Aumentan a 317 los muertos por la represión de Ortega

En un nuevo informe, la CIDH denunció la persecución; la OEA creó una comisión especial
En un nuevo informe, la CIDH denunció la persecución; la OEA creó una comisión especial
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3 de agosto de 2018  

MANAGUA.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA elevó ayer a 317 la cifra de muertos en Nicaragua en tres meses y medio, y condenó la "intensificación de la represión" del gobierno de Daniel Ortega contra manifestantes civiles y opositores.

En un informe actualizado y publicado ayer, la CIDH indicó que de los 317 muertos del 18 de abril al 30 de julio, 21 son policías y 23 son chicos, según datos recabados en el país centroamericano por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

La CIDH "verifica la persecución y criminalización por parte del Estado en contra de manifestantes, opositores y personas que participaron en diversas formas de protesta [y] llama al Estado a dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", señaló el documento.

"La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes", expresó la relatora de país, Antonia Urrejola.

En su último reporte, del 19 de julio, la CIDH había contabilizado 277 víctimas de la crisis, la peor que ha sacudido a Nicaragua en las últimas cuatro décadas.

El nuevo informe señaló que el Meseni "constató y documentó en terreno la intensificación de la represión y los operativos desplegados por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales" en distintas zonas de Nicaragua.

Además, dice tener "información alarmante sobre la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización contra las personas opositoras al régimen del gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos".

Fuente: AFP - Crédito: Marvin Recinos

"Las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias efectuadas con violencia por grupos encapuchados y armados" y "sin órdenes judiciales", señaló el informe que cuestionó la detención de los dirigentes sociales Medardo Mairena, Pedro Mena, Irlanda Jerez, Christian Fajardo y María Adilia, entre otros.

El informe de la CIDH coincide con una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ayer votó en Washington la creación de una comisión especial para monitorear la crisis en Nicaragua.

La sesión fue solicitada por la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú, los mismos países que impulsaron una resolución aprobada el 18 del mes pasado pidiendo a Ortega adelantar las elecciones presidenciales de 2021.

Según la resolución, el mandato de la comisión "será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua".

El gobierno de Nicaragua rechazó "enérgicamente" la resolución y advirtió que no reconocerá a la comisión especial por considerar que es fruto de un acto de injerencia en los asuntos internos" del Estado y de "violación de la soberanía nacional".

ONG de derechos humanos de Nicaragua contabilizan entre 300 y 448 muertos durante la crisis. Ortega reconoce 195 muertes.

Protestas

En tanto, centenares de manifestantes, en su mayoría estudiantes, protestaron ayer frente a la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua en defensa del presupuesto para la educación superior, cuya entrega fue suspendida por Ortega en medio de la crisis política que vive el país.

La protesta se hizo frente a la sede de la UCA, una institución jesuita que anunció esta semana el cierre temporal de actividades por la falta de financiación.

Los estudiantes exigieron al gobierno cumplir con la norma constitucional que otorga 6% del presupuesto público a las universidades estatales. La UCA también recibe fondos públicos para financiar becas. "Estamos defendiendo el derecho al 6% que el gobierno nos está negando", explicó Mariana, una estudiante de comunicación de la UCA. La joven consideró que la retención del presupuesto universitario es una represalia del presidente Ortega contra los estudiantes, que iniciaron las protestas antigubernamentales que estremecen el país.

Agencias AFP y DPA

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