Traiciones, peleas y vínculos entre los empresarios presos del Club de la Obra Pública

Baratta es el denominador común de una red de contactos entre empresarios y funcionarios presos
Baratta es el denominador común de una red de contactos entre empresarios y funcionarios presos Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk
Pablo Fernández Blanco
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2 de agosto de 2018  • 17:09

A mediados de 2013, Rubén Valenti frecuentaba los despachos del Ministerio de Planificación con mayor ansiedad que otras veces. Esperaba un resultado adverso que, pese a su resistencia mediante el lobby y las peleas con funcionarios públicos, sellaría el destino de IMPSA (la empresa de la familia Pescarmona, de la que él era vicepresidente), según él creía.

Valenti paraba en el hotel Sofitel Arroyo, uno de los más lujosos de la Capital, y lo convertía en una especie de segunda vivienda cada vez que venía de Mendoza. El check-out le costaba mucho menos que el dinero que prometía la construcción de las centrales Condor Cliff y La Barrancosa (hoy Kirchner y Cepernic), en Santa Cruz, por encima de los U$S3000 millones. Pero el negocio nunca llegó para Impsa porque se lo quedó Electroingeniería, la empresa cordobesa de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, lobbysta del grupo, todavía a cargo del proyecto. Los enemigos de antes tienen hoy un presente común: Valenti y Ferreyra están detenidos por orden del juez Claudio Bonadío en el marco de la causa denominada "los cuadernos de las coimas k" porque se sospecha que sobornaron a los funcionarios cercanos a Julio De Vido.

Si se contrasta con la narración del chofer Oscar Centeno, el párrafo anterior arroja una verdad desoladora para quienes pagaron coimas: el gran gasto de dinero que habrían hecho en comprar la voluntad del poder no les aseguraba, sin embargo, quedarse con el negocio millonario al final del día. Más aún: los designios de Planificación podían quitarle un trabajo a un grupo al que ya se lo habían dado.

Es el caso de IMPSA. En agosto de 2010, había ganado la licitación, pero luego la administración kirchnerista dio marcha atrás con la adjudicación, la relicitó y se la asignó a la empresa cordobesa.

En el Club de la Obra Pública kirchnerista muchos estaban acostumbrados a pisarse los pies, verse con frecuencia y entrevistarse con los mismos funcionarios que hoy están presos. Hay registros oficiales de que Valenti, por ejemplo, estuvo en reuniones con Roberto Baratta -señalado como el transportador del dinero- en febrero de 2008, en mayo de 2011, en enero de 2012 y en noviembre de 2013. En algunas de ellas participó De Vido.

Algo similar ocurre con Ferreyra, que se juntó con Baratta u otros funcionarios en varias ocasiones (junio de 2012, septiembre de 2008, agosto y enero del mismo año; mayo, abril y septiembre de 2007 y octubre de 2006, entre otras). Algunas veces participó Néstor Kirchner, el secretario de Obras Públicas, José López, y Claudio Uberti, señalado como el jefe de la embajada paralela en Venezuela.

El ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, también era un habitual visitante de Baratta, el matrimonio presidencial y del propio Uberti. Suma más de 30 encuentros con esos funcionarios entre 2005 y abril de 2015. Hoy se entregó.

Baratta también tenía trato con el dueño de la empresa de energía Albanesi, Armando Losón, otro de los empresarios detenidos, con quien mantuvo al menos dos encuentros documentados antes de que Cristina Kirchner dejara el gobierno.

En las reuniones que tienen a Baratta como denominador común se repiten los nombres de empresarios y funcionarios que ahora están bajo la lupa de la Justicia. En junio de 2012, por caso, Juan Carlos De Goycoechea se entrevistó con el número dos de De Vido en un encuentro del que también participó Rafael Llorens, asesor legal del ministerio. Bonadio pidió la detención del primero, mientras que el último ya está en prisión.

El esquema montado por Baratta, López y De Vido tenía entre sus fortalezas el hecho de mantener a raya a los empresarios. Un día antes de la adjudicación a Electroingeniería, el consorcio liderado por Helport, la constructora de Eduardo Eurnekian, estuvo a punto de impugnar la decisión oficial. Una llamada telefónica entre uno de sus socios y un funcionario bajo el ala de De Vido terminó en muy malos términos, pero los competidores de la firma cordobesa no pusieron mayores trabas. Es probable que ese poder se haya diluido tras el cambio en la Casa Rosada. Se trata de la gran apuesta de la investigación judicial.

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