Los "verdes" aceptan modificaciones para salvar el proyecto

Prometen respetar los cambios que introduzca el Senado y no insistir en la sanción original
Prometen respetar los cambios que introduzca el Senado y no insistir en la sanción original Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno
Laura Serra
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5 de agosto de 2018  

Los diputados que impulsan la legalización del aborto ya anticiparon su compromiso: si el proyecto llegase a superar el rechazo del Senado en la sesión de este miércoles y retornara para su revisión final a la Cámara baja , ellos respetarán los cambios introducidos por los senadores y no insistirán en la media sanción original, aprobada el 14 de junio pasado.

Así lo confirmaron a LA NACION diputados y senadores de Cambiemos que trabajaron al unísono en los últimos días en las modificaciones que se le introdujeron al texto aprobado por la Cámara de Diputados.

"Estuvimos codo a codo con los senadores que apoyan la interrupción voluntaria del embarazo realizando aportes y despejando dudas que ellos tenían. Y nos comprometimos a respetar los cambios que le introduzcan al texto si el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados", indicó a LA NACION la diputada de Cambiemos Brenda Austin, una de las más activas impulsoras de la ley.

En el mismo sentido se expresó la senadora Laura Rodríguez Machado (Pro-Cambiemos) cuando el miércoles pasado presentó el proyecto de dictamen con modificaciones a la media sanción. El texto alcanzó 26 firmas y solo faltó una para convertirse en el dictamen de mayoría.

Quienes son contrarios a la legalización del aborto tampoco obtuvieron mayoría y recogieron 23 firmas; ergo, en la sesión del próximo miércoles, se pondrá a consideración la media sanción proveniente de la Cámara baja y sus impulsores propondrán en el mismo recinto las modificaciones. Después se votará a suerte y verdad.

El proyecto que propone la legalización del aborto introduce cuatro importantes modificaciones a la versión de Diputados. En primer lugar, baja el límite de 14 a 12 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo. Por otro lado, contempla el derecho a la objeción de conciencia institucional, lo que permitiría a clínicas y sanatorios que pertenezcan a un determinado culto religioso rechazar la realización de esa práctica en sus instalaciones.

También elimina las penas para médicos que se rehúsen a practicar un aborto y, por último, habilita la producción pública de misoprostol, el medicamento utilizado para interrumpir embarazos.

El conteo previo de votos no favorece a la "ola verde", que impulsa la ley: a priori se impone la postura del rechazo con 36 votos, lo que garantizaría la mayoría para sepultar el proyecto. La definición, esta semana, de los senadores María Belén Tapia (UCR-Santa Cruz), el chaqueño Ángel Rozas (UCR), la catamarqueña Inés Blas (justicialista) y el salteño Juan Carlos Romero (justicialista) inclinaron la balanza en contra del proyecto.

Los legisladores que impulsan la iniciativa procuran no perder la esperanza. "En la Cámara de Diputados se imponía el rechazo a la ley hasta dos horas antes de la votación. En la recta final del debate se dio vuelta la taba con el voto positivo de dos diputados por La Pampa, Melina Delú y Ariel Rauschenberger, del bloque justicialista. Todo puede suceder", se ilusionan.

La discusión del Código Penal

Anticipan, además, que si el proyecto resulta rechazado en el Senado, el debate sobre la despenalización del aborto se resucitará cuando aterrice en el Congreso el proyecto de modificación del Código Penal.

El objetivo de mínima de quienes impulsan la legalización de la práctica es replicar en el nuevo Código los parámetros ya establecidos por la Corte Suprema en el caso FAL, en el que interpretó el Código Penal diciendo que "no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a un trámite judicial". El fallo exhortó, además, a implementar protocolos hospitalarios para atender esos casos.

Con esa sentencia, la Corte Suprema puso fin a las interpretaciones del Código por parte de algunos jueces que sostienen que la eximición de pena es solo para los casos en que la víctima de violación tiene alguna discapacidad mental. Sin embargo, no todas las provincias adhirieron al protocolo propuesto por la Corte Suprema, por lo que, en los hechos, el aborto es punible en todos los casos.

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