e incompletas, e intenta separar las verdades de los mitos que rodea al caso desde el inicio, según remarca su abogada, Verónica Heredia en diálogo con LA NACION.

-¿La investigación sobre la muerte de Santiago ya se cerró?

-No, en realidad no puede hablarse de una "investigación". Hasta ahora no se ha podido responder cómo, cuándo ni dónde murió Santiago. Hemos sostenido que debe iniciarse una investigación imparcial, exhaustiva y eficaz y para eso acudimos a la Corte Suprema para que la orden con intervención de personas expertas e independientes.

-¿Por qué reclama la familia Maldonado si Santiago se ahogó?

-La afirmación de que Santiago se ahogó, como si ello hubiese ocurrido por accidente o por decisión propia, oculta la realidad: Santiago era perseguido por la fuerza estatal compuesta por más de 100 gendarmes preparados convenientemente, y lo persiguieron hasta el río disparando balas antidisturbios, como mínimo. Asimismo, el 24 de noviembre, los peritos de la Corte nos informaron que luego de la autopsia no pudieron concluir ni afirmar que Santiago falleció el 1 de agosto, ni que permaneció siembre en el mismo lugar donde se halló su cuerpo. Además, hemos formulado numerosas preguntas sobre las afirmaciones que contiene el informe de la autopsia que el juez de la causa no quiere despejar. Por ejemplo, por qué tomaron como valor de temperatura del agua una muy inferior al promedio de las obtenidas por los registros meteorológicos. Por todo esto reclama la familia Maldonado.

-¿Por qué reclaman los Maldonado si Santiago apareció en el predio?

-Porque el 1° de agosto -última vez que la familia tiene registro de Santiago con vida-, el Estado ingresó a ese predio -en el que estaba Santiago- con más de 100 gendarmes y permaneció allí por más de 6 horas. Luego el Estado ingresó el 5 de agosto con efectivos de Prefectura buscando a Santiago, sin encontrarlo. El 18 de septiembre ingresó con más de 400 miembros dependientes del Ministerio de Seguridad, drones, helicópteros, caballos, buzos, efectivos de las policías federal y aeroportuaria, el juez, la fiscal subrogante, el [secretario del Ministerio de Seguridad) Gonzalo Cané y abogados de ese mismo Ministerio; mantuvieron atados de manos y tirados en el piso a los miembros de la comunidad durante las 12 horas que estuvieron en el predio; sin embargo, ese día no encontraron el cuerpo de Santiago. Y nadie dio una explicación de las razones por las que el Estado no encontró el cuerpo de Santiago si es que estaba allí desde el 1° de agosto.

-¿Por qué insisten con que el Estado es o puede ser responsable por su muerte?

-Porque sin el Estado nada de todo eso hubiera ocurrido. El Estado es el actor principal en este caso: el Estado controla el lugar donde desapareció con vida Santiago y apareció sin vida; el Estado ingresó a ese lugar todas las veces que quiso; el Estado ingresó con las fuerzas de seguridad: Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Aeroportuaria; el Estado persiguió a Santiago con vida; el Estado debía buscarlo; el Estado no lo encontró; y el Estado recién lo encontró el 17 de octubre en el mismo lugar donde lo buscó desde el 5 de agosto.

-¿Lo procesaron el mapuche que dijo que supuestamente había visto todo con unos binoculares?

-En el expediente de habeas corpus declaró un miembro de la comunidad y dijo que observó una parte de lo sucedido con binoculares. El juez Otranto le aclaró expresamente que nada de lo que dijera en su declaración podría ser usado en su contra. Y en el expediente por la desaparición forzada no ha sido procesada ninguna persona. La familia no es parte de ningún otro expediente.

-¿Existe el testigo "E"? ¿Qué dijo?

-La denominación de testigo "E" surge de una enumeración de varios testimonios -es decir que hay testigos previos identificados como "A", "B", "C" y "D"- producto de una investigación ajena a la familia. Sin embargo, propusimos en la causa judicial que citen a declarar a varias personas con nombre y apellido; entre ellos, al supuesto testigo "E". El juez accedió pero cuando lo citó a declarar impidió que la familia estuviera presente. Por eso jamás pudimos interrogarlo.

-¿El hermano de Santiago, Sergio Maldonado, obstruyó la investigación judicial? ¿Prueban eso las escuchas telefónicas?

-Desde el primer día, Sergio se puso a disposición de la Justicia. Jamás hizo algo para obstruir la investigación. Tanto él como su compañera Andrea, al igual que su hermano Germán y sus padres solo buscan la verdad y justicia. En cuanto a las escuchas, el juez Lleral declaró nulas las referidas a Sergio y las mandó a destruir; entre otras razones porque las leyes prohíben intervenir los teléfonos de quienes no están imputados. Esas escuchas solo demuestran que el Estado cometió una ilegalidad.

-¿La familia Maldonado hace todo esto porque quiere una indemnización del Estado?

-Como abogada de la familia no he recibido jamás ninguna instrucción en tal sentido.

-¿El Estado subvenciona, subsidia, paga o aporta dinero de algún modo a los Maldonado?

-Esto ya ha sido explicado por los familiares de Santiago. Es preocupante la confusión que hay al respecto y señala el gran desconocimiento que se tiene sobre los derechos humanos básicos: el Estado debe garantizar el acceso a la Justicia a todas las personas. Es un derecho humano garantizado en todos los tratados internacionales y en todas las constituciones del mundo. En este caso el Estado se limitó a cumplir con esta obligación. En el sistema de protección de los derechos humanos está prevista la asistencia, y no solo económica, a las víctimas o presuntas víctimas de abusos del poder. Los organismos internacionales siempre han encarecido que los Estados asistan a las víctimas que deben enfrentarse a sistemas de poder que las rebasa absolutamente en sus posibilidades. Existen, además, normas nacionales, como la ley 27.372, que establece el Programa de Asistencia a las Víctimas.

-¿Existe alguna escucha que exponga que Santiago arrojó bombas molotov a gendarmes?

-La familia no accedió a ninguna escucha por lo que desconoce totalmente su contenido. Repito: las escuchas solo demuestran la ilegalidad con la que el Estado se ha manejado en este caso, al intervenir los teléfonos de personas que no estaban ni están imputadas, violando las reglas mínimas del debido proceso.

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